El viceministro de Seguridad, Erick Lacayo, confirmó que han detectado casos de corrupción policial en los operativos contra la extracción ilegal de oro en Cutris de San Carlos, ahora agravada por la invasión al cerro Conchudita.
Según dijo Lacayo, algunos oficiales reciben dinero a cambio de dejar pasar a los coligalleros.
Al consultársele si han recibido información sobre “peajes” de ¢2 millones por día, el jerarca respondió: “Sí. Conocemos casos de extracción en cerro Fortuna, que es donde está el oro, de dos o tres kilos de oro en seis horas, eso es parte del incentivo”.
Lacayo sostuvo que la corrupción policial persiste desde hace casi una década y confirmó al menos cuatro casos en investigación por aparentes irregularidades, por cobro de “peajes” o incumplimiento de deberes de esta operación contra la minería ilegal en el otro punto de extración: Crucitas.
“¿Contra qué luchamos?: contra los valores de cada persona. Enviamos personas fresquitas y hemos detenido personas fresquitas. Enviamos personas viejas y hemos detenido viejos. Eso va a ser en el marco de los valores de cada ser humano.
Grupos criminales detrás de la extracción
Entre 200 y 300 coligalleros, en su mayoría nicaragüenses, operan las más de 100 piletas de cianuro en el distrito, mientras siete estructuras criminales están detrás del saqueo del mineral valorado en miles de millones de colones al mes.
El viceministro aseveró que la Policía afronta una “gran desventaja táctica” en Conchudita.
Mientras los agentes deben caminar entre tres y cinco horas para llegar a la zona de extracción, los coligalleros pueden movilizarse 500 metros en 15 o 20 minutos por el río San Juan en lanchas o en cayucos.
La operación en Cutris, que incluye tanto Conchudita como los cerros Fortuna y Botija en la finca Vivoyet (Crucitas), mantiene desplegados entre 180 y 200 efectivos policiales a un costo aproximado de $1 millón de dólares al mes.
Sin embargo, a criterio del jerarca, el problema tiene otros matices que agravan la situación, como la falta de demolición de cuarterías ilegales que facilitan la presencia de mineros, y, además, la judicialización del tráfico de cianuro avanza lentamente a pesar de tener tres contenedores del químico decomisado en Upala.
Este es un extracto de la conversación con Lacayo.
– ¿Cuándo detectaron que se había agravado el problema en el cerro Conchudita?
– Eso fue más o menos entre setiembre y octubre del año pasado, por información de los vecinos; enviamos personal y, efectivamente, nos encontramos 6.000 sacos apilados en esa primera incursión.
– ¿El Ejército nicaragüense ha colaborado después de la conversación que tuvieron en la frontera?
– Están haciendo patrullajes. Quizás no hubo en algún momento la mejor comunicación por circunstancias ajenas a los que estamos en el terreno. Sin embargo, ellos hacen lo mismo que nosotros: decomisan rotomartillos, plantas eléctricas, material, gasolina, equipos, etc.
– Entiendo que tienen identificados a por lo menos siete grupos criminales, como Los Fuscos, un sujeto conocido como Aldo, ¿son nombres familiares para ustedes? ¿Se podría decir que están mayoritariamente moviendo a la gente?
– No podría decir si mayoritariamente, pero sí son estructuras que hemos identificado por los mismos coligalleros. Nuestra materia prima de información son ellos mismos.
– ¿Los mineros no necesariamente son costarricenses?
– Hay personas que tienen ambas nacionalidades, tienen algún arraigo. Si no lo tuvieran, ya los hubiéramos sacado, lamentablemente se amparan en algún tipo de arraigo.
– ¿Cada grupo tiene su especialización?, se dice que Los Fuscos controlan túneles, pero también dan seguridad.
– Es una estructura criminal y parte de la definición de la estructura es que están articulados de una manera medianamente ordenada para ejercer la labor delictiva. Por supuesto, habrá gente que les apoya con la logística, con el transporte, con el acarreo del material.
“Hay gente que nos dice: ‘Vea, esto se resuelve muy fácil, usted cierra en Llano Verde, cierra aquí, cierra allá’, pero ahí están nuestros puestos, solo que eso es para vehículos y ellos se mueven por caminos que son como pasos de dantas.
“Para nosotros llegar a Conchudita, si entramos por Boca San Carlos, son cinco horas caminando. Si entramos por El Jardín son tres horas, igual desde Chorreras. Los coligalleros para avanzar 500 metros lo hacen en 15 o 20 minutos, toman la lancha o un cayuco y cruzan. Entonces, nosotros tenemos una gran desventaja táctica, porque solo nos podemos mover a pie.
“A pesar de todo, en Conchudita llevamos entre 100 y 120 personas (procesadas) de setiembre a la fecha”.
– El tema de la corrupción policial, ¿cómo se está trabajando? ¿Diría que son casos aislados?
– Empezamos por hacer una mayor rotación. Ingresa personal nuevo, con líderes que conocen y tienen experiencia. Hemos tenido varios casos aislados que denunciamos ante el Ministerio Público y están en proceso, es una lucha constante.
– ¿De qué hablamos?, ¿cobro de peajes?, ¿omisiones?
– Algunas de las personas que lamentablemente portan uniforme y que han hecho eso ha sido por esa causa: recibir dinero a cambio de ‘déjeme pasar’. De no ver, de no trabajar.
– ¿Y cuántos casos tienen identificados en la actualidad?
– Como cuatro casos y algunas denuncias en proceso.
– ¿Diría que esos casos puntuales han puesto en riesgo la operación?
– No, porque al final la información regresa a casa. Los mismos coligalleros la entregan.
– ¿Y les han especificado cuánto han tenido que pagar en “peajes”? Se habla de ¢2 millones al día.
– Sí. Conocemos casos de extracción en cerro Fortuna que es donde está el oro, de dos o tres kilos de oro en seis horas, eso es parte del incentivo.
– ¿En qué periodo han ocurrido estos casos?
– Es un problema que hemos tenido casi desde el 2017, suena feo porque podría interpretarse como que es algo que aceptamos, pero reitero con vehemencia que no lo aceptamos, es un tema que va a haber mientras existan las circunstancias, porque ahí ¿contra qué luchamos?: contra los valores de cada persona. Enviamos personas fresquitas y hemos detenido personas fresquitas. Enviamos personas viejas y hemos detenido viejos. Eso va a ser en el marco de los valores de cada ser humano.
– Estos casos ¿han ocurrido durante la operación en Crucitas o también en Conchudita?
– En Conchudita todavía no.
– ¿Por cuánto tiempo tienen contemplada esta operación?
– Tenemos que quedarnos hasta que esto se resuelva de alguna manera, porque, como digo, esto no pasó de la noche a la mañana, ni es que no nos habíamos dado cuenta. Nos trasladamos a Boca San Carlos, porque ¿desde cuándo se convirtió en un pueblo que vende cal? ¿Qué van a encalar? ¿La piña?
“De la noche a la mañana, en Boca de San Carlos usted encuentra cal a granel y eso lo hacen para buscarle el punto de acidez a las pilas de cianuro, porque hay una dinamización de piletas (donde se extrae el oro)”.
– Respecto al cianuro, a nivel del Ministerio, ¿se puede solicitar a Salud u otra institución restringir aún más el acceso o la venta?
– Es que está prohibido, el tema es cómo no le ha caído la autoridad. Nosotros hemos hecho varios trabajos y hemos incautado, tenemos tres contenedores llenos de cianuro en Upala.
– ¿Se sabe quién provee o cómo ingresa el cianuro?
– Nosotros sí sabemos, o por lo menos conocemos una ruta, no quiere decir que no haya otras, porque pueden haber cambiado. Lo empezamos a decomisar en Peñas Blancas, después en Los Chiles y en Upala los últimos.
“Definitivamente tiene que haber un trasiego para que esté pasando lo que está pasando en Conchudita. Han venido transformándose del mercurio a las tómbolas, después a las rastras y ahora las piletas con cianuro”.
– Y esa sospecha en la trazabilidad que usted dice, ¿la han denunciado a la Fiscalía?
– Tenemos como tres denuncias en el último año.
– ¿Cuántas piletas hay en la zona de Cutris?
– Llevamos un registro de unas 100 pilas en todo Cutris, incluyendo el caño Mairena, la Chachalaca, El Jardín y otros lugares.
“Definitivamente, esto no tiene una solución única, como dicen los conocedores: si hay oro, si no lo saca usted, alguien lo va a sacar. Entonces, ¿cómo hacerlo ordenado?, creo que es parte del reto".
– Si nos habla de 100 piletas, ¿cuánta gente está ahí metida?
– Si bien es fluctuante, calculamos una población coligallera, por lo menos la que hemos detectado, de entre 200 a 300 personas.
– Y mientras tanto, ¿cómo va a ser la dinámica de control en Conchudita?
– Hay una serie de modalidades. El clima no ayuda mucho, por ejemplo, como para meter un helicóptero todos los días, pero son herramientas que, en una operación ordenada, teniendo la claridad de los objetivos que queremos, pueden ser más efectivas.
– ¿Sería injusto decir que esto es un asunto que solo debe atender la Fuerza Pública?
– La resolución del Tribunal Administrativo Ambiental y de la Sala I, en su momento, nos da la responsabilidad a nosotros y le da una responsabilidad importante a los propietarios de las fincas, al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y a la Municipalidad de San Carlos.
– En este momento, para ustedes, ¿qué aporta la municipalidad de la zona?
– Desearíamos que nos aportara mayor esfuerzo en el tema de la destrucción de cuarterías para las personas que estén habitando ahí.
Consultaldo sobre este último punto, Juan Diego González, alcalde de San Carlos, explicó que han hecho intervenciones en la comunidad de Chorreras y que los habitantes fueron reubicados en El Roble, como parte de una operación en conjunto con la Fuerza Pública.
“Sin embargo, son procesos que llevan muchísimo tiempo, hay que darles la posibilidad a esas personas de que presenten los permisos de construcción. Y aun así, tienen la oportunidad de recurrir ante los tribunales”, dijo González.
