Seis de los 12 imputados originalmente en la investigación del Caso Corona, por tráfico de cocaína líquida a Europa y Asia irán a juicio, según confirmó el Juzgado Especializado en Delincuencia Organizada (JEDO), tras consultas de La Nación.
Además, otras seis personas fueron sobreseídas, lo que significa que se cierra la causa penal en su contra porque no tienen relación con los hechos investigados o no hay pruebas suficientes para incriminarlos.
Así lo decidió ese despacho judicial tras celebrarse la audiencia preliminar entre el 22 de marzo y el 13 de abril de este año. El caso Corona, es una investigación que trascendió en noviembre de 2023 cuando la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), desmantelaron una supuesta red dedicada a exportar cocaína en refrescos hacia Europa y Asia.
Los sobreseimientos definitivos fueron dictados para seis implicados de apellidos Murillo, Valoyes, Fonseca, Montes y Herrera (dos), con base en el artículo 311 del Código Procesal Penal (CPP). La Fiscalía argumentó que no cuenta con pruebas suficientes para solicitar la apertura a juicio respecto a estos imputados.
El juzgado acogió la petición fiscal, ordenó el sobreseimiento por duda y levantó las medidas cautelares que pesaban sobre esos investigados. Entre los recibieron ese beneficio figura Francisco Eduardo Montes Fonseca, quien desde noviembre de 2023 tenía impedimento de salida del país y la obligación de firmar periódicamente.
El juzgado rechazó las solicitudes de sobreseimiento por certeza que plantearon los abogados defensores de los imputados, así como la devolución de bienes.
Seis a juicio
Los seis hombres que deberán enfrentar el debate son Gabriel Lozano Bonilla, presunto cabecilla y otros acusados de apellidos Herrera, Lemos, Montoya, Murillo y Picado, quienes están señalados por los delitos de transporte, posesión, almacenamiento y comercialización de drogas de uso no autorizado, según los artículos 58 y 77 de la Ley 8204 sobre estupefacientes. El juzgado rechazó la calificación de asociación ilícita al considerar que la agravante del numeral 77 de la Ley 8204, subsume ese tipo penal, es decir que ya lo incorpora.
“La calificación; sin embargo, es provisional y el tribunal de juicio puede variarla”, advirtió el despacho.
Todos los acusados que van al juicio oral y público, enfrentan además un delito de legitimación de capitales, según el artículo 69 de la Ley 8204. Para dos imputados de apellidos Caicedo y Lemos se admitió adicionalmente la calificación de tenencia ilegal de arma permitida, según el artículo 88 de la Ley de Armas y Explosivos.
A dos investigados de apellidos Herrera y Montoya se les dictó sobreseimiento definitivo por el delito de tenencia ilegal de arma. En el primer caso se acreditó que el imputado tenía permisos de portación vigentes; en el segundo se determinó que el objeto decomisado era un "arma sonora del tipo utilizado por guardas de seguridad o en las películas", según se estableció en el peritaje oficial. “La fiscal acusó a ambos imputados por estos delitos más no correspondía a criterio de la persona juzgadora”, se lee en la respuesta enviada por el Poder Judicial.
La Fiscalía no apeló ninguno de estos dos sobreseimientos y se ordenó la devolución de ambas armas.
Fecha pendiente
JEDO aún no fija la fecha de inicio para el debate ya que primero debe revisar y aceptar la totalidad de los legajos del proceso. La resolución del juzgado deja pendiente la situación de una mujer de apellido Murillo, ya que la Fiscalía apeló el cambio de medidas cautelares que se le ordenó cuando tenía un embarazo de alto riesgo.
A Murillo le impusieron caución real (prendas, hipotecas, dinero o valores) y personal (fiador), impedimento de salida del país, arresto domiciliario y entrega del pasaporte. La apelación a estas medidas está en trámite y hasta no ser resuelta, el expediente no podrá seguir su curso.
Extradición firme
La situación de Gabriel Lozano Bonilla, alias Compadre, presunto cabecilla de la organización, es la que plantea la mayor interrogante. El Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José autorizó el mes anterior su extradición a Estados Unidos, donde es requerido por el Distrito Sur de Nueva York por delitos de narcotráfico.
La defensa del extraditable no apeló el fallo que autorizó la entrega a ese país.
La Fiscalía solicitó al tribunal de juicio un criterio de oportunidad, es decir, la suspensión de la acción penal respecto a Lozano, como hizo en los casos Celso Gamboa, Edwin López Vega, alias Pecho de Rata y Gilbert Bell, alias Macho Coca, para que se agilice el trámite de extradición. El tribunal debe resolver si lo juzga en Costa Rica o si acoge esa solicitud y, de ocurrir lo segundo, quedaría el camino libre para ejecutar el envío hacia el país norteamericano.
La detención con fines de extradición de Lozano ocurrió en enero de este año en La Reforma, donde cumple prisión preventiva por el Caso Corona, medida que le fue prorrogada por al menos seis meses más mientras se define su situación.
