Sofía Chinchilla C.. 19 agosto
El fiscal José Pablo Miranda (de traje negro) estuvo a cargo de la audiencia de este lunes. Minutos antes de las 11 a. m. de este lunes, salió de la sala de audiencias número tres de los tribunales de Goicoechea junto a Joseyn Rodríguez (con vestido color vino) y Shirley Marí, dos de las presuntas víctimas del caso.19/08/2019. Tribunales de Goicoechea, Montelimar, Moravia. Foto: Marcela Bertozzi/Agencia Ojo por Ojo.
El fiscal José Pablo Miranda (de traje negro) estuvo a cargo de la audiencia de este lunes. Minutos antes de las 11 a. m. de este lunes, salió de la sala de audiencias número tres de los tribunales de Goicoechea junto a Joseyn Rodríguez (con vestido color vino) y Shirley Marí, dos de las presuntas víctimas del caso.19/08/2019. Tribunales de Goicoechea, Montelimar, Moravia. Foto: Marcela Bertozzi/Agencia Ojo por Ojo.

La Procuraduría General de la República pidió al Juzgado Penal de Hacienda que se condene al exdiputado Abelino Esquivel y a dos de sus familiares a pagar ¢67 millones como castigo por, presuntamente, haber realizado cobros ilegales a tres colaboradores.

La solicitud la reveló el ente procurador este lunes, luego de participar en la audiencia preliminar convocada por dicha instancia judicial para definir si envía a juicio al exlegislador de Renovación Costarricense por tráfico de influencias.

Según la acusación de la Fiscalía, Esquivel obligó a los excolaboradores Álvaro Oconitrillo, Shirley Marín y Joselyn Rodríguez a entregarles parte de su salario durante el 2017 y varios meses del 2018, sin explicarles el motivo.

Como compensación por el daño directo causado por los presuntos cobros, la Procuraduría pide ¢6,48 millones, que tendrían que pagar de manera solidaria Esquivel; su hermana, Wray Esquivel; y su esposa, Xinia Cortés.

Ellas se incluyeron como imputadas en la causa pues, según la Fiscalía, se beneficiaron con los cobros que supuestamente hizo Esquivel.

Los ¢6,48 millones corresponden a “los salarios mensuales devengados, así como el pago por concepto de aguinaldo y salario escolar recibidos mientras Xinia Cortés estuvo nombrada en las plazas de confianza en el despacho del diputado Abelino Esquivel, y en cuyo puesto nunca se presentó a laborar”, según la Procuraduría.

El mayor monto reclamado es el del daño social que, según el ente procurador, asciende a ¢60 millones: ¢30 millones los pagaría Esquivel, mientras que la otra mitad la aportarían, en partes iguales, las otras dos imputadas.

La institución detalló que los montos los definió el Informe Pericial 1-19, suscrito por Luis A Rodríguez Astúa, perito actuario matemático.

Y, por intereses, la Procuraduría calcula ¢765.000 más.

La audiencia preliminar de la causa que la Fiscalía abrió contra Esquivel por supuestos cobros a tres excolaboradores, se realizó desde las 8 a. m. en los tribunales del Segundo Circuito Judicial de San José, en Goicoechea.

A las 11 a. m., el fiscal José Pablo Miranda salió de la sala de audiencias y anunció que la decisión del juez José Pablo León se dará por escrito. Para las 5 p. m. de este lunes, la resolución aún no había sido notificada.

Miranda explicó que Esquivel, en su calidad de imputado, tenía derecho a no asistir a la audiencia, pues en esta etapa del proceso quien se hace cargo es su defensa.

Tampoco se presentaron Wray Esquivel ni Xinia Cortés.

El Ministerio Público les atribuye al exdiputado y su hermana cuatro presuntos delitos de concusión y uno de enriquecimiento ilícito. Mientras que Cortés está acusada de dos delitos de concusión y uno de enriquecimiento ilícito.

En la audiencia de este lunes, además de la defensa de Esquivel y la Fiscalía, participaron la Procuraduría y las presuntas víctimas Rodríguez y Marín.

El excongresista se enfrenta a otra acusación por tráfico de influencias, que el mismo Tribunal Penal de Hacienda elevó a juicio, pero no se ha señalado la fecha de inicio del debate.

En ese otro caso, se juzgará al exdiputado por supuestamente haberle pedido al exministro de Justicia Marco Feoli que sacara de la cárcel a un pastor conocido, condenado por violar a una persona con discapacidad.

Miranda explicó que si el juez León eleva el caso por enriquecimiento ilícito a juicio, el Tribunal Penal de Hacienda podría disponer la acumulación de las causas, por economía procesal.