El Tribunal de Juicio de San José autorizó la extradición del exmagistrado penal Celso Gamboa Sánchez para que enfrente en Texas la causa por presunto tráfico internacional de drogas. En esa misma resolución se autoriza la salida del exconvicto Edwin López Vega, alias Pecho de Rata y de Jonathan Álvarez Alfaro, alias Gato, para atender acusaciones por el mismo delito.
La notificación de Celso Gamboa la rebieron cerca de las 3:30 p. m. la hermana y defensora del exmagistrado, Natalia Gamboa, y el otro abogado encargado del proceso, Michael Castillo en una de las salas de juicio del Primer Circuito Judicial.
En ese sitio, Gamboa enfrenta otro debate por presunto uso de documento falso, junto al exdirector de la Policía de Control de Fiscal (PCF), Irving Malespín.
El Poder Judicial confirmó que se trata de una extradición diferida, es decir, que se ejecuta hasta que los acusados enfrenten las causas penales que tiene pendientes en nuestro país.
El exmagistrado también es investigado en el expediente 17-000015-033-PE, por presunto cohecho propio, cuyo juicio está para el 5 de enero de 2026 en el Tribunal Penal de Goicoechea. La Fiscalía sostiene que Gamboa, cuando era magistrado de la Sala Tercera, habría aceptado como dádiva un viaje a Panamá.
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Además, aparece en la causa 18-000075-033-PE, sobre un presunto tráfico de influencias, la cual tendrá su audiencia preliminar el 25 de noviembre en Goicoechea, para determinar si va a juicio. Según la acusación, en 2018 Gamboa habría contactado a diputados con el objetivo de incidir en la decisión sobre su destitución como magistrado.
Ahora, Gamboa, Vega y Álvarez tendrán tres días para apelar la resolución ante el Tribunal Penal de Apelación de Goicoechea.
Esta resolución ocurre tres meses y medio después de que el exmagistrado quedó detenido por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a solicitud del gobierno estadounidense. Ese mismo día fue arrestado Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, quien junto a Gamboa y Jonathan Álvarez Alfaro forman el grupo de los primeros tres costarricenses en ser extraditados, luego de la reforma constitucional aprobada en mayo.
En el caso de López, él tiene pendiente dos causas por presunta legitimación de capitales, una en Talamanca de Limón, donde enfrentará el juicio a partir del 11 de mayo del 2026, y otra que se encuentra en investigación en la Fiscalía de Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial.
Por su parte, Álvarez es investigado en el Caso Venus, como sospechoso de pertenecer a una red criminal supuestamente dedicada a lavar dinero del narcotráfico por medio de una subasta ganadera en Pijije de Bagaces, Guanacaste, entre otras actividades.
Andy Jack Sánchez Porras, abogado de López y Álvarez, dijo a La Nación minutos después de notificada la resolución, que deberá leer la misma “para determinar si hay motivos de apelación”.
Los tres hombres se mantendrán en detención provisional, y además el juez William Serrano Baby ordenó a la Fiscalía abrir una nueva causa contra los tres hombres pues del expediente de la extradición surgieron indicios de que en Costa Rica se habrían cometido delitos como tráfico internacional de droga, cohecho propio, penalidad del corruptor, enriquecimiento ilícito, legitimación de capitales, entre otros, entre el 2008 y el 2025.
‘Es decepcionante’
Poco después de las 4 p. m., Natalia Gamboa, sostuvo que no le sorprendía la resolución de Serrano Baby y aprovechó para cuestionar la celeridad con la que el mismo juez ordenó las detenciones pocos minutos después de recibir la solicitud de extradición en junio pasado.
“Es decepcionante porque en principio uno cree en el Estado de derecho y uno cree también que las personas aunque tienen que enfrentar la justicia, lo deben hacer conforme a la Constitución y las leyes (...). Es duro y además sabemos que hay una situación política compleja porque cualquier resolución a favor de Celso genera aversión”, declaró Gamboa.
A las afueras de los Tribunales, después de finalizar la sesión de este martes en el juicio por presunto uso de documento falso, la hermana de Celso Gamboa agregó que el Ministerio Público debió solicitar un acuerdo de cooperación internacional para permitir que las autoridades estadounidenses realizaran actos de investigación en Costa Rica, con el aval de un juez.
Sin embargo, según Gamboa, el OIJ abrió la investigación junto a la DEA sin tal acuerdo de cooperación.
“Esa ausencia de análisis que aparentemente, de lo que poco que vimos de la resolución, el juez desechó, nos hace cuestionarnos los siguientes procesos de extradición”, manifestó.