En pocos meses, varios gobiernos cambiaron el enfoque del debate sobre las redes sociales. Australia prohibió el acceso a estas plataformas para menores de 16 años; Indonesia y Malasia siguieron el mismo camino, mientras otros países estudian restricciones similares.
En Costa Rica, apenas en abril, los diputados de la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia de la Asamblea Legislativa dictaminaron de forma afirmativa el proyecto de ley que establece la prohibición del uso de las redes sociales para las personas menores de 14 años.
El asunto parecía resuelto en términos de política pública, y uno sabe que a veces este tipo de legislación se propaga como por contagio: si funcionó allá, ¿por qué no acá? Pero pronto, organismos internacionales y analistas han corrido a recordar que la limitación del acceso no resolverá por sí solo el problema.
La discusión, afirman, ha dejado de centrarse solo en cuánto tiempo pasan los adolescentes frente a una pantalla para cuestionar el diseño propio de las plataformas. Están hechas para retener nuestra atención a todo costo. Ese es su motor económico.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR) presentó en mayo un marco de diez recomendaciones para proteger a niños y adolescentes en los entornos digitales. El documento sostiene que los riesgos no son inevitables: son consecuencia de decisiones de diseño tomadas por las empresas tecnológicas.
“Los daños que sufren los niños en su seguridad, privacidad y bienestar en los espacios digitales son el resultado de decisiones de diseño y prácticas comerciales que socavan la seguridad, incluidas funciones adictivas como el desplazamiento infinito, la reproducción automática y las notificaciones persistentes”, afirmó el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk.
Para el organismo, las prohibiciones generales tienen límites evidentes. “Limitar simplemente el acceso a plataformas que siguen siendo inseguras no puede ser el punto final”, advirtió Türk, al señalar que muchas restricciones pueden eludirse fácilmente e, incluso, empujar a los menores hacia espacios digitales menos supervisados.
La propuesta de la ONU coincide con un cambio gradual en la investigación científica. Durante años el debate giró alrededor del llamado screen time, pero publicaciones recientes en Nature, The Lancet y las recomendaciones de la Asociación Estadounidense de Psicología (APA) apuntan a que la calidad de la experiencia digital pesa tanto o más que la cantidad de horas conectados.
La psicóloga Candice Odgers, profesora de la Universidad de California en Irvine y una de las investigadoras más citadas sobre salud mental adolescente, resumió esa cautela en declaraciones a Nature: “Los datos son mucho más matizados de lo que sugiere el debate público”.
Para la experta, reducir la discusión a una relación directa entre redes sociales y depresión simplifica un fenómeno en el que también influyen el entorno familiar, la vulnerabilidad previa y el tipo de contenido consumido.
“Hay dos afirmaciones que pueden ser ciertas al mismo tiempo sobre las redes sociales. Por un lado, no hay evidencia de que su uso esté reconfigurando el cerebro de los niños o causando una epidemia de trastornos mentales. Por otro, estas plataformas necesitan reformas profundas, considerando la cantidad de tiempo que los jóvenes pasan en ellas”, explica en su reseña de The Anxious Generation, de Jonathan Haidt.
¿Funcionan las restricciones redes sociales?
Ahora bien, el debate está lejos de cerrarse. En DW, Nandi Vijayakumar, investigadora de la Universidad Deakin, en Victoria (Australia), brinda otra perspectiva: “Hoy gran parte de la vida ocurre en línea, y sabemos que eso ayuda a muchos jóvenes a desarrollar su propia identidad, construir amistades y mantenerse conectados con sus amigos. Algunos incluso encuentran en internet comunidades a las que no tendrían un acceso fácil fuera del entorno digital”.
Y tal vez por ello, no sorprende un estudio recién publicado que halló que 85% de adolescentes australianos no ha dejado de usar redes sociales, tras su prohibición pionera en diciembre. Muchos usan VPN u otras tecnologías que han crecido súbitamente. Es cliché, pero basta prohibir algo para hacerlo popular... todos hemos sido adolescentes.
Nuevamente, el asunto regresa al origen. “El problema no es que los niños estén en las redes sociales; el problema es que las empresas han construido plataformas inseguras desde su propio diseño. Prohibir el acceso a los menores de 16 años corre el riesgo de convertir a los niños en el problema, en vez de enfrentar a las empresas y los sistemas que crean esos riesgos desde el origen”, dice Kerry Moscogiuri, de Amnesty International UK.
La ONU plantea, pues, no una defensa irrestricta de las redes sociales, sino exigir que las plataformas incorporen la protección infantil desde su diseño, con algoritmos más transparentes, evaluaciones obligatorias sobre el impacto en los derechos de la niñez y sistemas de verificación de edad que no comprometan la privacidad.
“Las empresas tecnológicas enfrentan una elección clara: cambiar la forma en que diseñan y operan sus plataformas para proteger mejor los derechos y la seguridad de los niños, o verse obligadas a hacerlo mediante legislación cada vez más restrictiva y sanciones regulatorias”, afirma Peggy Hicks, directora de Participación Temática y Procedimientos Especiales de la OHCHR.
Ahora bien, ya sabemos cómo terminan las propuestas de ejercer control y definir política pública en este entorno dominado por un puñado de empresas de tecnología. Cuatro o cinco firmas determinan los límites de esa intervención estatal; prácticamente solo Europa ha podido ponerles un freno, con consecuencias políticas volátiles.
¿Hay, pues, una salida por esta vía? Y para otra ocasión quedará analizar las implicaciones de restringir redes a menores para la privacidad de los demás ciudadanos.