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La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) advirtió que las afirmaciones públicas sobre entidades financieras deben basarse en evidencia verificable, ya que podrían generar riesgos para el sistema financiero nacional, especialmente cuando se trata de bancos de importancia sistémica como el Banco de Costa Rica (BCR).
La posición del ente supervisor surge luego de que la presidenta electa, Laura Fernández, defendiera la venta del BCR durante una conferencia de prensa ofrecida el lunes 2 de febrero, un día después de resultar victoriosa en las elecciones nacionales. En esa actividad, Fernández afirmó que el banco debe venderse “antes de que quiebre, antes de que caiga por crisis de problemas de corrupción y eventuales malos manejos”.
Fernández enfatizó que todos los recursos de la venta del BCR se utilizarían para capitalizar el régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Ante consultas de La Nación, la Sugef explicó que el BCR forma parte del grupo de bancos catalogados como de importancia sistémica, debido a su tamaño, su nivel de interconexión con otras entidades y su peso dentro de la economía nacional. Por esa razón, cualquier información que ponga en duda su solidez puede generar efectos que trascienden a la propia institución y afectar al sistema financiero en su conjunto.
“Las afirmaciones que se realicen sobre una entidad financiera deben basarse en evidencia verificable con el fin de asegurar la protección del ahorrante, y en el caso de los bancos sistémicos la importancia de realizar esta validación es aún mayor dado que el potencial efecto negativo que se puede causar sobre una entidad de estas características puede resultar en un riesgo para el sistema financiero como un todo”.
La Superintendencia añadió que la condición de banco estatal introduce un elemento adicional de riesgo, ya que el Estado actúa como garante último de los depósitos. En un escenario extremo de deterioro financiero, esa garantía tendría que hacerse efectiva para evitar un impacto mayor sobre los ahorrantes y el sistema, trasladando el costo a las finanzas públicas.
“Particularmente, en el caso de un banco estatal, un riesgo materializado podría implicar impactos fiscales relevantes al tener que hacer efectiva la garantía del Estado, con las implicaciones correspondientes a nivel económico para el país”.
La Sugef recalcó que su labor de supervisión busca prevenir este tipo de escenarios y proteger la estabilidad financiera, por lo que insistió en la necesidad de que los señalamientos sobre entidades reguladas se formulen con sustento técnico y evidencia comprobable.
