En Esparzol de Puntarenas, un joven de apenas 16 años carga con siete homicidios. Hace apenas dos días, un menor de 13 años fue acribillado a plena luz del día, a escasos metros de una escuela en Alajuelita.
“Tenemos individualizado que la persona (fallecida) pertenece a una de las estructuras que está en conflicto aquí que es la de los Lara”, afirmó el director de la Fuerza Pública, Marlon Cubillo, poco después del homicidio.
Estos son solo dos ejemplos de una tendencia sobre la que las autoridades judiciales han alertado en los últimos meses: los jóvenes están siendo reclutados con facilidad por organizaciones criminales para realizar desde las tareas más simples, como alertar de la presencia policial, hasta empuñar un arma y arrebatar una vida.
“La sangre la están poniendo los jóvenes entre los 16 y 30 años, que son los componentes más básicos del grupo”, afirmó a La Nación el subjefe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, el pasado mes de abril. En ese momento, se declaró “impresionado” por el grado de violencia que la Policía Judicial ha identificado entre personas jóvenes.
“Vidas cortas, vidas sin sentido, vidas fugaces. No entienden que los adultos los utilizan como desecho, como despojos”, describió entonces Soto.
Entre el 2021 y el 2024, 245 menores de edad fueron condenados por delitos contra a vida, el 46,5% de las sentencias corresponden a tentativas de homicidio y el 31,4% por homicidios, según datos del Poder Judicial.
Sin embargo, se desconoce cuántos de estos casos están vinculados al crimen organizado o cometidos en nombre de una banda. Según expertos consultados para este reportaje, las estadísticas no se registran de esa manera y, además, la Ley Penal Juvenil garantiza el principio de confidencialidad, por lo que toda la información sobre delitos cometidos por menores bajo esta legislación es reservada.
Para el director del OIJ, Randall Zúñiga, el hecho de no contar con una estadística más específica le dificulta a la Policía Judicial comprender los detalles del fenómeno con el que está lidiando Costa Rica.
No obstante, esto no quiere decir que la problemática no exista, aclara.
“Para que un menor de edad se convierta en sicario, hay un fallo generalizado en toda la sociedad costarricense”, dice Zúñiga.
Deterioro social
El 29 de febrero del 2024, un adolescente de 17 años reconoció ser el responsable de asesinar al agente del OIJ Geiner Gómez, de 42 años, en Tirrases de Curridabat.
La semana anterior, en Atlántida de Limón, la policía detuvo a un joven de apellido Doranth con una pistola calibre 9 mm y un fusil militar, ambas armas con treinta balas listas para disparar. Tiene solamente 19 años y las autoridades judiciales ya lo vinculan con una organización criminal que operaba para Tony Peña Russell, cabecilla de una red de sicariato en la provincia del Caribe.
Alejandro Montero, coordinador de la Unidad Penal Juvenil de la Defensa Pública, coincide con la percepción de cada vez más jóvenes se ven involucrados en conductas violentas, reclutados por organizaciones delictivas. A su juicio, este fenómeno refleja el estado actual de la sociedad costarricense, marcado por el abandono, en muchos casos por el maltrato e, incluso, por un acceso cada vez más precoz a sustancias ilícitas.
“Son situaciones que tienen que ver con la desintegración familiar, con la falta de oportunidades, con las situaciones económicas, con la deserción escolar, con el manejo de inteligencias múltiples. (...) En una etapa donde los muchachos están en búsqueda de identidad, en búsqueda de pares, en búsqueda de ser reconocidos”, afirma Montero.
A raíz de ello, explica, incrementa el riesgo de que, en lugar de ser incorporados al sistema educativo, los jóvenes sean fácilmente seducidos por grupos u organizaciones que les brindan un sentimiento de identidad, de pertenencia y una vía más rápida para obtener lo que desean.
“Hay un apagón educativo, los jóvenes no tienen donde trabajar porque se salen del colegio y nadie los contrata, porque son mano obra no calificada. No han terminado el colegio, entonces, se dedican a labores de narcotráfico”, afirma Zúñiga, jerarca del OIJ.
“Hay todo un tema de inversión que no se está haciendo, que se dejó de hacer”, añade.
El último Informe del Estado de la Nación, publicado en noviembre del 2024, señaló “recortes significativos” al sistema educativo. Este 2025, el presupuesto del Ministerio de Educación Pública (MEP) es el más bajo de la última década, un 4,9% del PIB, cuando la Constitución Política establece un mínimo del 8%.
“El Estado debe ganarle a la delincuencia”
Otro caso que encendió las alarmas ocurrió el 2 de julio del 2022, cuando Marzo Calzada, de 19 años, fue asesinado en las cercanías del Barrio Chino, en el centro de San José. Dos menores de 17 años, y otro de 14 años fueron los responsables de quitarle la vida.
La Ley Penal Juvenil, normativa que regula el tratamiento legal de las personas menores de edad en Costa Rica, establece la pena máxima de 15 años de prisión para jóvenes de entre 15 y 18 años; la sanción se reduce a 10 años cuando se trata de delitos cometidos por menores de entre 12 y 15 años.
El proceso penal juvenil es distinto al del Código Penal para adultos, ya que contempla penas más bajas, busca la resocialización del menor y se enfoca en proporcionarle herramientas para su reintegración a la sociedad.
Para Pablo Solano, abogado penalista con experiencia en materia penal juvenil, son casos muy excepcionales en los que a una persona menor de edad se le priva de libertad y, afirma, los cabecillas de las organizaciones delictivas se aprovechan de esas condiciones para reclutar a menores, pues conocen bien que las penas son más bajas.
“A los reclutadores se les ha llegado, pero la persona final que termina de materializar el delito es a la que fácilmente se le llega; por eso es que es atractivo el delincuente penal juvenil, porque se sabe que no va a ir a prisión, o en un porcentaje muy pequeño, y cuando van a prisión son penas muy reducidas y muy cortas”, afirma.
Para él, es necesario aumentar la severidad de las condenas, en resguardo de los derechos humanos, tanto para los adultos que reclutan menores de edad como para ciertos delitos graves cometidos por parte de menores.
Asimismo, insiste en la necesidad de contar con estadísticas más precisas sobre delitos cometidos por menores, para así tener sustento para generar mejores políticas de persecución criminal y prevención del delito.
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Por su parte, Montero, coordinador de la Unidad Penal Juvenil, considera que la seriedad de la problemática obliga a tomar acciones inmediatas, aun sin contar con números absolutos o estadísticas más específicas.
“Hay que tomar decisiones del fenómeno porque la deserción escolar existe, la situación de salud (consumo de sustancias) existe, las enfermedades mentales existen y no necesitamos judicializarlas para poder tomar decisiones, porque el hecho de que estén a un brinco de un delito es solo eso, es un brinco″, dice.
Además, defiende que la respuesta para afrontar el reclutamiento de menores de edad para delinquir no está en aumentar la severidad de la pena, sino en las acciones preventivas y la inversión social.
“Yo creo que si el Estado costarricense piensa que una persona no se puede resocializar, no puede cambiar, ni podemos dar las herramientas, significa que el Estado perdió ante la delincuencia. El Estado no puede perder ante la delincuencia. El Estado debe crear las garantías y ganarle a la delincuencia”, indicó.
En la actualidad, en la Asamblea Legislativa se discute el proyecto de ley denominado Ley contra la Delincuencia Juvenil Organizada. La iniciativa permitiría a los Tribunales de Justicia procesar a menores de edad por delitos de crimen organizado, crear un registro penal juvenil con un archivo de personas imputadas y autorizar al OIJ a recolectar, almacenar y utilizar datos genéticos de estos jóvenes.