Mario Alberto Quesada, el defensor de un acusado por vender pastillas con fentanilo, aseguró en el juicio que el agente encubierto que participó en la investigación de este caso actuó de forma ilícita.
Quesada argumentó que la Policía de Control de Drogas (PCD) recurrió a un agente provocador, quien incitó a los sospechosos a cometer los delitos, y afirmó que dicha figura debería ser eliminada de las investigaciones en las fuerzas policiales costarricenses.
El abogado hizo esas afirmaciones durante sus conclusiones en el debate contra tres imputados, este miércoles en el Tribunal Penal de Pavas, donde se dictará la sentencia este jueves a las 11 a. m.
“No podría ser admisible esta posición de parte de la Policía, pues su deber debe dirigirse a descubrir a los autores de hechos delictivos, pero no a realizar mecanismos para tentar a las personas a realizarlos y menos provocar la consumación de circunstancias en que la persona inducida no se había planteado con anterioridad, esto es inaceptable”, dijo Quesada, citando una sentencia del Tribunal de Apelación del Tercer Circuito Judicial de Alajuela.
Dicho agente encubierto de la PCD relató a los jueces, el 12 de agosto, la forma en que recibió apoyo de la Agencia de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) para comprar pastillas con fentanilo a la organización, acusada de traficar este potente opioide sintético en Costa Rica, mediante una ruta proveniente de México.
Relató que uno de los vendedores le confió que el grupo agregaba fentanilo a pastillas de éxtasis para generar adicción en los compradores, a quienes se les vendía en distintos puntos de San José.
El grupo fue desmantelado el 21 de noviembre del 2023, tras allanamientos de la PCD en La Guácima de Alajuela, San Sebastián de San José y Tibás, donde en apariencia la organización tenía un laboratorio de fentanilo, el primero descubierto en Costa Rica.
Por este caso enfrentaron el juicio los imputados de apellidos Arroyo Sancho (representado por Quesada), Martínez Gómez y el supuesto líder, Valdivia Sing. Contra los primeros dos, el fiscal Eduardo Dall’Anese solicitó una pena de 14 años de prisión para cada uno, mientras que solicitó la absolutoria en favor de Valdivia, por falta de pruebas.