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El Ministerio Público confirmó la apertura de una investigación judicial por un presunto ofrecimiento de beneficios a una mujer a cambio de que firmara una denuncia por delitos sexuales contra Randall Zúñiga López, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción informó este jueves que el caso se encuentra en investigación bajo el expediente 25-000971-0359-PE, el cual se tramita contra ignorado y está en etapa preparatoria, por lo que los detalles son confidenciales conforme al artículo 295 del Código Procesal Penal.
De acuerdo con la información de la Oficina de Prensa del Ministerio Público, en la causa se indagan posibles delitos contra los deberes de la función pública, aunque los ilícitos específicos se determinarán conforme avancen las diligencias.
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La apertura de esta investigación ocurre seis días después de que el Ministerio Público recibiera la denuncia de una mujer que asegura haber sido abordada por dos funcionarias del Gobierno en su domicilio en Turrialba, Cartago, el pasado 29 de octubre.
Según relató la denunciante, las funcionarias le ofrecieron ayuda económica y académica —incluido el pago de sus estudios universitarios y apoyo del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)— a cambio de firmar una denuncia contra el jerarca del OIJ.
De acuerdo con versiones confirmadas a La Nación por fuentes cercanas al caso, las funcionarias serían Yerlin Zúñiga Céspedes, presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), y Claudia Blanco, abogada del mismo instituto.
Ambas habrían llegado al domicilio de la mujer con una denuncia ya redactada, lista para ser presentada ante la Fiscalía.
Cuestionario sin respuesta
Desde la semana pasada, La Nación intentó comunicarse en varias ocasiones con Zúñiga Céspedes a su número celular, por medio de varias llamadas y mensajes de WhatsApp, pero no ha respondido.
La funcionaria permanece sin responder consultas enviadas el 31 de octubre por correo electrónico luego de que el Ministerio Público recibiera la denuncia de la mujer.
La institución rectora en derechos humanos de las mujeres emitió una respuesta institucional amplia, rehusándose a confirmar o desmentir la visita a la denunciante y los hechos detallados en la denuncia.
El comunicado oficial de la semana pasada indica que, por “un asunto de confidencialidad y respeto, el Inamu no se referirá a casos o atenciones particulares de mujeres víctimas de violencia”.
A Yerlin Zúñiga Céspedes, presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), este diario le consultó si visitaron recientemente a una mujer en Turrialba para pedirle que denunciara al director del OIJ.
Entre los puntos consultados figura si las funcionarias llevaban una denuncia ya redactada, si viajaron en un vehículo institucional y si ofrecieron becas, subsidios o gestiones ante el IMAS como incentivo para que la mujer firmara el documento.
Además, se le consultó a la jerarca si visitó a otras mujeres con el mismo propósito, si les entregó denuncias escritas o las acompañó personalmente a presentar las acusaciones, así como los cantones que habría recorrido en las últimas dos semanas.
