El Ministerio de Justicia y Paz lanzó una contratación de urgencia para adjudicar la construcción de la megacárcel impulsada por el gobierno de Rodrigo Chaves, conocida oficialmente como Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (Cacco).
La licitación por ¢19.878.621.485, tramitada bajo el expediente 2025XE-000004-0006900001, fue publicada este martes 14 de octubre en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop). El proceso se encuentra en la fase de recepción de ofertas, la cual culmina el 22 de octubre.
El proceso excepcional fue avalado el 3 de octubre por el ministro de Justicia, Gerald Campos, mediante un oficio en el que se instruye invitar “exclusivamente” a tres empresas, “cuya idoneidad técnica y financiera fue acreditada”, en un informe ejecutivo del 4 de agosto.
Las firmas que tendrían la puerta abierta para participar en la adjudicación son:
-Constructora Navarro y Avilés S.A.
-Edificadora Centroamericana Rapiparedes S.A. (EDIFICAR)
-Compañía Constructora Van der Laat y Jiménez S.A.
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Ministro justificó proceso excepcional
En el documento, Campos citó varias situaciones que, en su criterio, justifican el uso del procedimiento de excepción para la contratación de la nueva infraestructura penitenciaria.
Entre ellas, destacó un déficit estructural superior a 5.000 cupos, con un hacinamiento que supera el 38,95% en los centros penitenciarios de Costa Rica.
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Además, mencionó la alta incidencia de hechos violentos, motines, incautaciones y amenazas que ponen en riesgo la integridad de las personas privadas de libertad y del personal penitenciario.
Otra situación señalada son las órdenes judiciales y sanitarias vigentes, que alertan sobre el deterioro de la infraestructura y obligan al cierre o a la restricción de ingresos en determinados centros.
Finalmente, Campos advirtió sobre la creciente presencia del crimen organizado dentro de los centros penitenciarios, lo que afecta tanto la seguridad ciudadana como la gobernabilidad penitenciaria y la continuidad del servicio público.
Como principal insumo para justificar su decisión, el jerarca utilizó un informe técnico titulado “Situación del Sistema Penitenciario Costarricense 2023–2025”, presentado por el director de la Policía Penitenciaria, la coordinadora interina del Nivel de Atención Institucional y el jefe del Departamento de Investigación y Estadística.
Criterio de la Asesoría Jurídica de Justicia
Campos también hizo referencia al criterio que la Asesoría Jurídica del Ministerio elaboró el 13 de octubre, ampliando la postura expuesta en un informe del 7 de octubre.
Inicialmente, la Asesoría Jurídica se limitó a recomendar que la institución verificara previamente el cumplimiento de todos los preceptos y requisitos establecidos en el artículo 66 de la Ley General de Contratación Pública y en el artículo 166 de su reglamento, mediante los cuales se regulan las contrataciones de urgencia.
El área legal de Justicia y Paz, destacó lo “excepcional” de este tipo de procedimientos y que deben estar debidamente justificados, “teniéndose en consideración y como parte de dicha justificación, los cortos plazos que en la actualidad los órganos jurisdiccionales le están otorgando a la institución para reducir el hacinamiento carcelario”.
La opinión jurídica también llamó la atención sobre la necesidad de evitar el uso abusivo o indiscriminado de este procedimiento y prevenir la posible aplicación de sanciones a funcionarios.
Sin embargo, en el criterio ampliado del 13 de octubre, concluyó que “resulta viable la gestión de un procedimiento especial bajo la modalidad de contratación de urgencia”.
La Asesoría subrayó que el criterio rendido era “únicamente un insumo” para que los jerarcas o instancias decisorias sepan que los actos administrativos deben tomarse ajustadas a derecho.
Por lo tanto, recomendó solicitar a la Proveeduría del Ministerio, verificar el cumplimiento de los preceptos y requisitos para la utilización del procedimiento especial.
Lista para junio
Campos afirmó este miércoles, en conferencia de prensa desde la Casa Presidencial, que proyecta tener la nueva cárcel construida para junio de 2026. Indicó el plazo ante una consulta del mandatario Rodrigo Chaves.
El jerarca argumentó que recibieron un voto de la Sala Constitucional, del 2 de octubre, a partir del cual se les ordenó eliminar el hacinamiento carcelario, en un plazo de seis meses.
Al respecto, manifestó lo siguiente: “Aquí quedan dos caminos, o hacemos rápido la cárcel, o tendríamos que liberar gente por orden judicial”.
A lo que Chaves agregó: “Golondrinas por orden judicial”.
¿Qué dice la ley sobre las contrataciones de urgencia?
El artículo 66 de la Ley General de Contratación Pública permite que las instituciones recurran a un procedimiento de urgencia cuando se está frente a situaciones que podrían causar daños graves al interés público, a las personas o a los bienes, sin importar la causa que las originó.
En estas contrataciones, no procede recurso ni refrendo alguno.
Igualmente, exige una justificación detallada sobre la necesidad de usar este procedimiento, el cual debe contar con al menos tres oferentes, y explicar cómo se elegirá al contratista. Excepcionalmente, la tramitación de una única propuesta, dejando acreditadas las razones especiales.
Si la urgencia pone en riesgo la continuidad de un servicio, habilita la posibilidad de contratar antes de registrar la información en el sistema de compras, pero exige una autorización expresa del jerarca o su delegado.
Desde que surge la situación, la institución tiene un mes máximo para seleccionar al contratista e iniciar la obra. Si no lo hace, pierde la posibilidad de usar este procedimiento.
El artículo también establece que, si la urgencia se produce por mala gestión, se debe iniciar una investigación para determinar si corresponde sancionar a los funcionarios responsables.
No obstante, el ministro Campos argumentó, en su oficio del 13 de octubre, que “se tiene por verificado que la situación actual no obedece a una mala gestión administrativa, sino a factores exógenos y sobrevinientes vinculados con la expansión del crimen organizado y el incremento de la violencia instrumental en el país”.