La Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos envió una acusación y solicitud de apertura a juicio contra ocho personas investigadas por la aparente incursión de una organización narco en contratos públicos del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) para lavar dinero.
Dicha oficina confirmó, ante consulta de La Nación, que el expediente del denominado Caso Azteca fue remitido al Juzgado Penal del Primer Circuito Judicial de San José.
En primera instancia la Fiscalía acusa por delitos de tráfico de drogas y legitimación de capitales a los supuestos líderes del grupo, identificados como Camelo Méndez, López Cobo y Montaño Mosquera, todos de nacionalidad colombiana; así como a una mujer de apellidos Guillén Sánchez.
En la lista aparece un sujeto de apellidos Segura Aguilar, quien al parecer había adquirido una vivienda para resguardar estupefacientes.
También figuran una abogada de apellidos Ávila Cortés, otra mujer de apellidos Fernández Vargas y un exfuncionario del Banco Nacional de apellidos Villalobos Zúñiga, quien al parecer asesoraba al grupo sobre cómo bancarizar fondos sin levantar sospechas de lavado.
Por otra parte, la Fiscalía indicó que está resolviendo la situación jurídica de varios funcionarios del AyA vinculados con el caso.
Este diario consultó al ente fiscal sobre la situación de un mexicano de apellido García, quien también fue detenido como supuesto miembro de esta agrupación. Quedaron de informar si existe alguna apelación en trámite de su defensa.
El juzgado debe resolver una gestión planteada por la defensa técnica de los imputados y luego convocar a la audiencia preliminar, prevista para noviembre, para conocer la acusación, según informó el Departamento de Prensa del Poder Judicial.
Imputados están libres
Al menos 22 personas señaladas en el expediente N.°19-000129-0622 se encuentran libres y sin medidas cautelares.
El Ministerio Público había solicitado la prórroga de las medidas cautelares dictadas a los imputados por considerar que ninguna circunstancia probatoria o jurídica había variado y estimando que se estaba dentro de los plazos de ley vigentes.
Se tomó en cuenta que la causa se encontraba acusada, con solicitud de apertura a juicio y señalamiento de audiencia preliminar. Sin embargo, el Tribunal de Apelación de Sentencia del Segundo Circuito Judicial de San José ordenó, el 12 de mayo, el levantamiento de todas las medidas contra los sospechosos.
Ante la resolución de dicha instancia, el Ministerio Público no tiene posibilidad de apelación. La Fiscalía alegó que el Tribunal se apartó en su valoración de los elementos de prueba recopilados y de la propia prueba solicitada en su momento por el Tribunal de Apelación de Sentencia.
Entre los imputados que quedaron libres figuran, precisamente, algunas de las personas que ya fueron formalmente acusadas por la Fiscalía. Entre ellos están los presuntos cabecillas López Cobo, Camelo Méndez y Montaño Mosquera, así como García Elizondo.
Además, se levantaron las medidas a las mujeres Guillén Sánchez y Fernández Vargas, quienes usaron dispositivos de monitoreo electrónico desde el 21 de noviembre del 2021.
En esa misma fecha también se ordenó suspender del cargo por seis meses y firmar una vez al mes a 15 funcionarios de AyA.
La suspensión del cargo cesó el 28 de febrero del 2023, por lo que todos los trabajadores volvieron a sus puestos con la advertencia de abstenerse de todo lo relacionado con procesos de licitación y contratación, según resolvió el Tribunal Penal de San José.
Presunto lavado con licitaciones públicas
De acuerdo con la Fiscalía, al presunto grupo criminal, asentado en el Valle Central y en la costa pacífica, se le investiga por posesión, almacenamiento, transporte y distribución internacional de drogas.
Se cree que desde el 2019 la organización habría creado sociedades anónimas y tenía dos empresas constructoras, a través de las cuales lograba adjudicarse contratos públicos para legitimar dinero por medio del Estado.
El caso se llama Azteca en alusión a la nacionalidad del mexicano Luis Alfredo Márquez Lechuga, quien cayó el 26 de junio del 2019, cerca de la antigua rotonda de las Garantías Sociales, en Zapote, con 195 kilos de cocaína.
A partir de esa diligencia se logró identificar a los demás miembros del grupo.
Se presume que funcionarios de AyA facilitaban la asignación de licitaciones a empresas como FluVial y Construcciones del Valle S. A., constituidas por el grupo investigado.
En algunos casos, propiciaban un sobrecosto de precios en la elaboración de contratos y a cambio, como pago, recibían un porcentaje del dinero.
A la banda se le adjudicaron, desde el 2020 hasta el momento de su captura –el 9 de noviembre del 2021–, un total de 17 licitaciones para trabajos en el Pacífico que, aparentemente, permitieron legitimar ¢678 millones.
El grupo habría reclutado al funcionario del Banco Nacional para que colaborara insertando en el sistema financiero nacional las ganancias ilícitas obtenidas.
Cabecilla conocido
Uno de los líderes de esa banda es un adulto mayor de 81 años, de apellidos Camelo Méndez, quien había sido condenado en 1997 en nuestro país.
El colombiano era parte de una agrupación narco que utilizaba como “burros” a estudiantes universitarios para que llevaran cocaína a Holanda y a Alemania.
Más recientemente, Camelo Méndez habría asesorado a otro traficante sobre cómo almacenar cargamentos de droga en nuestro territorio. Camelo le explicó que lo primero es alquilar una finca, que la resguarde alguien de confianza y convertirla en bodega.
Asimismo, la banda incluso planeó pagar un soborno para liberar a su cómplice colombiano, de apellidos Montaño Mosquera, quien había sido capturado con droga el 18 de agosto del año pasado en Alajuela.
La Policía Judicial concluyó que el grupo intentó convencer a un abogado para que sobornara a la parte acusatoria y así liberar a Montaño.
Información actualizada el 10 de junio con datos de la Fiscalía