Según su relato, ambas le ofrecieron beneficios a cambio de firmar una denuncia por delitos sexuales contra el jerarca del OIJ, documento que —según dijo— ya estaba redactado cuando las funcionarias llegaron a su domicilio.
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En un comunicado público, el colectivo feminista calificó los hechos como “bochornosos y ayunos de toda ética” y advirtió que, de confirmarse, podrían constituir posibles delitos de soborno, injurias y calumnias, así como incumplimiento de deberes.
“El daño principal que implican estas conductas es que desvirtúan las voces de las mujeres y sus denuncias legítimas”, señala el texto firmado por la Red Feminista, que reprochó el “uso abusivo de los puestos públicos” y el empleo de recursos institucionales para fines políticos o electorales.
El pronunciamiento también criticó que la jerarca del Inamu haya mostrado una “rimbombante participación personal” en este caso, mientras que guardó silencio ante denuncias recientes de violencia sexual contra otros funcionarios públicos.
“Flaco favor le hacen estas funcionarias a las mujeres cuando pervierten el instrumento de la denuncia, principal arma que hemos tenido para que la violencia machista se reconozca y se sancione”, agrega el documento.
La Nación intentó obtener una reacción de Zúñiga Céspedes por medio de llamadas y mensajes de WhatsApp desde el viernes, pero no respondió.
La Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres concluyó su pronunciamiento exigiendo a las funcionarias que “se aparten voluntariamente de sus cargos por decencia, respeto e integridad”, al tiempo que defendió al Inamu como una institución “construida por las luchas de las mujeres y no por funcionarias pasajeras”.
