La Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de San José presentó este miércoles ante el Juzgado Penal la acusación en contra de los cinco sospechosos de asesinar al disidente nicaragüense Roberto Samcam Ruiz, el 19 de junio del 2025 en su casa, en Moravia.
El Ministerio Público imputa a cuatro hombres de ejecutar por encargo el homicidio de Samcam y a una mujer de pagar parte de la operación criminal.
Federico Campos, abogado representante de la familia de la víctima, confirmó que ya fueron notificados de la acusación “dándonos el plazo para presentar la querella”, lo cual harán en el tiempo establecido, detalló el litigante.
La pieza acusatoria sostiene que personas aún no identificadas contrataron a los acusados Chaves Medina, Carvajal Fernández, Robles Salas y Orozco González para acabar con la vida del general en retiro y que existió una “promesa remunerada” para ejecutar el crimen, aunque todavía no se ha logrado determinar quiénes ordenaron el homicidio, ni cuánto dinero se pagó.
La investigación señala que el grupo se reunió el 18 de junio de 2025 en una gasolinera en Tibás, donde habrían afinado “los pormenores del plan delictivo” y distribuyeron funciones. Por ejemplo, Carvajal Fernández fue quien ejecutó el ataque.
Para ello, el 19 de junio llegó al condominio Naples, en Moravia, a bordo de un Renault Duster junto con Robles Salas. Mientras que Chaves Medina se movilizaba en una motocicleta y cumplía labores de vigilancia.
La Fiscalía afirma que Carvajal ingresó al residencial aprovechando que el portón estaba abierto. Luego caminó hasta el apartamento donde vivía el ofendido y una vez allí, utilizó un “ardid de engaño”. La acusación indica que llamó a la víctima por su nombre: “Roberto”.
Samcam respondió al llamado. En ese momento, según el expediente, Carvajal sacó una pistola calibre .40 y disparó “en al menos nueve ocasiones” contra la víctima. La Fiscalía sostiene que cinco proyectiles impactaron a Samcam en brazos, piernas y tórax.
El ataque le provocó al general retirado lesiones cardíacas y una laceración de la aorta torácica, heridas que le provocaron la muerte en el lugar. El ente acusador afirma que el presunto sicario actuó “sobre seguro” y que la víctima no tuvo oportunidad de defenderse ni de advertir la agresión.
Vigilancia y fuga
Mientras ocurría el ataque, continúa describiendo la acusación, Chaves Medina permanecía en las cercanías. La Fiscalía sostiene que el encartado custodiaba a los otros involucrados, “a fin de asegurar el plan delictivo previamente acordado”.
Robles Salas, por su parte, habría permanecido al volante del Renault Duster. La pieza acusatoria le atribuye funciones de vigilancia, traslado y apoyo logístico durante la ejecución del homicidio.
Tras el crimen, Carvajal y Robles escaparon hacia la comunidad de el Rodeo, en Coronado, donde abandonaron el vehículo utilizado en la operación y también las prendas supuestamente utilizadas por el sicario.
La acusación indica que a las 8:39 a. m. del 19 de junio de 2025, llegó al mismo sitio el otro acusado, Orozco González, en un Hyundai celeste. Este hombre, apunta la Fiscalía, recogió a ambos sujetos y los trasladó hasta León XIII, en Tibás.
Para el Ministerio Público, Orozco conocía el plan criminal y su función consistió en facilitar la huida de los participantes para asegurar la impunidad del grupo. En cuanto a la quinta acusada, apellidada Chacón Guillén, se le atribuye un delito de favorecimiento real, ya que, según la acusación, hizo dos transferencias mediante BN Móvil a una cuenta bancaria de Orozco González.
Esos movimientos bancarios quedaron registrados con las referencias “Viaje” y “Gasolina”. El Ministerio Público acusa que los depósitos se hicieron “con pleno conocimiento” del asesinato y tenían como finalidad favorecer a los participantes de la operación.
La pieza acusatoria atribuye a Chaves Medina, Carvajal Fernández, Robles Salas y Orozco González de un delito de homicidio calificado. Mientras que la mujer enfrenta una acusación por favorecimiento real.
12 personas, entre testigos, peritos y agentes del OIJ fueron ofrecidos por la Fiscalía para que rindan sus declaraciones durante el debate. Una vez que la familia de Samcan presente la querella, deberá fijarse una fecha para la audiencia preliminar, en donde se determinará si el caso se eleva o no a juicio.
