Luego, el presidente Rodrigo Chaves le pidió al ministro que aclarara que el Ministerio de Justicia y Paz “no tiene la competencia legal” para investigar las extorsiones desde las cárceles.
En tanto, Randall Zúñiga, director del OIJ, denunció un debilitamiento de los controles en las prisiones, pues encontraron celulares en celdas de los presuntos cabecillas hasta en máxima seguridad, durante un operativo efectuado este miércoles.
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El ministro Gerald Campos dijo que espera que el OIJ brinde detalles sobre cómo operaba desde la cárcel la banda narcotraficante Curry, desarticulada esta madrugada en un operativo en Limón.
El ministro solicitó a la Policía Judicial aclarar si las órdenes para cometer estos asesinatos ocurrieron luego de que los integrantes de estas bandas recibieron visitas de sus abogados o por llamadas que pudieron hacer antes de que implementaran nuevas reglas en las áreas de Máxima Seguridad, a finales de abril de este año.
“Yo prefiero que el OIJ aclare para ver el momento exacto en que se dio, y si en verdad sucedió lo que el director dice”, refirió Campos.
Randall Zúñiga sostuvo este miércoles que la banda Curry generaba órdenes, desde prisión, de ejecución de asesinatos contra miembros de bandas rivales o, incluso, integrantes de la misma organización delictiva.
“De acuerdo con la investigación, prácticamente todos los homicidios que ocurrieron en este periodo han sido ordenados desde prisión”, añadió Zúñiga.
Zúñiga dijo que al líder de la banda desarticulada este miércoles, George Michael Paniagua Rivera, alias Curry, se le ha decomisado un celular en prisión; mientras que a su aliado, el convicto Tony Peña Russell, alias T, se le han retenido tres celulares en diferentes allanamientos. “No nos sirve de mucho mandar a prisión a una persona con una condena de 23 años y que siga comandando las acciones acá”, agregó.
El jerarca de Justicia informó de que envió una solicitud de información al OIJ para realizar labores operativas entre las dos instituciones, pero le respondieron que no le podían compartir información porque era una investigación propia del Poder Judicial.
En abril anunciaron medidas fuertes en Máxima Seguridad
El pasado 23 de abril, el gobierno de Chaves anunció medidas más fuertes en los circuitos de máxima seguridad: disminución de visitas conyugales y familiares, reducción de encomiendas, platos de alimentos, llamadas telefónicas, entre otros controles.
Además, habilitaron 1.000 espacios para Máxima Seguridad. En este lugar, anunciaron un control más riguroso de los artículos que los reos van a poder recibir y poseer. Con respecto a las llamadas telefónicas, se limitaron a 10 minutos semanales en lugar del libre acceso a teléfonos públicos. Esto se sumó a la eliminación de pulperías y dinero en efectivo en las cárceles.
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En aquella ocasión, el ministro de Justicia aseveró que estas acciones se harían para “garantizar la correcta administración de las cárceles y el proceso de perfilamiento, clasificación y ubicación de personas privadas de libertad”.
El jefe del régimen de contención, Luis Carlos Jiménez, dijo que estas reglas iban a impedir que desde los centros penitenciarios se cometieran delitos como estafas u órdenes de crímenes.
