Yeryis Salas. 20 septiembre
Allanamiento a la sede de Asebanacio en Llorente de Tibás este 20 de setiembre. Foto: alonso Tenorio
Allanamiento a la sede de Asebanacio en Llorente de Tibás este 20 de setiembre. Foto: alonso Tenorio

Los perjuicios por los presuntos créditos fraudulentos de la Asociación Solidarista de Empleados del Banco Nacional y Afines (Asebanacio) llegan a los ¢11.000 millones.

Ese es el monto estimado por Rodrigo Araya, abogado de la asociación que realizó la investigación interna. La entidad fue allanada este jueves por la Fiscalía Adjunta de Fraudes.

La investigación se sigue por el aparente otorgamiento irregular de créditos millonarios a favor de 14 empresas. El caso trascendió en abril, cuando el Ministerio Público confirmó la existencia de una denuncia penal interpuesta desde diciembre por la actual junta directiva de la asociación.

En la causa, por posible administración fraudulenta, se investigan 10 empleados del Banco Nacional, cinco hombres y cinco mujeres, algunos de ellos fueron miembros de la junta directiva de Asebanacio desde octubre del 2011 hasta octubre del 2017.

Los señalados son de apellidos Prado Mendoza, Ortega Guevara, Bermejo Barrantes, Escalante Soto, Cordero Hernández, Murillo Boniche, Agüero Alvarado, Jiménez Matarrita, Palacino Castillo y Ureña Monge.

Pese al monto estimado por Araya, él aseguró que las finanzas de Asebanacio, la segunda asociación solidarista más grande del país, con 5.480 afiliados, están garantizadas.

“Los socios tienen que estar muy tranquilos, pues sus cesantías no corren ningún peligro”, dijo el abogado.

“Los asociados lejos de estar a disgusto están a gusto, porque se dan cuenta que hubo irregularidades porque se están tomando acciones. Por supuesto, hay una preocupación por lo que pasó, pero hay una sensación positiva de que se descubre después de 5 años, no es que pasaron 20 o 30 años”, añadió.

Araya detalló que algunas de las irregularidades encontradas fueron créditos entregados a terceros con garantías insuficientes, así como aumento de créditos sin incrementar la garantía y anomalías en descuentos de facturas.

Según el abogado, los investigados habrían incumplido, además, con la Ley de Asociaciones Solidaristas, que impide ocupar cargos de una junta directiva a directores y gerentes bancarios, puestos de algunos de los acusados.

Los créditos brindados a familiares de los miembros de la anterior junta directiva de Asebanacio, que fueron cuestionados por la Fiscalía, también serían investigados, y en ellos estarían involucradas las mismas personas.

Araya no descartó que en algún momento el Ministerio Público realice allanamientos en las empresas relacionadas con los créditos.

La investigación

Este es el segundo allanamiento de la Asociación en lo que va del año. El 4 de mayo los fiscales también ingresaron a su sede y a la sucursal del Banco Popular en Pavas y del Banco Nacional, en San José.

En las diligencias se buscaron documentos en relación con un préstamo otorgado por el Popular al importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños, sobre el cual hay dudas.

Según el informe, Asebanacio y la sede del Nacional fueron allanadas debido a que ahí se encuentra prueba relacionada con el expediente del crédito del Banco Popular en revisión.

La documentación de interés de la Fiscalía General en el Banco Nacional y en Asebanacio tiene que ver con el trámite de dos cartas de crédito que solicitó Bolaños para la importación de 20.000 toneladas de cemento para mayo del 2016, cada una por $900.000.

Este jueves la diligencias iniciaron alrededor de las 8:30 a. m., y en ellas se pretendía decomisar archivos físicos y digitales para incluir al expediente de la investigación.

Otros casos conocidos en Asebanacio

Otros financiamientos investigados son el entregado a la empresa Toro Bonito por ¢4.362 millones, de los cuales quedó un saldo sin pagar por ¢2.182 millones, según un informe de la junta directiva de Asebanacio de marzo pasado.

A Comando de Seguridad Delta, que quebró el año anterior, se le descontaron contratos por ¢1.750 millones y dejó ¢1.486 millones sin pagar.

A Casa Blanca se le financió con ¢2.000 millones, garantizado con pagarés.

Además se compró un crédito por ¢3.316 millones dado por el Nacional a Casa Blanca, pues cuenta con una garantía real por el valor del financiamiento.

Asimismo, este miércoles La Nación reveló cuestionamientos de la Fiscalía de Asebanacio a exdirectores de esta asociación por conflictos de interés en créditos a familiares.

El reporte reveló que la anterior junta directiva creó préstamos para familiares de asociados en la sesión del 26 de junio del 2013. El 9 enero del 2014, Asebanacio formalizó una línea de crédito a una compañía vinculada con uno de los miembros de la Junta, trámite en el que participó el director señalado.