Escuchar
Los imputados en casos de narcotráfico podrían quedar libres mientras avanzan las investigaciones, sin medidas cautelares, por la falta de jueces en la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (JEDO), advirtió el fiscal general, Carlo Díaz.
“Los plazos (de prisión preventiva) en la JEDO, aunque son ampliados, no son suficientes para que se haga un juicio”, mencionó el fiscal general a La Nación, al explicar que si bien hay fiscales y jueces para que las etapas preliminares avancen sin problema, los expedientes se acumulan, porque no hay jueces que se encarguen de las etapas de juicio.
El plazo máximo ordinario de prisión preventiva en la JEDO es de dos años, con la posibilidad de dos años más si el tribunal otorga la prórroga, para un total de cuatro años, el doble del plazo en la jurisdicción ordinaria.
Díaz expuso que la jurisdicción, que inició funciones en junio del 2023, tiene dos tribunales, con tres jueces más un suplente en cada uno, los cuales se deben encargar de juicios extensos y complejos que pueden tardar incluso más de un año, y por lo tanto no dan abasto ante la gran cantidad de casos de crimen organizado que le ingresan al Ministerio Público.
“En la JEDO hay jueces para las diferentes etapas, hay jueces de la etapa intermedia, donde se conocen prisiones preventivas y las acusaciones, las audiencias preliminares. En esa etapa no hay mayor problema, y en cuanto a la tramitación, tampoco hay mayor problema. La etapa de juicio sí presenta ese problema”, explicó el fiscal.
Algunos de los principales casos que se investigan en la JEDO son el caso Azteca, en el que hay ocho personas investigadas por la aparente incursión de una organización narco en contratos públicos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) para lavar dinero, y el caso Turesky, donde 22 sospechosos en apariencia operaban un grupo criminal para negociar de manera directa el trasiego de cocaína hacia Europa. Presuntamente, las enormes ganancias les permitieron invertir en una empresa constructora, en el cultivo de arroz y en bienes muebles e inmuebles en sitios como Escazú (San José), Santa Bárbara (Heredia), Alajuela y Limón.
También se tramita el caso Fénix, en el que 23 personas habrían formado una banda de lavado de dinero por medio de múltiples negocios como ganaderías, lavanderías, venta de llantas, lubricentros, verdulerías, bares y restaurantes en Pérez Zeledón. Este expediente fue enviado al Juzgado Penal de Pérez Zeledón por falta de jueces en la JEDO; no obstante, el medio CRHoy reportó que el caso regresó a la JEDO, donde actualmente se tramita su audiencia preliminar.
Otros casos mediáticos, como Manzanita y Pancho Villa, ya llegaron a la etapa de juicio, mientras que miembros de grupos narco como Los Gery y Los Lara ya han recibido condenas de cárcel.
Casos en vía ordinaria
Según Díaz, hay expedientes que cumplían el criterio para tramitarse en JEDO pero los tuvieron que investigar por la vía ordinaria, lo que reduce plazos de prisión preventiva y otros trámites durante el proceso penal.
“Tal vez no se visualizó, cuántos asuntos podían ir a esa jurisdicción. Si ustedes ven la creación de esta jurisdicción, más bien de alguna u otra manera fue un poco visionaria, pero la situación que estaba viviendo el país en ese momento era muy diferente”, indicó el fiscal al referirse al proyecto creado hace dos años que luego se convertiría en la ley para permitir el funcionamiento de la JEDO (Ley 10.369), luego de más de cuatro años de atrasos, producto de enfrentamientos políticos y legales.
“De dos años para acá ustedes han visto cómo ha incrementado la violencia y cómo también nosotros hemos tenido que incrementar las investigaciones en asuntos de delincuencia organizada. A pesar de la buena voluntad que se dio con la creación de esta ley, que incluso fue ideada hace unos tres o cuatro años, ya cuando se puso en funcionamiento la situación del país, ya estaba prácticamente necesitando muchos más recursos de los que se había proyectado”, aseguró.
Díaz descartó que la orden de liberar a 22 sospechosos del caso Turesky, dictada en junio por el Tribunal de Apelación de Sentencia de la JEDO, se debiera a la saturación de trabajo, y señaló a dicho Tribunal por no apercibir a los fiscales para que presentaran la acusación, la cual afirmó que fue elaborada en “tiempo récord”.
En aquel momento, el Tribunal argumentó que si bien la fiscala Stephanie Tenorio Barrios manifestó que la pieza acusatoria ya estaba lista, dicho documento no fue incorporado de manera formal al expediente. Ante la ausencia de la acusación, los jueces denegaron la solicitud de prórroga de seis meses de prisión preventiva.
Ante consulta de La Nación, el Poder Judicial reconoció, a través de su oficina de prensa, que la JEDO tiene “una demanda de trabajo significativa”. Sin embargo, se descartó aumentar las plazas de jueces “porque el Poder Judicial está sujeto al cumplimiento de las restricciones presupuestarias impuestas por la regla fiscal”.
“Las cargas de trabajo están en permanente monitoreo por el equipo de la Dirección de Planificación para con los recursos existentes tomar las acciones que procedan”, detalló la institución.
