El objetivo del proyecto es "proteger el desarrollo integral de las personas menores de edad frente a riesgos digitales como el acoso, la explotación, la adicción y la exposición a contenidos nocivos, mediante la regulación del acceso y uso de plataformas digitales".
De aprobarse, la ley se aplicaría a cualquier plataforma o servicio digital que opere o dirija servicios a usuarios en Costa Rica.
Para los menores de 14 años, el acceso a este tipo de plataformas quedaría prohibido. En el caso de adolescentes entre los 14 y los 18 años, el uso sería permitido únicamente si las plataformas implementan medidas robustas y proporcionales de verificación de edad.
Para estos casos, sería obligatorio contar con la autorización expresa y verificable de los padres, madres o encargados legales, conforme a estándares internacionales sobre consentimiento parental.
Obligaciones para las plataformas y encargados legales
La iniciativa impone una serie de obligaciones a las plataformas digitales para las cuentas de menores de 18 años, entre ellas:
- Desactivar por defecto mecanismos adictivos, como el scroll infinito.
- Restringir los sistemas de recomendación basados exclusivamente en métricas de “engagement”.
- Limitar la exposición a contenido nocivo.
- Ofrecer herramientas de descanso y límites de tiempo.
- Implementar detección proactiva de grooming y de contenido sexual o violento dirigido a menores, así como responder de forma prioritaria a requerimientos del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
- Facilitar paneles de supervisión parental con reportes de actividad, límites de tiempo, bloqueo de contactos y un “modo escuela” para horarios lectivos.
- Colaborar con la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) y el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt).
El proyecto también fija deberes para los encargados legales de menores de edad. Entre ellos, se establece la obligación de velar para que los menores de 14 años bajo su responsabilidad no accedan ni utilicen plataformas digitales.
Asimismo, las madres, padres o encargados deberán instalar y mantener activos controles parentales o mecanismos de bloqueo, así como hacer uso de las herramientas de supervisión que pongan a disposición las plataformas digitales.
Fiscalización y sanciones
Las multas para las plataformas que no cumplan con sus obligaciones irían desde 15 hasta 50 salarios base (entre ¢6.933.000 y ¢23.110.000, según la referencia vigente del Poder Judicial, de ¢462.200 por salario base).
En caso de reincidencia, las sanciones serán de entre 30 y 50 salarios base (entre ¢13.866.000 y ¢23.110.000), y las multas diarias por incumplimiento podrían alcanzar hasta 10 salarios base (¢4.622.000).
La Sutel sería la autoridad administrativa encargada de fiscalizar el cumplimiento de la ley, aplicar sanciones y ejecutar medidas correctivas, respetando el debido proceso y el principio de proporcionalidad.
Por su parte, el Micitt asumiría funciones de coordinación normativa y educativa, incluyendo la elaboración de lineamientos técnicos, buenas prácticas y campañas de alfabetización digital en conjunto con el MEP y el PANI.
