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El banco Scotiabank pagó la multa de ¢1.171 millones que le impuso la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) por incumplir la normativa contra el lavado de dinero en el país.
La entidad bancaria hizo el depósito el 13 de junio, seis días después de que el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda le rechazó la medida cautelar con la que pretendía frenar ese desembolso.
El castigo económico fue impuesto en abril del 2018 y se relaciona con el ingreso de al menos $6,5 millones (¢3.867 millones) a una cuenta bancaria de esa entidad financiera en el país. Se presume que ese dinero corresponde a sobornos pagados al expresidente de Perú, Alejandro Toledo (2001 y el 2006).
Los ¢1.171 millones se depositaron en una cuenta especial a nombre del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), tal como lo establece la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo (Ley 8204).
Así lo confirmó el jerarca de la Sugef, Bernardo Alfaro, y el director del ICD, Guillermo Araya, ante consultas de La Nación.
Esos recursos solo podrán ser usados por el ICD para el desarrollo de “políticas, estrategias y a la ejecución de los programas preventivos”, según el artículo 81 de la Ley 8204.
Guillermo Araya explicó que ese dinero no se puede ejecutar de manera inmediata, ya que primero la institución debe justificar en cuáles iniciativas se va a utilizar y, además, cumplir con lo estipulado en la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos.
Por su parte, Diego Masola, vicepresidente ‘senior’ de Scotiabank para Centroamérica, afirmó que el pago se hizo “de forma voluntaria y bajo protesta”, e insistió en que el banco mantiene “la solvencia económica para hacer frente a este pago, sin alterar la posición financiera" de la operación en el país.
"Queremos poner en evidencia la confianza y compromiso que tenemos con Costa Rica, con las autoridades y con el debido proceso, en apego a la legislación nacional.
“Realizamos el pago de forma voluntaria y bajo protesta al mismo tiempo, porque no implica una aceptación de los hechos, por lo que continuaremos el proceso legal hasta las últimas instancias que la ley nos permite, para defender nuestros derechos”, dijo Masola.
En la vía contenciosa
Si bien Scotiabank ya pagó la millonaria sanción, todavía existe la posibilidad de que ese dinero le sea devuelto y con intereses, pues actualmente está en trámite la demanda que la entidad interpuso ante el Contencioso Administrativo para tratar de dejar sin efecto la multa.
"La entidad no apeló (el rechazo de la medida cautelar), y en este momento nos encontramos en la etapa de contestación de la demanda contencioso administrativa”, explicó Bernardo Alfaro, de la Sugef.
Scotiabank acudió a la vía contenciosa luego de que el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) dejara en firme el castigo de la Sugef, a principios de este año.
El banco desembolsó los ¢1.171 millones, a pesar de que en la solicitud de medidas cautelares su apoderado generalísimo, Juan Carlos Castro Loría, aseguró que el pago de esa multa ocasionaría “daños irreversibles” en la “trayectoria, credibilidad, confianza y buen nombre” de la entidad financiera.
Al mismo tiempo, Castro Loría adujo que “tendrá efectos negativos para los 1.850 empleados que laboran con su representada”.
No obstante, en esa oportunidad, la jueza Yetty Hernández Orias concluyó que la entidad se basó en suposiciones y no logró comprobar, con hechos y documentos, la eventual afectación.
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Sobornos millonarios
De acuerdo con la justicia de Perú, a Scotiabank Costa Rica ingresaron, por lo menos, $6,5 millones que se sospecha podrían ser parte de los sobornos pagados a Alejandro Toledo.
Jorge Barata, exgerente de la constructora brasileña Odebrecht en suelo peruano, declaró que pagó $20 millones al exgobernante a cambio de ganar un contrato para construir la carretera Interoceánica entre el país andino y Brasil.
Se trata de una megaobra de 2.000 kilómetros (km), presupuestada inicialmente en $1.000 millones, con la cual se comunicaría el Pacífico con el Atlántico.
La justicia peruana sospecha que el dinero en Costa Rica tiene una procedencia ilícita, sea de este u otro presunto soborno.
Según una publicación del diario La República, de Perú, los $6,5 millones están en una cuenta a nombre de la sociedad anónima Ecostate Consulting S. A. en el banco Scotiabank.
Esa sociedad está vinculada al empresario peruano-israelí Josef Maiman, a quien el exgerente de Odebrecht, Jorge Barata, identificó como el receptor del dinero de los sobornos al expresidente de Perú.
Una certificación del Registro Nacional costarricense, indica que Ecostate es presidida desde el 2013 por Sabih Saylan, conocido en Perú como la mano derecha del empresario Maiman.
