La resolución del Tribunal Penal de San José, conocida este viernes a las 4:51 p. m. coincidió con lo solicitado por el Ministerio Público desde el 12 de agosto anterior.
Ese día, el fiscal Elías Carranza argumentó, con base en jurisprudencia de la Sala Constitucional, que “no se violentan las garantías de las personas sometidas a este tipo de procedimientos, cuando se ordena su detención hasta que se resuelva de manera definitiva la solicitud de extradición planteada en su contra”.
Mientras tanto, los tres hombres permanecerán recluidos en el módulo de Máxima Seguridad del Centro Penitenciario La Reforma, en San Rafael de Alajuela.
El proceso de extradición se tramita bajo el expediente 25-000071-0016-PE, y la decisión llega un día antes de que se cumplan los dos meses de detención dictados tras las capturas de los primeros ciudadanos costarricenses que son procesados con fines de extradición, tras una reforma constitucional de mayo anterior.
El abogado y exministro de Seguridad, Celso Gamboa, fue detenido en vía pública el 23 de junio pasado, cuando salía de la casa de uno de sus clientes en Escazú. Ese mismo día, Pecho de Rata fue aprehendido cuando permanecía en un restaurante en el Caribe sur del país.
Jonathan Álvarez, por su parte, estaba detenido desde el 17 de junio, pues está implicado en otra causa, conocida como caso Venus, por presunta legitimación de capitales.
Este jueves, en los tribunales de San José, se celebró una diligencia en la que Gamboa Sánchez y Pecho de Rata conocieron la documentación enviada por la embajada de Estados Unidos en la que solicita sean remitidos a una corte del Distrito Este de Texas. Un día antes, el extraditable Álvarez Alfaro cumplió con una diligencia similar.
A la salida de dicha diligencia, la defensora de Gamboa criticó la información que tuvo a la vista.
“No vino prueba como tal, vino solo un resumen entonces no hay prueba, Michael (Castillo) y yo la vamos a revisar mañana (viernes para los lectores) para tener la posición formal de la defensa, mañana no hay visitas en el centro penal y tampoco lo podemos conversar con el cliente, quien es el que va a tomar la decisión sobre nuestra propuesta jurídica”, explicó la abogada Natalia Gamboa.
La defensora agregó que los elementos probatorios entregados por Estados Unidos se limitan a cuatro componentes: “Una fotografía (del extraditable), la orden de arresto, un resumen de la prueba y normas legales que según dijo, “venían incompletas”.
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El resumen de los casos
Gamboa Sánchez está acusado por un gran jurado del Distrito Este de Texas, de fabricar y distribuir cocaína a sabiendas de que sería ilegalmente importada a Estados Unidos, así como de conspiración”.
Ese mismo texto dice que el exmagistrado habría conspirado con otros narcotraficantes internacionales “y les prestó asistencia para fabricar, distribuir y transportar cantidades significativas de cocaína, gran parte de la cual fue traficada a través de Costa Rica y finalmente ingresó a Estados Unidos para su posterior distribución”.
La acusación detalla que, desde 2017 y hasta su captura, el exmagistrado habría participado en operaciones para traficar cocaína desde Colombia, Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala y México hacia Estados Unidos.
Sobre Edwin López Vega, la justicia estadounidense estima que habría colaborado en las operaciones ilícitas de narcotráfico y lavado de activos.
Por su parte, a Jonathan Guillermo Álvarez Alfaro se le investiga por su aparente vínculo con organizaciones criminales como el Clan del Golfo, uno de los principales actores del narcotráfico en Colombia, y el Cartel de Sinaloa, en México.
