El extraditable limonense Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca, fue trasladado desde el módulo de Máxima Seguridad de La Reforma hasta los Tribunales de Justicia de Goicoechea, la tarde de este miércoles, para afrontar una audiencia de apelación relacionada con su proceso de extradición a Estados Unidos por presunto narcotráfico.
Durante el señalamiento, el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República impugnaron la decisión del juez penal de Limón, Jorge Arturo Sequeira Rodríguez, quien en marzo de este año rechazó la petición del Tribunal para el Distrito Sur de Nueva York, de extraditar a Macho Coca, bajo el principal argumento de que no es posible entregar a un costarricense por delitos cometidos antes de la reforma constitucional que permitió la extradición de nacionales, vigente desde el 28 de mayo del 2025.
La defensa del costarricense insiste en que Bell no puede ser llevado al país norteamericano.
Las autoridades estadounidenses señalan al empresario, de 62 años, por presuntamente formar parte de una estructura delictiva que operó entre marzo del 2022 y agosto del 2023 en el acopio y distribución de grandes cantidades de cocaína desde Costa Rica hacia Estados Unidos.
Este miércoles, ante los jueces Cinthya Elena Ramírez, Edwin Jiménez y Laura Murillo, todas las partes presentaron sus argumentos sobre dicha resolución que negó el envío del costarricense y que fue apelada por el Ministerio Público días después de conocerse el fallo.
En la sala de juicio se apersonaron Elías Carranza, representante de la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales (Oatri) de la Fiscalía; el jefe de la Abogacía del Estado, Iván Vincenti; la procuradora Kasandra Mora; y los defensores del empresario limonense, Manrique González y Manuel Campos García.
También tomó el micrófono, por escasos segundos, el propio extraditable, para decirle al Tribunal que su caso no tenía asidero, pues la ley no es retroactiva y no se le puede juzgar por hechos que habrían ocurrido antes de la reforma constitucional.
“La sentencia es ilegal”
Vincenti fue el primero en dirigirse al Tribunal y, entre sus argumentos, manifestó que el juez Sequeira Rodríguez fundamentó el rechazo a la solicitud de extradición en un solo párrafo, pero además afirmó que el propio juez cita en su resolución que el caso cumple con todos los requisitos necesarios para concretar un envío al país norteamericano.
El procurador agregó que el juzgador contradice pronunciamientos en los que la Sala Constitucional ya se ha referido sobre la posibilidad de extraditar a un nacional, aun cuando los hechos que se imputan ocurrieron antes de la reforma constitucional.
Pese a que Sequeira lo tiene claro, dice el abogado del Estado, de una manera “completamente contraria”, desconoce las competencias de la Sala. Este tipo de valoración escapa de cualquier tribunal y, a su juicio, lo que correspondía era llevar a cabo una consulta facultativa de constitucionalidad, pero esta no se realizó.
A su lista de argumentos, Vincenti incluyó que Costa Rica suscribió con Estados Unidos un tratado de extradición, cuyo artículo ocho refiere que es posible concretar este trámite cuando la Constitución del Estado requerido no lo impida. Para él, la Carta Magna costarricense, tras su reforma, no impide que se ejecute el envío.
“Ante la evidencia de que se quebranta el contenido de la Sala Constitucional, esta sentencia es ilegal”, concluyó Vincenti.
Posteriormente, la procuradora Kasandra Mora respaldó dichos argumentos y afirmó que en la propia sentencia se manifiesta el cumplimiento de todos los requisitos. Esto, en su criterio, haría innecesaria una nueva revisión, ya que se cumple a cabalidad con todo lo requerido para ejecutar la extradición.
La misma postura asumió Elías Carranza, representante de la Oatri. “Este tema de que si la reforma es o no procesal ya fue zanjado por la Sala Constitucional y no pueden venir ahora los tribunales a hacer discusiones sobre temas que ya están claramente definidos y que no les compete a ellos venir a resolver eso”, dijo.
Carranza citó como ejemplo el caso de Johnny Angulo Fernández, alias John Cadenas, quien fue extraditado a Italia por presunto narcotráfico por hechos que ocurrieron antes de la reforma constitucional.
Proponen juzgarlo en Costa Rica
Uno de los defensores de Bell Fernández, Manuel Campos García, refutó los argumentos de la Procuraduría y el Ministerio Público ante la terna de jueces. Alegó que el juez limonense que rechazó la extradición de su cliente sí realiza un análisis sobre las razones para denegar el envío, e incluso se refiere a reclamos que había formulado la defensa.
Este caso, según dijo, debería ratificarse en todos sus extremos y, de no ser así, la causa debería reenviarse al Tribunal Penal de Limón para que un nuevo órgano judicial se pronuncie sobre el fondo del proceso.
Agregó, además, que Bell podría ser juzgado en Costa Rica y no en Estados Unidos, pues las penas varían considerablemente en ambos países.
Este fue uno de los temas abordados por el defensor Manrique González una vez finalizada la audiencia. El abogado explicó, por ejemplo, que las penas mínimas por narcotráfico en Estados Unidos son de 10 años, mientras que en Costa Rica la condena mínima por este delito es de ocho años.
“El cambio sustantivo es que está siendo extraditado y ya lo esperan 10 años (...) A criterio nuestro es que es una norma mixta, procesal y sustantiva; en ese sentido, se contradice con la norma constitucional”, afirmó. El abogado también explicó que la Sala Constitucional no valoró la tipificación de penas en el país norteamericano, las cuales transforman la posición punitiva de un extraditable.
Bell ha permanecido en prisión preventiva desde octubre del 2024 por el caso denominado Petro Coca, en el que, de acuerdo con la Policía Judicial, pertenecía a un grupo que habría obtenido ganancias de entre ¢300 millones y ¢400 millones al mes mediante el robo de combustible a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).
La última prórroga de esta medida se conoció el 23 de abril, cuando el Tribunal de Apelación de Goicoechea acogió la solicitud del Ministerio Público de extender, por dos meses más, la prisión preventiva en su contra.