Un hombre está acostado en un pedazo de sofá mugriento en medio de un basurero de Los Diques de Cartago. Con las dos manos logra taparse la cara del sol que cae sobre su cuerpo. Está maltrecho, sucio y ni siquiera puede levantarse. Desde la hondonada en la que se encuentra, rodeado de basura y monte, parece el último sobreviviente de un bombardeo.
Hace unos días, cuerpos policiales realizaron un operativo para desmantelar “búnkeres” –lugares donde se vende y consume droga– en varios sectores de Los Diques, en Cartago. Uno de esos búnkeres desarmados ahora sirve de lecho para el hombre tirado en el sofá a la intemperie, anestesiado por las drogas, el sol o la mugre.
“En este lugar les vendían drogas y los dejaban dormir en los colchones”, dice Jorge Flores, agente de la Policía Municipal de Cartago, sobre el búnker desmantelado.
A unos metros de él hay otra persona que apenas se tapa con un colchón. Al subir una pequeña colina se ven unos “ranchitos”, como casas de campaña, de unos 50 centímetros de altura y de un metro y medio de largo, hechos con trozos de madera, plástico, lonas o el material que sea. Adentro también hay vida, pero nadie se asoma: permanecen acostados, protegiendo su intimidad con un pedazo de cartón.
Esta es la entrada de María Auxiliadora, uno de los 17 caseríos que conforman Los Diques de Cartago, una franja de 12 kilómetros que se pretendía usar como contención del río Reventado, pero que desde hace décadas se convirtió en un asentamiento donde malviven al menos 2.500 familias, unas 11.000 personas.
La alcaldía de Cartago asegura que, como los terrenos están bajo la administración del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), la intervención que pueden hacer en el lugar es limitada.
El alcalde de Cartago, Mario Redondo, dijo que Los Diques es una “bomba de tiempo” porque representa un peligro para el cantón de Cartago y para los mismos habitantes de este lugar: sin condiciones sanitarias, en hacinamiento y, sobre todo, con un creciente narcotráfico que ha provocado una ola de adicciones y violencia descontrolada.
Revista Dominical visitó Los Diques el pasado viernes 20 de febrero, con la compañía de la Policía Municipal –solo así se puede ingresar al asentamiento de forma segura–, para constatar cómo se vive en este lugar. Además, consultó a jerarcas de cantones de la Gran Área Metropolitana (GAM) para mapear cuáles son las “bombas de tiempo” que tienen identificadas en cada uno de los cantones.
Los peligros
Los Diques de Cartago empezaron a levantarse por ingenieros estadounidenses luego de las inundaciones de 1963, provocadas por un lahar –una avalancha de lodo y piedras de origen volcánico– en esta zona, donde murieron unas 20 personas y se destruyeron varias casas.
Los expertos Sebastián Granados Bolaños y Adolfo Quesada, del Observatorio del Agua y Cambio Global (OACG), junto a Pascal Girot, director de la Escuela de Geografía, estimaron que la probabilidad de un evento de la misma magnitud —denominado periodo de retorno— se cumplía 50 años después.
Sin embargo, han pasado 63 años y el evento no ha ocurrido, lo cual aumenta la probabilidad de que suceda en cualquier momento, según explicaron los expertos a Semanario Universidad en enero de 2021.
El análisis más conservador plantea un lahar de menor magnitud que afectaría a 265 personas y 134 estructuras del precario. Un evento similar al de 1963 podría afectar a más de 1.200 personas y unas 625 estructuras. Un evento mayor podría alcanzar sectores como San Nicolás o el centro comercial Paseo Metrópoli y bloquear la entrada de la ciudad. Unas 2.000 personas serían afectadas, según estas estimaciones.
Mientras se cierne una posible catástrofe ambiental, desde la década de los setenta el lugar se empezó a llenar de personas en extrema pobreza que habitan la zona en condiciones precarias.
El actual alcalde, Mario Redondo, conoce el sector desde los años ochenta y asegura que en ese tiempo la mayoría de los habitantes eran costarricenses; en la actualidad, calcula que un 70% son nicaragüenses.
Una parte de los terrenos también perteneció a Ferrocarriles de Costa Rica, pero años después fueron abandonados. Hubo iniciativas para trasladar a familias a otras urbanizaciones seguras a mediados de los noventa, pero no se concretaron por falta de seguimiento. El resultado fue que Los Diques se llenaron aún más.
Actualmente, las personas que viven en Los Diques lo hacen de forma insalubre: sin sistema de alcantarillado, por lo que se ve cómo corren las aguas negras por las calles. Todo esto, en medio de una ola de violencia que llegó antes que un eventual lahar devastador.
Intervenciones a los barrios
En una entrevista con el Diario Extra, la presidenta electa, Laura Fernández, dijo que hay precarios que necesitan soluciones integrales, como La Carpio (San José), Martina Bustos (Guanacaste) y Los Diques (Cartago). “Va a ser necesario contar, no solamente con recursos, sino con legislación que nos permita titular, en condiciones excepcionales, en esos precarios”, añadió Fernández.
Dentro de la estrategia de seguridad de Fernández, contenida en su plan presidencial, se incluye una medida de choque: solicitar a la Asamblea Legislativa la suspensión de garantías individuales en zonas con “puntos de calor” criminal, de manera excepcional y con un plazo límite, sin tocar los derechos inderogables, con el fin de contener estructuras violentas.
Aunque Fernández no cuenta con mayoría calificada para aprobar esta medida, está por verse si la nueva presidenta enviará la solicitud a la nueva Asamblea Legislativa. Según el plan de gobierno, el objetivo de esta medida es la contención del crimen organizado y de otros delitos graves como el sicariato y el narcotráfico.
El alcalde de Cartago, Mario Redondo, aseguró que Los Diques es “uno de los puntos más calientes” del cantón y que debería ser intervenido como parte de la estrategia de seguridad del nuevo gobierno de Fernández. “Algunos caseríos son más peligrosos que otros; hay algunos donde se han organizado muy bien y los vecinos impiden que alguien llegue a hacer un búnker”, aseguró.
Alajuela contabiliza 50 asentamientos precarios
En el caso de Alajuela, un cantón con casi 400 kilómentros de territorio, existen al menos 50 asentamientos en precarios, de acuerdo a los últimos informes de la municipalidad.
El alcalde Roberto Thompson dijo que entre los más grandes se encuentran El Erizo, INVU Las Cañas y Los Huevitos, que se encuentra al costado del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. En estos lugares ya han ocurrido hechos de violencia que han motivado varios operativos de Fuerza Pública y Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
“Esto no es un asunto estático, los precarios van creciendo y también van creciendo los problemas sociales y de seguridad”, afirmó Thompson.
El alcalde de Alajuela hizo un llamado al nuevo gobierno para crear mesas de trabajo interinstitucionales que tomen en cuenta a las municipalidades.
“A veces se menosprecia las posibilidades de que los gobiernos locales podamos intervenir, ayudando, aportando, entonces los planes de desarrollo se hacen sin considerar a las municipalidades”, remarcó, y agregó: “Yo espero que el próximo gobierno, en ese sentido, se acerque más las municipalidades para ver cómo abordamos esta problemástica”.
San José: las ruinas del edificio del CNP
La Municipalidad de San José no respondió a tiempo las consultas de esta revista, pero la Policía Municipal de San José lanzó un llamado de urgencia al gobierno para demoler las ruinas del edificio del Consejo Nacional de Producción (CNP), ubicado en Sabana Sur, ya que se ha convertido en un “gran búnker” desde que quedó abandonado en 2021.
El CNP es propiedad del Banco de Costa Rica y del MOPT. Por esa razón resulta difícil que el gobierno municipal pueda intervenir. El director de la Policía Municipal de San José, Marcelo Solano, dijo que en esta propiedad de 22.000 metros cuadrados se registran varios fenómenos delictivos por la gran concentración de consumidores y adictos de calle.
“Si el MOPT y el Banco de Costa Rica, que son los dueños de las ruinas del CNP, no toman la decisión final de derribar esas edificaciones, ahí va a tener usted una gran cantidad de consumidores de drogas amparados en esas ruinas”, denunció Solano, en el programa Nuestra Voz.
El pasado martes 24 de febrero, la Policía Municipal de San José destruyó un “megabúnker” ubicado en El Pochote, distrito Hospital. Al menos 13 extranjeros fueron trasladados a Migración. “Centenares de adictos tienen cada vez menos espacios para delinquir. Los traficantes saben que están en la mira”, dijo Solano.
El alcalde de Alajuela, Roberto Thompson señaló que los precarios son el espejo de los niveles de pobreza y las falta de oportunidades en el país.
“Mucha gente de zonas rurales llegan, con esperanza, buscando oportunidades en la GAM, y ahí se van formando este tipo de asentamientos porque la gente no tiene oportunidades de trabajo, de desarrollarse, de mejorar sus condiciones de vida, y en estos lugares encuentran lo básico: donde vivir”, añadió.
Desde una perspectiva más amplia, Mario Redondo dijo que hace falta una estrategia nacional para abordar los problemas de los asentamientos informales. “A veces es como si cerráramos los ojos y pensáramos que los asentamientos precarios no existen. Y sí existen, y existen muchas veces en el abandono institucional”.
Cerrar los ojos ante lo que se vive en los precarios, casi siempre, genera un escenario fácil de predecir: lo que sucede en estos lugares ignorados tiene efectos en el resto de la sociedad. Una de las consecuencias más palpables es el aumento de la violencia.
Zona caliente
En la cresta de Los Diques está uno de sus puntos más calientes: el caserío La Mora. Se encuentra a tan solo 150 metros del Paseo Metrópoli y su entrada está frente al puente de Los Gemelos, donde en las últimas dos semanas han ocurrido tres asesinatos.
Las calles de La Mora son de tierra accidentada, lo que dificulta el paso de los carros, y se ubican a la par del curso del río bajo el puente Los Gemelos. Hay varias casuchas levantadas con materiales de todo tipo, pero algunas resaltan por su solidez: concreto, techo de zinc, canoas y verjas.
Hay pulperías, puestos de lotería y juegos de máquinas ilegales, y en algunas casas rótulos de alquiler de cuartos. Los vecinos se muestran alertas y miran con recelo mientras el alcalde Mario Redondo camina acompañado de policías municipales. De una casa lo llaman para que entre. Le quieren mostrar a un adulto mayor que permanece postrado en una cama y necesita ayuda.
A una cuadra, los oficiales ejecutan un operativo en un búnker que se estaba empezando a formar dentro de un cauce. A la par de un vehículo abandonado, registran a unos seis hombres, todos con las manos sobre la cabeza, mientras por radiocomunicador preguntan a la central por los antecedentes de cada uno.
Dentro del cauce hay retazos del búnker: bicicletas, colchones, pedazos de sofás. Por el momento no encuentran drogas ni armas. Se cree que los vigías –presentes por todas partes de Los Diques– alertaron antes para que no encontraran rastros de criminalidad.
Fuentes policiales aseguran que Los Diques es un punto de intercambio de mercancía por drogas. Gran parte del asentamiento está tomada por el crimen organizado. “Todas las rutas aledañas sirven para este tipo de sujetos (delincuentes), lo que hace inseguros los barrios aledaños”, apuntó el agente Jorge Flores, de la Policía Municipal de Cartago.
Según datos del OIJ, en lo que va del año se registran 21 delitos cometidos en el distrito de San Nicolás, donde se encuentran Los Diques: ocho asaltos, seis robos, seis robos de vehículos, dos hurtos y un homicidio. Estas cifras son más del triple de las registradas en León XIII, uno de los barrios más calientes de San José, donde hasta ahora se registran seis delitos y ningún homicidio.
En las últimas dos semanas ocurrió un doble homicidio cerca del puente Los Gemelos, frente a la entrada de La Mora, y días después otro joven fue asesinado a balazos. Las autoridades realizaron un operativo en la zona, donde localizaron a una niña de nueve años dentro de un búnker. La menor quedó bajo custodia del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
Martha Wilson es vecina de La Mora. Tiene más de 30 años de vivir en el lugar, pero dice que “nunca se han visto las cosas que se ven hoy”, mientras enseña las huellas de unos balazos en la pared de concreto de su casa, ubicada a pocos metros de la salida del asentamiento.
Wilson, de 52 años, vive con sus tres hijas y un nieto. Asegura que todas trabajan. Cuando se le pregunta si estaría dispuesta a ser trasladada de este lugar, responde: “Es urgente que nos reubiquen, porque este no es un lugar apropiado para tener una vida digna, sobre todo para los niños”.
El trabajo de Wilson está en San José. De modo que cuando regresa a su casa, suele ser de noche. Pero ella dice que entra y sale tranquila porque “camino resguardada por el todopoderoso”.
Barrio Nuevo
El caserío Barrio Nuevo, de Los Diques, está cerca de las vías del tren. Alrededor, las casas se levantan, en su mayoría, con paredes de láminas de zinc y madera. Desde afuera se mira la ropa que ponen a secar al aire libre. El sol pega fuerte porque casi no hay árboles en un terreno seco y árido.
En una esquina se reúne un grupo de jóvenes que observa a lo lejos el operativo de la policía. A unos metros, las autoridades encontraron barricadas –construidas con enormes rocas– para impedir que los oficiales entraran con facilidad a desarticular los búnkeres.
“Esa silla es de uno de los vigías”, dice uno de los policías, mientras señala una chaqueta que también pertenece a estos hombres, o adolescentes, que se dedican a alertar cuando llegan las autoridades a realizar operativos.
Sobre las vías del tren camina como zombi Kattia Solano, de 54 años. Lleva la ropa sucia: un bluyín desgastado y un suéter negro con capucha. Tiene el pelo tieso de días sin bañarse y los ojos completamente rojos.
–¿Dónde vive? –le pregunto.
–Ahí, vea, en ese monte –dice Kattia, apuntando a un matorral al otro lado de las vías del tren, donde se ven unos pedazos de cartón sobre los que duermen ella y su hija de 27 años. Ambas son adictas.
–¿Qué drogas consumen?
–De todo, de todo… Aquí se encuentra de todo.
Solano cuenta que vivía con su pareja en un ranchito de Los Diques, pero el hombre también se drogaba, la golpeaba y la maltrataba. “Por eso me fui, y ahora vivimos en la calle”.
En sus manos tiene una panita vacía con la que se comió un arroz que le acaban de regalar. Se sienta sobre las vías del tren porque, dice, quiere alejarse del barrio. Pero unos minutos después se pierde entre los callejones de Los Diques.
