La banda del llamado Caso Azteca, vinculada a lavado de dinero mediante contratos con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), planeó pagar un soborno con tal de conseguir la liberación de uno de sus cómplices detenido desde agosto del 2020 por un caso de 200 kilos de cocaína.
El plan lo revela un informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual es parte del expediente 19-000129-0622-PE. Ese reporte resume escuchas telefónicas a los imputados. Según el documento, del cual La Nación tiene copia, el detenido es de apellidos Montaño Mosquera, colombiano capturado el 18 de agosto del 2020 en Alajuela con la droga.
La investigación permitió establecer que ese día, el también colombiano Héctor Camelo Méndez, a quien el OIJ identifica como cabecilla de la organización, llamó al colíder, un mexicano de apellidos García Jr., para advertirle de que no llamara al “amigo morenito” (Montaño) porque le había dado covid-19 y “no va a contestar”. Las escuchas telefónicas evidencian que todos los sospechosos hablaban con lenguaje cifrado. Sin embargo, los agentes lograron tener claro, por el contexto y por seguimientos, a qué se referían: el “morenito” era Montaño y lo de covid-19 era que estaba confinado en prisión.
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Tres días después, Camelo volvió a contactar a García para pedirle que le ayudara al “amigo aquel” (Montaño). “El sujeto (García) indicó: ‘Claro, de hecho yo quería decirle que no fuera a gastar en doctores ni nada’”. Eso significa, según los agentes, que él se encarga. Desde ese momento, agregó, ambos líderes tuvieron interés particular en el caso, al punto de que al poco tiempo de la detención ya García tenía el expediente judicial que se tramitaba en contra de su presunto cómplice. También, desde ese momento, ambos asumieron responsabilidad por la situación jurídica de Montaño.
En medio de la búsqueda de asesoría legal para sacar a Montaño de prisión, intervino otro colombiano, de apellido López Cobo, alias Tocayo. En una conversación de marzo de 2021, acordaron que Tocayo iba a simular pagar el abogado, solo identificado como José Pablo, para evitar que el mexicano García se viera envuelto en esos pagos. Más adelante, el propio informe señala que ese defensor trabaja en un bufete de San José.
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Entre el 22 y 23 de marzo del 2021, desde la cárcel, donde ya llevaba siete meses, Montaño mantuvo conversaciones telefónicas con Tocayo. A esas alturas ya estaba desesperado por salir. Por eso, le indicó que “necesitaba que le aseguraran que se iba a realizar algún tipo de soborno para que lo soltaran y reitera a López (Tocayo) que debe tener claro que la idea es asegurar el soborno, porque, de lo contrario, entonces se queda con el abogado Mauricio”, se lee en el informe judicial.
En otra comunicación en esos mismos días entre el detenido y López Cobo, Montaño le dijo que el abogado estaba cobrando mucho dinero, pero que “el asunto es hablar con la gente que a él lo tiene allí (parte acusatoria) para que todo se cuadre desde allá”. Esto lleva al OIJ a concluir que el grupo “está intentando convencer al abogado para que soborne a la parte acusatoria y así quedar libre”.
De seguido, Tocayo le asegura a Montaño que el abogado sí lo va a sacar. “Luego Montaño le señala a López (Tocayo) que le pregunte a José Pablo cuánto dinero va a cobrar y cuánto dinero hay que ‘darle a la señora que está en la contraparte’, a lo que López le señaló que le iba a indicar al abogado que si se comprometía con el caso, refiriéndose así a negociar algún tipo de soborno”.
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El 23 de marzo pasado, Tocayo vuelve a conversar con el reo para indicarle que “todo estaba listo” y que debían pagarse 30.000 colones, “cantidad que creemos que es desproporcional bajo el contexto del asunto y que más bien López Cobo se confundió y lo que quería decir eran $30.000 (casi ¢20 millones)″, señaló el OIJ. A esto, agregó la policía judicial, Montaño refirió: “Será hacerle, ¿qué queda?”.
Más adelante en el informe se explica que esos “¢30.000″ eran para cancelarle al abogado, que solía cobrar “¢60.000″, pero que “por la amistad, por la recomendación y por García Jr.”, José Pablo lo había reducido a la mitad. Eso sí, debían cancelarle “10 cuando se decidan y 20 para cuando sea el juicio”.
Las autoridades concluyen que con esto, queda claro que “el grupo criminal está dispuesto hasta irrumpir con actos de corrupción con funcionarios dentro del Poder Judicial”. En el informe no se indican nombres de personas a quien pretendían pagarle por el “favor” de liberar a Montaño.
Abogado sobornaría a funcionarios si son amigos suyos
Una vez que ya se tenía establecido el monto millonario que se iba a pagar, una costarricense de 35 años de apellido Guillén, pareja sentimental de Montaño, le dijo a este último que el abogado les aseguró que él, como jurista, “no necesita ir a tocar puertas” para buscar aliados y ofrecer el pago. Sino que, una semana antes de la diligencia, él conoce cuáles funcionarios judiciales participarán en las audiencias y, “dependiendo de si son amigos o no, los busca para realizar el mentado soborno”, resume el OIJ.
Aunque el objetivo era dar dinero a cambio de la libertad de Montaño, el abogado aseguró que el caso estaba “peleable, que él se preparaba muy bien”. Pero, si se enteraba de que algún amigo suyo iba a conformar el tribunal de juicio o ser representante del Ministerio Público, “los busca para ver en qué más pueden ayudarlos. O sea, deducimos que les ofrece el soborno y que, en caso contrario, ejecutaría la defensa”, agrega el documento del OIJ.
En seguimiento del caso, Tocayo volvió a preguntarle al abogado llamado José Pablo que cuándo podría salir Montaño de prisión, “a lo que le respondió que mínimo debía cumplir pena un año, ya que él está preso desde hace siete meses y la audiencia preliminar es pronto y el juicio en dos meses”.
Según el expediente policial, el debate estaba programado para el 28 de julio pasado, pero se desconoce si se realizó y cuál fue su resultado.
