En menos de un año, el gobierno de Rodrigo Chaves pasó de proponer cárceles de carpas a anunciar la construcción de una megacárcel inspirada en el modelo penitenciario de Nayib Bukele.
El viraje repentino marcó un giro en el discurso oficial sobre el sistema carcelario. La apuesta, sin embargo, navega en la incertidumbre. No hay terreno definido, no existe financiamiento asegurado y persisten dudas sobre su viabilidad técnica. ¿Qué impulsa entonces esta última propuesta de infraestructura? ¿De dónde salió?
Se necesitan más espacios y de eso no hay duda. Lo sabemos porque desde hace años se ha alertado sobre la sobrepoblación carcelaria y gobiernos anteriores han sufrido este problema... con consecuencias políticas notorias.
Actualmente, el sistema alberga a 17.452 personas privadas de libertad, con una sobrepoblación de 27,04% en 11 centros penitenciarios. Cada cierto tiempo revientan las consecuencias. En septiembre de 2021 estalló una crisis por la saturación carcelaria: decenas de reclusos permanecían en celdas judiciales y no se podían trasladar a los centros de Adaptación Social, porque ya no cabía una persona más.
El problema responde a décadas de rezago en la inversión en infraestructura penitenciaria. Así, el gobierno Chaves Robles heredó una crisis gestada por años y que debía asumir con premura.
Sin embargo, durante los primeros dos años de la administración, no se anunciaron propuestas concretas de un nuevo centro carcelario, aunque se comunicaron intenciones de remodelar y mejorar las instalaciones ya existentes.
Hasta el tercer año de gobierno trascendió —y no por anuncio oficial— una propuesta insólita para levantar cárceles de carpas para privados de libertad de menor peligrosidad, para liberar espacio adicional para los más peligrosos. La propuesta se estrelló en menos de un mes en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.
Las carpas inéditas
Esta primera idea se recuerda así. Era 11 de julio de 2024. Rodrigo Chaves anunciaba la salida número 58 de su gabinete en los 26 meses desde que comenzó la administración. Fue el jerarca saliente quien destapó las cárceles de carpas.
Exleine Sánchez Torres, abogado de 50 años con trayectoria en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), se desempeñaba como viceministro de Justicia. El mismo día que fue destituido se opuso al proyecto de carpas, desconocido hasta entonces, pero que no tardó en revelar.
Tan solo cinco horas después de que Zapote anunció su salida, el ahora exviceministro le dirigió una carta al jerarca de Justicia, Gerald Campos: “Señor ministro, como policía y como conocedor del Sistema Penitenciario, estoy convencido que es una decisión alejada de una posición sensata”.
Entre sus inquietudes, citó una fallida propuesta con características similares a las que Justicia respaldó: el fracaso de la “Ciudad de las carpas”, en Maricopa, Arizona. Se trataba de un centro penitenciario construido con ese material, que cerró sus operaciones debido al alto costo que implicaba su funcionamiento y mantenimiento.
Sánchez no fue el único en externar su oposición. El director de la Policía Penitenciaria, Nils Ching Vargas, señaló que el proyecto no reunía las condiciones mínimas de seguridad y contención para albergar privados de libertad, sin importar sus perfiles.
¿De dónde salió la idea? Dos gerentes de Datasys, una empresa de proyectos tecnológicos con numerosos contratos en el Estado, fueron quienes contactaron al ministro de Justicia con la empresa española de carpas, ARPA, con sede en Zaragoza, para que esta presentara su oferta. La reunión se efectuó en el despacho del ministro el 7 de marzo de 2024.
Del 29 de junio al 7 de julio el ministro viajó a España a visitar la fábrica de la empresa, pero en su viaje de una semana no acudió a centros penitenciarios construidos bajo este modelo (no se conoce que funcione ninguno en ese país). El proyecto de carpas no contaba estudios técnicos de ningún tipo para respaldarlo.
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El 7 de agosto de ese mismo año, los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa rechazaron la incorporación de los ¢2.684 millones que costaría el proyecto al Presupuesto Nacional de 2024. Por el contrario, establecieron que los fondos debían destinarse al diseño y construcción de unidades de concreto.
Apenas el 16 de julio, Chaves defendió la propuesta de construir carpas y aseguró que no había presupuesto para megacárceles. Por su parte, Gerald Campos negó a Revista Dominical hace menos de dos semanas que el proyecto se tratara de carpas; aseguró que eran “modelos livianos”, pero no especificó sus diferencias.
Ese fue el único proyecto penitenciario que propuso el Poder Ejecutivo en toda su gestión, al menos de conocimiento público, hasta ahora.
De pronto, en noviembre de 2024, cuando ya las carpas se diluían en la discusión pública, Nayib Bukele aterrizó en Costa Rica en una visita oficial que incluyó un agasajo en el Teatro Nacional. Chaves lo calificó como “experto” en temas penitenciarios y de combate a la criminalidad, al tiempo que elogió la “megacárcel” que construyó su gobierno. En aquella visita se firmaron cuatro memorandos de entendimiento que El Salvador “pidió incluir la cláusula de confidencialidad” y que solo trascendieron por medios salvadoreños.
Hace unas semanas, Gerald Campos de pronto se quedó sin una plaza en el Poder Judicial. La Corte Plena le negó el permiso al ministro para seguir en el Poder Judicial y anunció su renuncia. Apenas 17 días después de protestar contra el fiscal —su colega—, Campos apareció en El Salvador, visitando una de las cárceles “más seguras del mundo”: el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).
Desde 2023 el Cecot ha sido el símbolo de seguridad carcelaria y lucha contra las maras, pero desde su inauguración, ha recibido fuertes cuestionamientos sobre violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
“Vamos a tomar todas las buenas prácticas y ver cómo las podemos llevar a un buen término en nuestro sistema jurídico (...) Necesitamos reformar nuestras cárceles”, dijo Campos el 4 de abril durante su recorrido por el Centro.
Entonces, comenzó a resonar que, quizá, una propuesta venía en camino.
De carpas a megacárcel
Pocos días después, bajo el sol de Atenas, durante el Consejo de Gobierno del 9 de abril, Campos prometió el que será, posiblemente, el último intento del gobierno de levantar un centro penitenciario durante su administración. Sobre una tarima y al lado de Rodrigo Chaves, el jerarca explicó que será una megacárcel que tardará 195 días en construirse, una vez que se coloque la primera piedra sobre el terreno.
Campos afirma que será similar a la cárcel salvadoreña, pero con algunas diferencias. La principal, claro, es que el Cecot alberga a 40.000 privados de libertad, mientras que en Costa Rica serán 5.000.
Pese a que Campos aseguró al medio El Observador que la intención era dejar el proyecto finalizado, ante consultas de La Nación, 19 días después, indicó que “nunca dijeron” que el proyecto se concretaría durante la administración Chaves Robles. Los detalles de la nueva cárcel se desconocen y su destino es incierto.
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Según explicó Campos, El Salvador otorgó a Costa Rica el acceso a los planos para construir el Cecot y esto representaría un ahorro de $25 millones al proyecto inicial, que tenía un costo de $60 millones.
Es decir: según el ministro, los planos por sí solos costarían el 42% de la totalidad del proyecto, una cifra muy inusual. También costaría dinero realizar la adaptación al terreno previsto en Costa Rica, pero la localidad tampoco ha sido definida. Desde el 10 de abril se solicitaron los documentos a Justicia y al cierre de esta nota no hay respuesta.
“Es impensable que usted, haciendo administración de una institución como esa (Justicia), se espere a cuando faltan 11 meses para anunciar la construcción de un centro penal. Hasta ahora, todo lo que he escuchado me parece que es una tomadura de pelo”, afirmó Marco Feoli, exministro de Justicia.
Para Cecilia Sánchez, quien fue ministra de Justicia y directora del Instituto Latinoamericano para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (Ilanud), “se trata solo de una respuesta punitivista, que posiblemente brinde réditos electorales”.
Desde el 10 de abril, RD había pedido una entrevista con Campos para aclarar dudas sobre el financiamiento y los detalles del proyecto, pero pese a que acudió a varios medios de comunicación a promover la cárcel, fue hasta el 30 de abril que accedió a conversar en su despacho.
Una entrevista con pocas respuestas
Dos grandes puertas de madera se abrieron y nos recibió una larga mesa, rodeada por dos ventanales. Campos tomó asiento en el extremo del tablero. A continuación, una serie de preguntas con escasa transparencia y sin respuestas claras.
Desde su silla, ante la consulta sobre terrenos propiedad del Ministerio de Justicia y Paz con estudios de suelo, factibilidad, permisos, entre otros, listos para construir, respondió que “tiene terrenos”, pero se negó a revelar cuántos son, sus características y la ubicación donde se levantará el centro. Afirmó que los detalles se darán a conocer un miércoles, durante la conferencia de prensa habitual de Casa Presidencial, algo que repitió una y otra vez durante la conversación. No sabe en qué fecha será, pero el asunto no fue mencionado este 7 de mayo.
Pese a que no reveló detalles del terreno, confirmó que el diseño de la cárcel estaba ya finalizado y que se elaboró con base en los planos del centro penitenciario en El Salvador. Al ser consultado sobre el costo que implicó rediseñar toda la estructura, insistió en que un equipo de ingenieros y arquitectos del ministerio trabaja en ello. Omitió referirse a cifras.
Tampoco hay claridad sobre la viabilidad económica para construir el centro. “El diseño ya lo tenemos hecho, es algo que vamos a anunciar una vez que tengamos la viabilidad económica de cómo lo vamos a resolver”, dijo. Sentado en el extremo de la mesa, el jerarca aseveró que podría financiarse mediante presupuestos extraordinarios o, que bien, “puede ser que algún gobierno nos done los $35 millones”.
Se negó también a referirse a posibles donantes, negociaciones en curso y el tipo de contratación por la cuál se inclinaría. Si fue claro en asegurar que la Contraloría “va a tener que cargar sus muertos”, discurso que sostuvo Chaves durante su visita a La Reforma el 2 de mayo: “no me sorprendería” que la contralora Marta Acosta trabara el proyecto, dijo el mandatario.
Por supuesto, al tratarse de una licitación mayor, un proyecto de esta envergadura requeriría de amplios estudios y valoraciones, justamente de parte de la Contraloría. Aún más, si el dinero fuera un préstamo internacional o un presupuesto extraordinario, tendría que pasar por la Asamblea Legislativa, sumida en año electoral y sin ministro de Presidencia que negocie por el gobierno.
Campos detalló que no está en sus planes contratar nuevo personal para esta nueva megacárcel, pues apostará por un modelo en el que la infraestructura brinde la seguridad y el personal el acompañamiento.
“El Salvador tiene 800 policías para una cárcel de 40.000 (privados de libertad), y nosotros tenemos 4.500 (policías) para un total de 17.500 (...) Contamos con personal”, dijo con confianza.
Para el exministro Marco Feoli, no contratar personal “refleja un absoluto desprecio a los problemas que tiene el sistema penitenciario”. La Defensoría de los Habitantes alertó en setiembre de 2024 que las cárceles atraviesan una “crisis” por “serias limitaciones presupuestarias” que impiden una operación ideal de los centros. El personal carcelario sufre agotamiento, señaló el ente.
Angie Cruickshank, defensora de los Habitantes, confirmó a Revista Dominical que abrirá una investigación para determinar si la propuesta del gobierno cumple con los estándares mínimos internacionales con los que debe contar un centro penitenciario.
Menos de un año
A escasos meses de que culmine la administración Chaves Robles, Campos dice que ha trabajado en el proyecto de una nueva cárcel desde hace más de un año. Explicó que los $60 millones del proyecto inicial se negociarion con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la visita a El Salvador fue lo que logró bajar los costos.
La propuesta con el BID no sale en la lista de proyectos de infraestructura penitenciaria, tanto previstos como ejecutados durante la administración 2022-2026, que RD solicitó a Justicia. Campos justificó que el proyecto no tiene que venir establecido desde un inicio para poder desarrollarse. En todo caso, como es de costumbre, señaló a la Asamblea Legislativa como el ente que no dejó al Ejecutivo trabajar cuando presentó el proyecto de carpas.
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“Tengo la sensación de que los anuncios que se hicieron la semanas pasadas alrededor de este tema ni siquiera llegan a la luz de una política pública, sino al script de un reality show (...) Si se hubiera tenido planificado hace un año, al día de hoy, por lo menos, ya se habría definido el lugar”, cuestionó Feoli, exjerarca de Justicia.
Campos negó que el anuncio de esta nueva propuesta, basada en el modelo que visitó en abril y a pocos meses del arranque de la campaña electoral, responda a un interés político.
El modelo Bukele
El Cecot abarca el equivalente a siete estadios de fútbol y, una vez que un detenido cruza sus puertas, sabe que nunca más volverá a vivir en libertad. Ni siquiera tienen derecho a un abogado.
Fue construido en menos de 200 días porque, en abril de 2022, la Asamblea de ese país aprobó un decreto que liberó al gobierno de la obligación de someter la ejecución de obras a concursos y licitaciones mientras esté vigente el régimen de excepción.
Esto —reportó el medio salvadoreño El Faro— permitió al gobierno de Bukele adjudicar contratos directos y ocultar toda información sobre montos.
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Sin embargo, no es el único centro penitenciario. “Es la joya más brillante entre un archipiélago de prisiones”, así lo describe El Faro.
La declaratoria del régimen de excepción en 2022, desencadenó detenciones masivas que superan ya las 80.000 personas, una cifra que responde a la orden de cumplir con una cuota diaria de capturas, sin importar si podían o no atribuir delitos a los detenidos, incluso en sitios donde no operaban las pandillas, como en Ciquera. Así lo reveló el medio salvadoreño.
Desde entonces, tanto El Faro como organizaciones de derechos humanos, han determinado que el sistema carcelario en ese país se rige por políticas de tortura, privación de acceso a servicios médicos, incremento en casos de tuberculosis y 375 muertes de privados de libertad.
La detención de personas inocentes ha sido también la constante. En febrero de este 2023, una investigación del citado medio reveló que Zaira Navas, exinspectora general de la Policía, planteó que: “El porcentaje de pandilleros capturados durante el régimen no llega ni al 30 %, y que el resto, la mayoría, son civiles”.
A diferencia de esta realidad marcada por la represión, en un país como Costa Rica, sin pena perpetua, uno de los desafíos principales de un centro penitenciario es rehabilitar a los privados de libertad para que, una vez fuera, encuentren oportunidades para reintegrarse a la sociedad.
En este país, el Reglamento del Sistema Penitenciario Nacional regula el sistema en una serie de principios, entre los cuales destaca el de la inserción y atención de calidad, el cual establece que la administración penitenciaria debe brindar las herramientas que garantizar la inserción social de las personas privadas de libertad.
Para la exministra Cecilia Sánchez, el concepto de megacárcel es “una de las peores ideas” si el objetivo del sistema penitenciario es la resocialización. Las multitudes dificultan una atención más directa para garantizar que los privados de libertad reciban lo necesario para regresar a la sociedad.
Maureen Esquivel, líder de la agrupación Familia Penitenciaria Unida, que representa a los privados de libertad y sus familiares, relata que eso no está sucediendo con los centros que están ya construidos.
“El sistema penitenciario falla con los temas de hacinamiento, no hay suficiente personal técnico, psicólogos, gente de jurídicos y demás. Hay muy pocas personas (profesionales) en las cárceles que tenemos”, cuenta.
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Para ella, el Estado no tiene las herramientas para lograr la rehabilitación de sus reclusos y, quienes salen adelante, muchas veces lo hacen por el apoyo de sus familias, que afuera aguardan con oportunidades. A otros los espera la calle y vuelven a delinquir.
“Yo creo que hay mucha gente que quiere salir a tener una segunda oportunidad (...) Es importante no perder el eje de que el fin de estas sentencias es rehabilitar. Si no se cumple, es un fallo del sistema penitenciario”, agregó.
Hasta el momento, el rumbo que seguirá el proyecto de la megacárcel es incierto. Familiares de los presos aguardan en vilo, mientras las autoridades buscan la viabilidad económica y legal para levantar la estructura.