La donación del Hotel Acapulco, ubicado en Piuta de Limón, fue una de las alertas sobre posible lavado de dinero que llevaron a las autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a desarticular el cartel del Caribe Sur, liderado, presuntamente, por los hermanos Picado Grijalba, alias Shock y Noni.
Luego del amplio allanamiento del 4 de noviembre, que llevó al arresto de 35 personas tras 67 allanamientos en Limón, San José, Cartago, Alajuela y Puntarenas, trascendió que la agrupación poseía bienes muebles e inmuebles de alto valor, incluyendo joyería, autos de lujo, apartamentos y el Hotel Acapulco, valorado en ¢145 millones.
Para ocultar estos bienes, la banda habría recurrido a testaferros; uno de ellos es un imputado de apellidos Miguel Rodríguez.
Según detalla el expediente 21-030208-0042-PE, él era “uno de los encargados de colaborar con la organización en insertar en la economía nacional y en el sistema financiero, así como en la compra de bienes muebles e inmuebles, el dinero obtenido producto del narco actividad a la cual se dedica la organización“.
En apariencia, el grupo narco habría vendido y donado fincas a sus testaferros a través de un sujeto de apellido Hernández, quien es mencionado en el expediente como investigado, pero no aparece en la lista de imputados.
La causa indica que, el 17 de julio del 2023, Hernández le donó a Miguel Rodríguez la finca con el hotel, en el protocolo del notario Jermaine Eduardo Cruickshank, quien fue asesinado por dos gatilleros la noche del 24 de agosto, en el bar restaurante Linda Vista, ubicado en la localidad de Siglo XXI, en Limón.
Dicho hotel está ubicado al costado este del parque gastronómico BayPark. sobre la ruta 240, a unos 300 metros de Playa Piuta.
Según la investigación, esta donación es una “es una operación de gran escala y altamente sospechosa”.
“La donación de un activo con un valor tan significativo sin una relación familiar directa o justificación económica, es un indicador clave de lavado de dinero mediante ocultamiento de propiedad.
“Los métodos de compra de las propiedades mediante la figura de compra y donación, es una estrategia de estratificación. Las donaciones permiten las transferencias de bienes sin una transacción financiera aparente; por otro lado, las compras permiten dar una apariencia de inversión legítima”, detalla el legajo.
En apariencia, Miguel Rodríguez tendría ocho propiedades a su nombre registradas por un valor fiscal de aproximadamente ¢342 millones, lo que fue descrito como una “cartera significativa” para alguien con capacidad económica “cuestionable”.
También, se habría valido de hipotecas para lavar dinero, compra de premios de lotería, simulaciones contractuales y triangulación de bienes que permitían al grupo encubrir u ocultar la trazabilidad patrimonial de los bienes, con la supuesta participación de la abogada y exdirectiva de Incopesca, Anita McDonald, en parte de esas transacciones.
McDonald, suegra de Shock, habría mantenido presuntos vínculos con investigados desde sus tiempos en Incopesca, registra el expediente.
En diciembre del 2015, el gobierno de Luis Guillermo Solís la destituyó de la Junta Directiva de esta institución, luego de que recomendara como asesor de la entidad al empresario limonense Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca, actualmente detenido por presunto robo de combustible y a quien Estados Unidos considera un narcotraficante.
A ella le atribuyen haber facilitado la compra de carros, barcos y motores, aprovechando su investidura de abogada y notaria, incluso reportando transacciones con dinero en efectivo.
Según el tomo uno de su protocolo entregado al Archivo Notarial, donde constan las escrituras que emitió entre el 2017 y mediados del 2021, McDonald emitió 16 escrituras para los sospechosos.