Wray Esquivel Quesada, hermana del exdiputado Abelino Esquivel Quesada, fue condenada a nueve años de cárcel por el cobro de contribuciones a asesores legislativos en 2017.
Además, la mujer fue inhabilitada para el ejercicio de cargos públicos por el mismo periodo.
La determinación fue tomada este lunes en la tarde por el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública, el cual concluyó que Wray Esquivel era responsable de tres delitos de concusión y uno de enriquecimiento ilícito.
De acuerdo con la acusación presentada por la Unidad Especializada de la Fiscalía General, entre el 2017 y el 2018, la mujer “formó parte de un plan mediante el cual se cobró parte de su salario a tres funcionarios del despacho” de Abelino Esquivel Quesada, quien fue legislador del partido Renovación Costarricense en el periodo 2014– 2018.
En ese momento, la imputada trabajaba como jefa de despacho en la oficina de su hermano, quien junto a su esposa, de apellidos Cortés Oporto, afrontarán un debate por separado por estos mismos hechos.
En diciembre anterior estaba previsto que tanto la pareja y como la hermana del excongresista afrontaran el contradictorio; sin embargo, una orden sanitaria por covid–19 recibida por los dos primeros obligó a dividir la causa, es decir, a realizar testimonio de piezas.
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El Ministerio Público manifestó, por medio de un comunicado de prensa, que en este caso se logró acreditar que los pagos exigidos a los colaboradores permitieron que se obtuviera un beneficio ilegítimo de ¢10,7 millones.
“Para dos de los colaboradores este cobro irregular se habría dado bajo la justificación de que compensaría una disminución en el salario de Cortés, quien fue trasladada a un puesto de menor remuneración, mientras que al tercero de los ofendidos se le indicó que se trataría de una contribución al despacho”, precisó la Fiscalía.
Mientras la sentencia contra Wray Esquivel Quesada queda en firme, ella deberá cumplir las medidas cautelares de impedimento de salida del país, firmar una vez al mes y entregar el pasaporte; todo dentro de la causa que se tramitó en el expediente 18–000085–0033–PE.
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Denuncia
Desde marzo del 2019, la Fiscalía acusó al exdiputado Esquivel Quesada, a su hermana y a su esposa por pagos que, supuestamente, el exdiputado le exigía a tres de sus asesores legislativos de confianza, como supuestas contribuciones al Partido Renovación Costarricense.
Al parecer, la situación ocurrió durante varios meses del 2017 y se extendió hasta abril del 2018, cuando los colaboradores denunciaron lo ocurrido.
En aquel momento, los asesores Álvaro Oconitrillo, Shirley Marín y Joselyn Rodríguez revelaron los montos que le daban mensualmente a Abelino Esquivel.
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Según los datos que divulgaron los trabajadores, Marín tenía que darle al entonces diputado ¢50.000 al mes, Rodríguez ¢125.000 y Oconitrillo ¢400.000. En total, la suma mensual ascendía a ¢575.000.
El propio Esquivel reconoció, también en abril del 2018, que ese dinero entraba a una cuenta de su hermana, quien lo manejaba para el despacho y alegó que se trataba de contribuciones para Renovación Costarricense.
Sin embargo, la agrupación política negó en aquel momento que ese dinero haya entrado a cuentas del Partido, tal como lo exige la legislación electoral.
De acuerdo con la investigación, tanto la esposa como la hermana del político se beneficiaron de los cobros hechos a los asesores.
La Procuraduría de la Ética Pública también denunció a Esquivel por los hechos.
En este caso, Abelino Esquivel cuenta con un defensor público, luego de el abogado privado que lo defendía fuera separado de la representación, debido a que se ausentó el día que debía realizarse la audiencia preliminar del caso.
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Caso paralelo
El excongresista también enfrenta a otra acusación dentro del expediente 18–000067–033–PE, por el presunto delito de tráfico de influencias, ya que, al parecer, pidió al exministro de Justicia, Marco Feoli Villalobos, que sacara de la cárcel a un pastor conocido, condenado por violar a una persona con discapacidad.
Abelino Esquivel Quesada, en la actualidad de 56 años, obtuvo su curul en la Asamblea Legislativa representando la provincia de Limón, con el Partido Renovación Costarricense.
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