La acostumbrada tranquilidad de la Vieja Metrópoli ha experimentado un abrupto cambio en este inicio de año, ya que Cartago pasó de registrar cinco homicidios en el primer mes y medio del 2025, a contabilizar 12 muertes violentas en este arranque de 2026, según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Esa cifra representa el 15% de los 81 asesinatos perpetrados en todo el país hasta el viernes anterior.
No se trata de violencia al azar, según explica el director interino del OIJ, Michael Soto, ya que en este periodo han detectado una reconfiguración del mapa criminal brumoso. Un bloque opositor, identificado por Soto como “la alianza” —conformada por bandas conocidas como Los Chacales, Los Gordos y Los Gery— que está en pugna por el control territorial frente a la organización hegemónica de la zona: Los Marujas.
Y ese conflicto geográfico, que genera millones de colones al día en venta de drogas, es la causa del baño de sangre en la primera capital que tuvo el país. La disputa se centra en el control del narcomenudeo a lo largo de la zona conocida como el Dique, que tiene una extensión de 10 kilómetros, atraviesa Cartago y divide a la provincia en dos desde el punto de vista criminal.
La pugna se extiende desde el centro de la provincia hasta comunidades como el proyecto Manuel de Jesús Jiménez, en el cantón de Paraíso, Quircot, Llano Grande y San Rafael de Oreamuno, conocido popularmente como Churuca.
La dinámica violenta se viene agudizando desde noviembre del año pasado, hasta escalar a una secuencia de venganzas automáticas. “Matan uno de un lado y luego viene la reacción y matan del otro lado”, detalló Soto sobre el alza de casos entre enero y febrero.
Uno de los casos más llamativos ocurrió el lunes 9 de febrero en el gimnasio Vita Fuerte, donde fue acribillado Jeffrey Giovanny Araya Achio, alias Sayayín, de 34 años, supuesto vendedor de drogas en el área de Quircot y pieza clave de “la alianza”.
El crimen fue perpetrado poco después de las 7 p. m. por un sujeto con casco de motociclista que disparó en reiteradas ocasiones en un gimnasio atiborrado de clientes.
La respuesta de los Maruja fue inmediata y errática: horas después, durante la madrugada del 10 de febrero, un hombre y una mujer fueron asesinados en la entrada al dique La Mora, en La Lima, la hipótesis inicial es que las víctimas habrían sido confundidas con miembros de una banda rival.
“Al confundirlos con miembros de otro posible grupo, cuando llegan en un carro extraño, la gente está tan a la expectativa de una reacción del bando contrario, que mueren dos personas”, lamentó Soto.
El jefe policial adicionó que esta “guerra” tiene un componente irónico ya que los líderes ni se tocan ni se exponen, pues quienes caen abatidos en las calles son jóvenes de los más bajos eslabones en la cadena delictiva. “Aquí los que mueren son los soldaditos, para ellos todos estos muchachitos son desechables, va uno y viene el otro”, sentenció Soto, asegurando que “los cabecillas no se muestran en la calle”.
Esta visión es compartida por el criminólogo y exjefe en el OIJ, Gerardo Castaing, quien advierte sobre el colapso de la seguridad en la provincia. “Se está estableciendo una tiranía de la delincuencia en microtráfico de drogas”, aseguró, enfatizando que ya no son simples homicidios, sino “asesinatos” con ensañamiento y planificación, donde “el narcotráfico decide a quién matan, dónde lo matan y cuándo lo matan”.
Para Castaing, el gobierno debe recuperar las calles y entender que la prevención primaria es responsabilidad del Ejecutivo. “A los 16 años, los jóvenes ya están buscando medios para tener una vida que han visto en las redes y en narconovelas”, advirtió el experto, quien exige mayores recursos logísticos y económicos para que la policía tenga presencia real en los cantones.
Soto concluye que, aunque Cartago no es aún la zona más violenta del país, la situación es “inusual” y requiere una intervención inmediata para evitar que las bandas terminen de secuestrar la paz de los brumosos.
Luego de la seguidilla del lunes y martes pasado, autoridades judiciales y policiales reforzaron su presencia en la cabecera de la provincia, así como Taras y Quircot. En las labores, que han continuado durante el resto de la semana, participan agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Policía de Control de Drogas (PCD), el Grupo de Apoyo Operacional (GAO) y la Unidad Canina del Ministerio de Seguridad Pública.
El viernes, por ejemplo, ingresaron a Los Diques, como parte de las investigaciones posteriores a los homicidios.
Desde esos días, el alcalde local, Mario Redondo, advirtió que el país no puede seguir respondiendo de manera fragmentada a un fenómeno criminal que se ha fortalecido en los últimos años.
“El multimillonario negocio del narcotráfico no se combate con ‘pistolitas de agua’ ni con un país dividido”, lanzó el alcalde.
El jerarca municipal sostuvo que el narcotráfico debe enfrentarse mediante un gran acuerdo nacional que trascienda colores políticos y se convierta en una estrategia permanente del Estado costarricense.
Para ello pidió el fortalecimiento de las fuerzas policiales, dotándolas de más recursos humanos, financieros y logísticos para enfrentar organizaciones criminales con alto poder económico.
