EscucharLa Sala I de la Corte Suprema de Justicia ratificó la primera sanción a un banco en Costa Rica por incumplir la ley antilavado aprobada en mayo del 2017. El castigo recayó sobre el Scotiabank y consiste en una multa de ¢1.171 millones.
Este caso comenzó en noviembre del 2014, cuando la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) abrió un proceso administrativo contra Scotiabank por aceptar el ingreso de $6,6 millones provenientes de presuntos sobornos pagados al expresidente de Perú, Alejandro Toledo, de parte de la constructora brasileña Odebrecht.
En abril del 2018, la Sugef y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) dictaron un acto sancionatorio contra Scotiabank, que incluyó la multa de ¢1.171 millones, equivalente al 0,5% del patrimonio reportado por la entidad en marzo del 2013.
El banco presentó una apelación ante el Tribunal Contencioso Administrativo para dejar sin efecto la sanción y el pago de ¢30 millones por indemnización. No obstante, en mayo del 2020, los jueces declararon sin lugar la petición.
“La entidad bancaria incurrió en la falta prevista de la Ley 7.786 y sus reformas, por incumplimiento a las obligaciones contenidas en ese mismo cuerpo normativo. Es claro que las operaciones descritas pueden ser calificadas como sospechosas”, indicó el fallo N.º 38-2020-V, en esa ocasión.
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Alegatos sin fundamento
En consecuencia, Scotiabank presentó un recurso de casación ante la Sala I, que es la última instancia de apelación.
Tras analizar el fallo del Contencioso Administrativo, los cinco magistrados declararon sin lugar el recurso, el pasado 2 de abril. Así consta en la resolución N.° 310-F-S1-2024. Los jueces consideraron que los siete reclamos esgrimidos por el banco carecían de fundamento, dejaron en firme la sanción y lo condenaron el pago de las costas del proceso judicial.
Ante una consulta de La Nación, Scotiabank informó de que serán respetuosos del fallo de la Sala I: “Alineados a los valores de responsabilidad e integridad que guían nuestra operación, en todo momento hemos sido respetuosos del debido proceso de las autoridades, conforme a los principios fundamentales de un Estado de derecho”.
La Sugef por su parte, resaltó la importancia del fallo para la regulación de las entidades financieras. Explicó, ante una pregunta de este diario, que la aplicación de la ley antilavado es un elemento positivo ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una entidad que promueve acciones para impedir el lavado y el financiamiento al terrorismo.
Para el GAFI, la aplicación de la ley antilavado es una muestra de la efectividad del marco sancionatorio costarricense. Esto, a su vez, aleja al país de la “lista gris” de naciones no cooperantes en materia económica, bancaria y fiscal.
$6,6 millones de Toledo ya pertenecen a Costa Rica
Los $6,6 millones (¢3.600 millones) provenientes de supuestos sobornos pagados al expresidente de Perú, Alejandro Toledo, de parte de la empresa Odebrecht, ya pertenecen al Estado costarricense. La decisión fue tomada por el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, el 28 de abril del 2023.
Ese monto le pertenecía a la sociedad Ecostate Consulting Group S. A., la cual está vinculada al empresario peruano-israelí Josef Maiman. Ecostate aparece en el Registro Nacional presidida por Sabih Saylan, conocido en Perú como la mano derecha de Maiman.
Este empresario habría sido el receptor del dinero de los sobornos de la empresa constructora Odebrecht a Toledo, quien gobernó Perú entre el 2001 y el 2006. El pago fue a cambio de ganar un contrato para construir la carretera Interoceánica entre el país andino y Brasil.
Junto a Toledo, los encausados eran su suegra, Eva Fernenbug, y el encargado de seguridad durante su gobierno, Avi Dan On.
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