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La ausencia de un estudio de vulnerabilidad, solicitado hace dos años y cuatro meses por la defensa de la jefa de Trabajo Social del Área de Salud de Belén-Flores de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Karla Bolaños Brenes, acusada por presunta estafa, obligó al Tribunal de Juicio de Heredia a suspender el debate que debía seguirse en su contra.
El debate estaba previsto para realizarse el 13 y 14 de julio de este año por una causa que se tramita en el expediente 20-001492-0369-PE. El caso se elevó a juicio el 13 de marzo del 2024, tras la audiencia preliminar, y las fechas del contradictorio se notificaron el 24 de abril de ese mismo año.
El legajo señala que, en el 2020, la trabajadora social le habría sustraído a una compañera de trabajo más de ¢25 millones para la adquisición de una vivienda. Hace dos meses, en entrevista con La Nación, la denunciante relató que le entregó a Bolaños montos millonarios en tractos, provenientes de ahorros y préstamos bancarios, pero nunca recibió la casa por la que pagó.
La defensa de la trabajadora social solicitó el estudio de vulnerabilidad desde la audiencia preliminar. Entonces, el Tribunal indicó que el examen debía ser recabado por la Fiscalía y agregado al expediente antes del juicio, como prueba por recabar.
Este estudio consiste en una valoración social que realiza un psicólogo forense o un trabajador social a la imputada, para tomarla en consideración en la fundamentación de la pena, como lo establece el numeral 71 del Código Penal.
Este artículo señala que un juez fijará la duración de la pena de acuerdo con los límites que se establecen para cada delito, atendiendo la gravedad del hecho y la personalidad de la imputada.
Para esa apreciación se toman en cuenta, por ejemplo, condiciones personales, como que la persona sentenciada sea una mujer que se encuentre en estado de vulnerabilidad por pobreza, por tener bajo su responsabilidad el cuido y la manutención de familiares dependientes, por discapacidad o por ser víctima de violencia de género.
A ello, entre otras circunstancias, se agregan características psicológicas, psiquiátricas y sociales. En todos los casos, el diagnóstico debió haber influido en la comisión del delito.
El 9 de julio de este año, cuatro días antes del debate, el Tribunal notificó que el informe no se gestionó y, además de cancelar el juicio, previno al Ministerio Público para que aporte, “a la mayor brevedad posible”, la prueba por recabar, como se estableció hace más de dos años.
Ante consultas de La Nación, el Ministerio Público indicó que la prueba no se llevó a cabo porque ni el Juzgado Penal ni el Tribunal de Juicio, pese a tener el expediente materialmente en sus despachos, gestionaron el estudio de vulnerabilidad solicitado por la defensa.
Largo camino a juicio
Por el caso en el que el juicio fue recientemente cancelado, Bolaños se ausentó de cuatro audiencias en las que le iban a tomar la declaración indagatoria, alegando situaciones médicas, pero sin presentar justificación formal.
La denuncia se presentó en su contra en agosto del 2020, pero la funcionaria de la Caja fue citada para declaración indagatoria en la Fiscalía de Heredia hasta el 12 de mayo del 2022.
Para el 9 de setiembre de ese mismo año, la ahora detenida no se había presentado. El 16 de ese mes alegó, entre otras cosas, que su ausencia se debía a ataques de ansiedad, problemas con el manejo de emociones y dificultad para mantener un discurso coherente, debido a las “calumnias” que decía enfrentar entonces.
Se le citó nuevamente el 3 de marzo del 2023; sin embargo, aunque envió acuse de recibo, no se presentó. Esta vez alegó no recordar la hora de la audiencia y estar en emergencias de un centro médico.
La cita se reprogramó para el 8 de marzo de ese mismo año y tampoco acudió. Entonces alegó que era “peligroso” que ella asistiera, por sus crisis de salud mental.
Entonces, la audiencia se convocó para el 15 de marzo y dijo que tenía covid-19, pero tampoco presentó justificación.
El 21 de marzo del 2023, casi un año después de la primera convocatoria, Bolaños acudió y la causa finalmente se elevó a juicio en abril del 2024.
Este medio acreditó que la funcionaria, pese a alegar problemas médicos, no estuvo incapacitada para ninguna de estas convocatorias. Incluso cuando alegaba estar en centros médicos durante días laborales.
Entre mayo del 2022 y marzo del 2023, cuando decía no poder presentar comprobantes médicos, estuvo incapacitada durante 122 días en diferentes fechas.
Otras causas pendientes
Tras la reciente suspensión del juicio, el Tribunal de Heredia notificó que acumuló al expediente 20-001492-0369-PE la causa 23-001201-0369-PE, porque la persona imputada es la misma y la clasificación jurídica de los hechos es similar. En este expediente del 2023, La Nación acreditó la existencia de al menos dos víctimas; una de ellas fue presuntamente estafada con el pago de una maestría.
La causa 23-001201-0369-PE tiene señalamiento para juicio hasta el 17 de junio del 2027. Entonces se volvería a discutir la causa que se arrastra desde el 2020.
La Fiscalía confirmó en abril de este año a este diario que, además de la causa pendiente de juicio y la que se sumará, originada en el 2023, existen al menos otros tres expedientes penales por estafa contra Bolaños Brenes, por hechos que habrían ocurrido entre el 2019 y el 2025 Dos de estas causas se siguen en la Fiscalía de Alajuela y la restante en Heredia.
La mujer fue arrestada y enviada a seis meses de prisión preventiva el 13 de abril de este año, por una causa que se tramita en el expediente 25-000749-0369-PE. En este legajo, el Ministerio Público presume que la mujer recibió millones de colones de pacientes y otras personas allegadas, como supuesto adelanto por la compra de una casa que nunca se concretó.
