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El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, y su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, firmaron este jueves un acuerdo denominado “Alianza Escudo de las Américas”, que alienta la cooperación en seguridad y a la cual desean que se sumen otros países de la región.
El acuerdo permitirá “compartir experiencias en la lucha contra las pandillas”, en medio de una fuerte ola de inseguridad y homicidios que enfrenta Costa Rica.
“Lo que estamos haciendo es prestarles toda nuestra experiencia, conocimiento y lo que hemos logrado acá para que ustedes lo apliquen dentro de lo que consideren conveniente”, dijo Bukele tras la firma del documento en la residencia presidencial de campo en el Lago de Coatepeque, 60 km al oeste de San Salvador.
El mandatario salvadoreño agregó que puede “ayudar a Costa Rica con su experiencia” en el “desmantelamiento de las estructuras criminales”, con el manejo de las cárceles y “las reformas de ley necesarias para poder erradicar el crimen”.
Visita a El Salvador
Durante su visita de dos días, Rodrigo Chaves tiene previsto recorrer la megacárcel Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), que Bukele suele mostrar a invitados especiales.
Con capacidad para 40.000 presos, el Cecot es considerado el penal más grande de Latinoamérica. Allí hay unos 15.000 internos acusados de pertenecer a las violentas pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, pero organismos de derechos humanos cuestionan las duras condiciones de reclusión.
En Costa Rica, el Ministerio de Justicia planea construir una nueva cárcel en San Rafael de Alajuela: el Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO). El costo de inmueble será de casi ¢17.000 millones ($33,1 millones).
Por su parte, Rodrigo Chaves volvió a arremeter contra el Poder Judicial: “Lo que yo sí quiero y me confieso (...) es que mi país cambie al Poder Judicial, que cambie nuestras leyes para que los ciudadanos salgan de las cárceles de sus casas y los criminales se queden en la cárcel”, sostuvo.
En marzo de 2022, Bukele le declaró la guerra a las pandillas amparado en un régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial y que es criticado por organismos humanitarios.
El Salvador acumula poco más de 90.000 presuntos pandilleros detenidos, aunque unos 8.000 fueron liberados por falta de pruebas, según las autoridades.
