La Fiscalía de la Asociación de Empleados del Banco Nacional (BN) criticó a los exdirectores de la entidad financiera por un posible conflicto de interés con un crédito otorgado a familiares.
Además cuestionó la creación de la línea de crédito para capital de trabajo para empresas familiares, pues tendría roces de legalidad al establecer privilegios a favor de los miembros de la Junta Directiva.
Estos puntos están detallados en el primer informe de la Fiscalía de la Asociación de Empleados del Banco Nacional (Asebanacio), del pasado 13 de febrero, del cual tiene copia La Nación y que fue enviado a sus 5.841 asociados.
El reporte reveló que la anterior Directiva creó los préstamos para familiares de asociados en la sesión de 36-2013, del 26 de junio del 2013. El 9 enero del 2014, Asebanacio formalizó una línea de crédito a una compañía vinculada con uno de los miembros de la Junta, sin detallar cual; pero el director señalado participó en la creación del producto crediticio.
“Es criterio del órgano de Fiscalía que, en lo actuado, (...) se genera duda razonable sobre la aplicación de los principios y valores éticos que generalmente se espera de todos los integrantes de una organización como la Asociación”, dice el documento, firmado por los fiscales Yirlany González y José Solano.
Ellos propusieron a la actual Directiva –nombrada desde octubre del 2017– establecer una política sobre conflicto de interés que incorpore “la prohibición expresa de que los miembros de Junta Directiva y del órgano de Fiscalía obtengan facilidades crediticias a nombre propio o de terceros vinculados, durante el tiempo que ocupen cargos en tales instancias”.
Allan Castro, presidente de la Asociación, comentó que actualmente atienden las recomendaciones relacionadas sobre los posibles conflictos de interés recomendadas en una fiscalización especial contratada a la empresa KPMG.
Mientras tanto, Erick Ramos, abogado de los exdirectores de Asebanacio, declinó referirse a los cuestionamientos hasta no reunirse con sus clientes y estudiar el informe.
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Durante el último año, los créditos malos otorgados a empresas por parte de la solidarista obligaron a la organización a crear una provisión por ¢11.726 millones, la cual será costeada por los empleados del Nacional que son sus asociados.
El Ministerio Público lleva adelante una investigación por los supuestos delitos de administración fraudulenta y tráfico de influencias en contra los directores que lideraron la solidarista entre 2014 y setiembre del 2017.
Asebanacio se creó en el 2014 por acuerdo de la Junta Directiva del BN para administrar e invertir los recursos de la cesantía de los empleados, así como ahorros de los trabajadores. A junio pasado, su patrimonio ascendía a ¢92.500 millones, según estados financieros.
Hallazgos de fiscalización
El informe de los fiscales de Asebanacio reveló que los desembolsos del crédito revolutivo –no detalla montos– dado a la empresa de un familiar de un miembro de la Junta, ocurrieron antes de formalizarse el préstamo.
Los giros de recursos se dieron los días 17 y 23 de diciembre del 2013. Sin embargo, la formalización de la operación fue hasta enero del 2014, según el expediente de financiamiento.
La inconsistencia también fue confirmada por la Subgerencia de Asebanacio, detalla el documento de la Fiscalía.
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En el documento que tiene La Nación se revela que al préstamo dado a los familiares del miembro de la Directiva tampoco se le aplicó la comisión de $150 por desembolso de recursos.
“El órgano de fiscalía concluye que la comisión aplicable fue exonerada. La Subgerencia de la Asociación confirma que el director de la Junta relacionado al financiamiento solicita a la Gerencia eliminar el cobro de dicha comisión para las siguientes gestiones y se instruyó a la Administración para no seguir realizando el cobro”, se recalca en el informe.
A criterio de los fiscales de Asebanacio, en la operación de crédito cuestionada prevalecieron los intereses particulares sobre los intereses de la totalidad de asociados.