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Una vecina de Hatillo, cuya identidad mantenemos en reserva por su seguridad, cuenta las presiones que ejerce el grupo criminal conocido como los Lara, con el fin de extorsionar a los pobladores y obligarlos a vender sus viviendas para convertirlas en búnkeres.
“Dejan tubos abiertos para que se inunden las casas y que cuando llegue la policía se mojen o embarrialen. Afectan a los vecinos y los obligan a que vendan. A una señora le ofrecieron ¢8 millones (por su casa de toda la vida). ¿Con esa plata a dónde va a comprar alguien una casa?”, cuestionó la mujer.
Ese es solo uno de los métodos que utiliza este grupo criminal para extorsionar a los ciudadanos. Lo mismo hacen otras estructuras delictivas como los Myrie, en Alajuelita; la banda de alias Chinchón, en Guararí de Heredia; o la de alias Champion, en Santa Bárbara. Las dos últimas fueron desarticuladas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) el 12 y 19 de agosto, respectivamente.
Grafitis con las letras “LL”, de los Lara, detectados por la Policía en Desamparados y la Ciudadela 25 de Julio en Hatillo centro, son las marcas territoriales de esta banda, que hace de las amenazas y extorsiones su modus operandi en comunidades como María Reina y Sagrada Familia, al sur de San José, en donde producto de los conflictos hubo dos asesinatos la semana anterior, entre ellos el de un hombre de apellido Gamboa, de 45 años.
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Los préstamos “gota a gota” y el cobro de “peaje” a ciudadanos y comerciantes a cambio de no ser víctimas de agresiones físicas o vandalismo, son estrategias cada vez más comunes que utilizan los delincuentes para financiar su operación ordinaria.
Dichas pandillas están conformadas por un cabecilla plenamente establecido quien, por lo general, tiene un segundo al mando, así como distribuidores de drogas y encargados de los cobros y amenazas, estos últimos funcionan como sicarios.
“La misma comunidad sabe que son asesinos a sueldo, parte de una estructura que también realizan estas funciones”, explica Michael Soto, subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
La exmandataria Laura Chinchilla (2010-14) advirtió el pasado 14 de agosto, en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, que el delito de extorsión viene en crecimiento en el país e instó a las autoridades a prestarle atención.
Chinchilla sostuvo que la prevención, el Estado de derecho y la policía son pilares fundamentales en cualquier estrategia de seguridad y que deben ir de la mano. Además, especificó a los diputados los mercados criminales que afectan a Costa Rica: la cocaína, los delitos cibernéticos y las extorsiones.
“Les voy a dejar una pequeña inquietud, como si no tuvieran tanto que hacer ustedes, y es que le pongan atención al (mercado) que va a ir creciendo si no se hace algo al respecto, que son las extorsiones y los cobros ilegales por protección”, puntualizó la exgobernante.
Datos del OIJ precisan que entre el 2023 y el 30 de julio de 2025, se recibieron 2.166 denuncias de víctimas de extorsión por préstamos “gota a gota”.
Las provincias de San José y Heredia acumulan la mayoría de casos con 1.057 y 390, respectivamente. Solo en los primeros siete meses de este año, ese cuerpo policial atendió 464 denuncias relacionadas con esta modalidad.
Consultada por La Nación sobre su advertencia, Chinchilla explicó: “Centroamérica se ha convertido en la primera posición a nivel mundial en este tipo de actividad ilícita. Si analizamos los distintos mercados ilegales que existen en Centroamérica, el que ocuparía el lugar número uno, casi más que la cocaína, es la extorsión”.
Además, detalló cómo las bandas están diversificando sus operaciones: “Vemos que muchos de estos grupos criminales, en paralelo a otros negocios ilícitos como el de las drogas, empiezan también a incorporarse en la extorsión organizada”.
Esta actividad es, según la expresidenta, una modalidad de crimen organizado que lo que busca es realizar cobros ilegales a partir de la intimidación, la violencia o la coacción a las personas, cerrarles un negocio, evitar que transiten, amenazar a sus hijos o a su familia.
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Urgencia de dinero
Según un estudio realizado en el 2023 por la Unidad de Análisis Criminal de la Oficina de Planes y Operaciones (OPO) del OIJ, los afectados por amenazas relacionadas con los créditos “gota a gota” son, en su mayoría, hombres (55%), costarricenses (91%), solteros (35%) y con una edad que va de 30 a 39 años (30%).
Pero más allá de las cifras demográficas, el factor común en la solicitud de los créditos informales es la desesperación económica y la exclusión del sistema financiero formal.
“Los principales motivos por los que las personas solicitan el préstamo informal son la urgencia del dinero, no ser sujeto de crédito y tener una mancha en Sugef (Superintendencia General de Entidades Financieras”, detalló la OPO.
La promoción de estos servicios informales se populariza a través de referencias de conocidos, redes sociales, carteles en sitios públicos o números de teléfono pegados en postes del alambrado público.
Lo que originalmente es visto como una solución rápida, termina siendo una pesadilla para quien acude a este sistema de financiamiento. “Estas deudas se vuelven eternas”, explica Michael Soto, subdirector del OIJ. “La persona en algún momento siente que ya pagó su deuda aun con intereses y le siguen cobrando”.
Los métodos de cobro incluyen mensajes por WhatsApp, presión a través de redes sociales, amenazas directas a familiares, daños a viviendas y golpizas.
En casos extremos, llegan al homicidio como le ocurrió a Jeison Gerardo Quesada Murillo, un conductor de plataformas digitales de 23 años que fue asesinado en el 2018 en Naranjo de Alajuela por no pagar un préstamo “gota a gota” de ¢500.000. En agosto del 2023, el Tribunal Penal de Grecia condenó a cuatro hombres y una mujer por ese hecho.
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Control territorial y ‘peajes’
Organizaciones criminales como los Lara y otras similares han desarrollado un sistema de extorsiones más allá de los créditos ilegales. En 2024, de acuerdo con el OIJ, se reportaron 29 casos de extorsión por cobros de “peaje” o “venta de seguridad” a comerciantes, y hasta julio del 2025 ya se contabilizan 17 casos más.
“Ese control tan férreo de las estructuras criminales en los territorios hace que se crean los dueños del lugar”, explica el subdirector del OIJ. “Por eso exigen el pago de ‘peaje’ y pago por la seguridad entre comillas al comercio. Es una forma de buscar lucro dentro de la estructura del crimen organizado”.
Arturo Rosabal, presidente de la Cámara de Comercio, confirmó que algunos asociados han sufrido algún tipo de extorsión o cobro de peaje: “Esos reportes los hemos percibido en empresas del sector comercial que están primordialmente en la zona de Guanacaste. Yo no puedo garantizarle que solo en esa zona se estén dando esos casos”, indicó.
Rosabal aclaró que son reportes aislados, por lo que no se puede generalizar que estén afectando a todo ese sector comercial. “Son normalmente empresas que dan atención al público; el reporte que recibimos fue de una empresa que se dedica al turismo, específicamente turoperadores”, puntualizó.
Por su parte, Marcelo Solano, jefe de la Policía Municipal de San José, confirmó casos en los que dueños legítimos han abandonado sus propiedades por la presión criminal: “Esa casa ahora es usada como búnker”, explicó sobre una vivienda ubicada frente al antiguo salón comunal de la Ciudadela 25 de Julio, que estuvo habitada hasta hace poco tiempo.
Ese salón y el antiguo Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (Cecudi) fueron destruidos el lunes 18 de agosto como parte de una serie de 12 demoliciones programadas por ese cuerpo policial, con el fin de eliminar sitios de venta y consumo de estupefacientes. Estos puntos son controlados por los Lara, con la complicidad de dos sujetos conocidos con los alias de Chiquitillo y Mono o también Chango.
La cifra oculta de casos es muchísimo más alta. “En algunas barriadas donde el crimen organizado está bastante asentado, la gente nos manifiesta que se cobran ‘peajes’. Los comerciantes manifiestan que son extorsionados, pero son realmente pocas las personas que formulan denuncias” debido al temor, agregó Solano.
La vecina de Hatillo que dio su testimonio al inicio de esta historia reiteró una súplica que escuchamos en otras alamedas conflictivas de ese distrito josefino en el que habitan poco más de 60.000 personas: “Por favor hagan una limpieza grande porque antes aquí no era así; el problema es que sueltan a tipos como los Lara, que andan haciendo fiesta, y uno encerrado en la casa”.
