Una empresa dedicada a la importación de cianuro permanece bajo la mira de las autoridades como parte de una investigación para determinar si este químico, altamente regulado, está siendo desviado hacia actividades de minería ilegal en la zona norte del país.
De acuerdo con fuentes vinculadas a las pesquisas, se intenta establecer si parte del cianuro que ingresa legalmente a Costa Rica mediante esta u otras compañías, estaría llegando a manos de terceros que lo utilizan en la extracción irregular de oro en el cerro Conchudita, en Cutris de San Carlos.
Hasta el momento, no se ha atribuido responsabilidad a alguna empresa ya que las investigaciones están en fase preliminar. Sin embargo, los propios coligalleros en la zona señalan a una compañía como la posible fuente del químico, según confirmó semanas atrás el entonces viceministro de Seguridad, Erick Lacayo.
El interés de las autoridades en este caso aumentó luego de tres grandes decomisos en los últimos 20 meses.
- El 27 de marzo, oficiales de la Fuerza Pública interceptaron en Barreal de Heredia un camión con 1.500 kilos de cianuro. Los dos ocupantes de vehículo de carga, apellidados Rojas Castro y Arce Fuentes están a la espera de los resultados de unos peritajes, antes de que el caso sea elevado a juicio.
- El 7 de abril, un cargamento similar fue localizado en Naranjo de Alajuela, en otro camión cuyo conductor, de apellidos Duarte Oporta y de origen nicaragüense, fue detenido y está a la espera un procedimiento mediante la vía rápida.
- A estos se suma un caso que tramita la Fiscalía de Alajuela por el transporte de 2,9 toneladas del químico, hecho por el cual fueron detenidos un hombre de apellido Araya Bermúdez y cinco personas más en setiembre del 2024, en Pavón de Los Chiles.
En todos los casos se investiga el delito de tráfico ilícito de sustancias peligrosas.
La suma de los tres eventos representan más de cinco toneladas de cianuro decomisadas. Para quienes lo compran en Cutris, el precio es de $550 por cada saco de 50 kilos. Esto significaría que, al menudeo, esas cinco toneladas se comercializaron, en el mercado ilegal, en $55.000, unos ¢25,3 millones.
Lacayo, hoy exviceministro responsable de las operaciones en Cutris, no descartó que detrás de los cargamentos esté una misma organización.
“Por las circunstancias de los decomisos, el hecho de que posiblemente no haya varios sitios diferentes de donde salga una sustancia con sus respectivos controles, nos hace creer que posiblemente pueda venir de un mismo grupo”, expresó el funcionario.
Los operativos, afirmó, han detectado “características similares del envasado y etiquetado del producto, color de los estañones y algunas marcas que son constantes.”
Sobre la empresa, Lacayo fue cauteloso pero directo: “Tenemos algunas hipótesis que se las hemos trasladado a los grupos de investigación. Nuestro interés es que, a través de una pesquisa, se logre ubicar la raíz del problema: quién lo trae y quién lo distribuye.”
Tres contenedores de cianuro que permanecían en custodia policial en Upala ya fueron entregados al Ministerio de Salud para su destrucción.
Según consta en información en línea de ese mismo despacho, desde enero del 2020 y hasta la fecha, al menos 13 compañías han importado cianuro legalmente.
Peligro en carretera
El problema radica cuando el producto importado legal o traficado ilegalmente, pasa a manos de grupos criminales dedicados a la extracción aurífera. Lo anterior, porque cada vez que uno de esos camiones circula sin los controles adecuados, el riesgo va más allá de quienes lo transportan.
Luis Ramírez, de la Unidad de Materiales Peligrosos del Cuerpo de Bomberos, explicó que el cianuro “es reactivo al agua y genera vapores de ácido cianhídrico”.
Según el experto, “es el mismo compuesto que se usaba en los campos de concentración nazis. Es altamente tóxico y peligroso”.
Ramírez precisó que ante un eventual derrame en vía pública, el protocolo exige un aislamiento de entre 300 y 800 metros a la redonda.
Una mínima cantidad es suficiente para provocar una emergencia: “Con una sola tableta se podría generar una afectación bastante grande”.
Las concentraciones tóxicas de este compuesto se miden en partes por millón.
En los decomisos recientes, los bomberos han intervenido principalmente para asegurar los vehículos sin que hasta el momento haya ocurrido un derrame. “Algo simple se puede convertir en algo muy complicado”, advirtió Ramírez.
El químico industrial Javier Alpízar Cordero, director del departamento de Química de la Universidad de Ciencias Médicas (Ucimed), resaltó que el transporte inadecuado de cianuro en camiones sin las condiciones técnicas mínimas, representa un riesgo sumamente serio para la salud pública y para el ambiente.
El especialista detalló que compuestos como el cianuro de sodio pueden liberar gas cianhídrico si entran en contacto con humedad, cuyos efectos van desde cefalea (dolor de cabeza) y confusión, hasta convulsiones y colapso.
“En caso de accidente, derrame o vuelco, no solo se expone el conductor, sino también los cuerpos de primera respuesta, las comunidades cercanas y cualquier fuente de agua superficial o subterránea”, subrayó.
Para Alpízar, la problemática trasciende lo policial: “Este tema debe entenderse como un asunto de seguridad química nacional. Cuando una sustancia así circula de forma clandestina o sin control técnico, el riesgo deja de ser solo minero o policial y pasa a convertirse en un potencial evento de emergencia toxicológica y ambiental."
Con él coincide Alexander Mata, presidente del Colegio de Químicos, en cuyo criterio este fenómeno evidencia no solo el crecimiento de actividades ilegales vinculadas a químicos peligrosos, “sino también el trasiego de grandes cantidades de estos productos bajo condiciones de manipulación y almacenamiento dudosas”.
El especialista alertó de que este trasiego del químico sin los controles de ley, incrementa la probabilidad de exponer a la población a sustancias corrosivas, tóxicas, inflamables, irritantes, explosivas e incluso cancerígenas.
“Ante este panorama, resulta urgente fortalecer los controles, la vigilancia y la coordinación institucional, con el respaldo técnico de profesionales en química, para prevenir afectaciones a la salud humana y al entorno”, enfatizó Mata.
¿Y la trazabilidad?
El cianuro es una sustancia cuya importación, almacenamiento, transporte y uso están sujetos a regulaciones de los ministerios de Salud y de Hacienda, específicamente el Servicio Nacional de Aduanas, que contempla cuatro notas técnicas, “para verificar su cumplimiento en las declaraciones aduaneras”, precisó Aduanas. Salud es el ente encargado de emitir los permisos y velar por el cumplimiento de las condiciones sanitarias.
Sin embargo, las incautaciones recientes en vía pública evidencian serias debilidades en la trazabilidad del producto una vez que ingresa al país.
De marzo de 2025 a marzo de este año, el país nacionalizó 583,487 kilos de cianuro, “conforme a 55 registros aduaneros y bajo los controles regulatorios vigentes para las partidas 2837″, confirmó Hacienda.
Salud por su parte, detalló que cualquier persona física o jurídica que importe ese producto, debe someterse a cuatro requisitos: cumplir dos decretos de productos químicos peligrosos y etiquetado, tener el refrendo del Colegio de Químicos, pagar $50 por llenar un formulario y contar con el permiso de funcionamiento.
Esa dependencia explicó que la trazabilidad de los productos químicos se ejerce “principalmente al momento de su ingreso al país”, pero en la actualidad trabajan en un nuevo reglamento que “contempla el otorgamiento de licencias a importadores, distribuidores y a personas físicas y jurídicas que participen en su manejo”.
A diferencia de actividades ilícitas como el tráfico de drogas, el cianuro deja rastro documentado desde su importación. Ese seguimiento es precisamente lo que las autoridades buscan aprovechar para cerrar el ciclo entre el ingreso legal del químico y su eventual uso en las más de cien piletas de cianuración que la Fuerza Pública ha identificado en Cutris.
