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En una especie de discurso político lleno de ataques para todos los que considera sus enemigos políticos, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, aseguró que el proceso legislativo para decidir si se le quita la inmunidad para enfrentar 15 denuncias por beligerancia política es una especie de linchamiento.
Entre los sujetos de sus ataques estuvieron el presidente de la Asamblea, Rodrigo Arias, y la vicepresidenta, Vanessa Castro, así como la presidenta de la comisión especial que revisa la petición de levantamiento de la inmunidad que hizo el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Alejandra Larios. También reiteró críticas a la presidenta del Tribunal, Eugenia Zamora.
Chaves aseguró que no les hablaría a los tres miembros del órgano parlamentario, sino a los costarricenses que lo apoyan, a través de cámaras y micrófonos de la prensa.
Agregó que él considera el procedimiento como una revancha de los diputados, en particular Alejandra Larios y Rocío Alfaro, a quienes calificó de “miembros de una red de cuido” y aseguró que toda la clase política que él criticó les interesa seguir manteniendo privilegios.
“Llegaron a pisotear la voluntad del pueblo que me eligió por cuatro años. (...) Me estoy defendiendo de un delito que no existe. Esto es un caso absurdo que se brinca la Constitución de la manera más absurda”, dijo Chaves.
Al mandatario se le permitió el uso de la palabra por 50 minutos, que dedicó a ataques incluso a la funcionaria de la Inspección Judicial, quien tramitó las denuncias de beligerancia política contra Chaves y firmó el informe dirigido al Congreso. A ella la calificó como funcionaria de muy bajo nivel.
También, en ataques directos contra Larios, le dijo que la comisión es un circo y que ella “aprendió muy bien de su amiga y aliaza, la magistrada Eugenia Zamora, a poner mordazas”.
Reclamos de chavistas contra límites al abogado
La audiencia de Rodrigo Chaves empezó con reclamos de los diputados chavistas.
El reclamo se dio porque la presidenta del órgano, Alejandra Larios, del Partido Liberación Nacional (PLN), limitó los minutos para que el abogado del mandatario, José Miguel Villalobos (también candidato a diputado chavista), hiciera uso de la palabra.
Larios definió que Villalobos solo podía hablar por diez minutos y Chaves por 50, pero recibió reclamos no solo de Daniel Vargas, integrante de la comisión, sino también de Pilar Cisneros y Paola Nájera.
Ellos presentaron una moción para cambiar la decisión de Larios y darle 50 minutos al abogado. Sin embargo, esa moción fue rechazada por dos votos, de Larios y Rocío Alfaro, del Frente Amplio (FA), y solo Daniel Vargas, a favor.
¿Por qué se discute quitarle la inmunidad a Rodrigo Chaves?
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) les pidió a los diputados quitarle la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves el pasado 7 de octubre, para llevar adelante una investigación a fondo de un expediente con 15 denuncias por presunta beligerancia política presentadas contra el mandatario.
Aunque el chavismo criticó fuertemente la solicitud de desafuero y ha cuestionado numerosas veces y por varios medios al TSE, incluso alegando que no tiene potestades para solicitar ese levantamiento de la inmunidad, los diputados acogieron la solicitud y le dieron trámite.
La petición de desafuero la hizo la Sección Especializada del TSE, con base en varias denuncias presentadas por 10 personas diferentes, entre ellas Ricardo Sancho, presidente de Liberación Nacional (PLN), yFabián Solano, presidente del Partido Acción Ciudadana (PAC), así como los diputados Antonio Ortega, Johana Obando y Luis Fernando Mendoza.
Además de las denuncias mencionadas, el expediente por el que se solicita quitarle el fuero a Chaves incluye denuncias del ciudadano Allen Solera Cordero, de Gonzalo Coto Fernández, secretario general del PAC; de Claudio Alpízar, Óscar Aguilar Bulgarelli y Giovanni Delgado Castro.
El TSE explicó que, a diferencia de otros funcionarios y políticos investigados y eventualmente sancionados por beligerancia, en el caso del presidente corresponde solicitar el desafuero de Chaves, puesto que el presidente de la República está protegido por la inmunidad constitucional.
La decisión de la Sección Especializada fue tomada por unanimidad. El órgano está integrado por el magistrado Luis Diego Brenes, quien preside, junto con Mary Anne Mannix y Wendy de los Ángeles González.
Los tres magistrados estimaron que las denuncias contienen elementos suficientes para su admisibilidad, pero antes de avanzar al procedimiento sancionatorio, la Asamblea Legislativa debe levantarle la inmunidad al presidente de la República, según lo dispuesto en el artículo 270 del Código Electoral.
La beligerancia política la cometen los funcionarios que se involucran en actividades políticas electorales o que realizan actos que favorezcan a un partido político.
De acuerdo con la Constitución Política, es obligación del TSE promover un ejercicio del sufragio sin interferencias del Estado o de empleados públicos (artículo 102, inciso 5).
A inicios de marzo, el órgano electoral abrió una investigación por manifestaciones hechas por Chaves en una conferencia, el miércoles 4 de diciembre del año pasado.
En la transmisión de ese día, el mandatario hizo constantes peticiones a los costarricenses de elegir 40 o 45 diputados en las elecciones del 2026, “contrarios a los que eligieron en este periodo”.
Chaves dijo que ya las personas saben cómo elegir esa cantidad de diputados y que él no se está metiendo en beligerancia. Además, en la cadena presidencial del domingo 8 de diciembre, el presidente fue “más descarado que de costumbre al repetir el cuento”, según denunció Allen Solera.
A mediados de marzo, el Tribunal ordenó investigar las declaraciones que el mandatario hizo en el acto inaugural del curso lectivo 2025.
El presidente liberacionista, Ricardo Sancho, dijo que, en el acto de inauguración del curso lectivo, Chaves les dijo a los jóvenes deben tomar una decisión: elegir 40 diputados que no sean de los culpables de todos los males y que “continúen con el legado de él”.
Nuevamente en marzo, el TSE ordenó abrir una tercera investigación, luego de que seis ciudadanos denunciaron que Chaves hizo manifestaciones donde aludía a la figura del jaguar, figura que un partido político, Movimiento Tiempo de Valientes (Motiva), había inscrito como su divisa.
Esa denuncia fue promovida por los ciudadanos Óscar Aguilar Bulgarelli, Óscar Castillo Rojas, Erick Sojo Marín, Marco Castillo Rojas, Rodrigo Humberto Campos Hernández, Rocío Ramírez Varela y Giovanni Alexander Delgado Castro.
De hecho, en julio, el TSE prohibió al gobierno de Chaves utilizar el símbolo del jaguar, precisamente por tratarse de la divisa de esa agrupación política.
