Presidente de Sala IV advierte sobre inseguridad: ‘Podemos caer en un Estado fallido’

Al cumplirse 35 años de la fundación de la Sala IV, Castillo hizo un análisis de la coyuntura actual, de la solidez de la democracia costarricense y de la salud de este tribunal constitucional.

Insistió en que el órgano que él preside goza de una “legitimidad social”. Si bien las decisiones que toman no siempre son bien recibidas, dijo, los casos de desobediencia no son muy frecuentes, alegó.

“El costarricense no se vería en una Costa Rica sin la Sala Constitucional”, sentenció Castillo. Lea a continuación un extracto de la entrevista que concedió a La Nación.

– ¿Cuál es el mayor reto que enfrenta la Sala Constitucional?

– Racionalizar su carga de trabajo. El costarricense tiene conciencia de que hay un tribunal constitucional, tiene mayor conciencia de que tiene derechos fundamentales y cuando estos son violentados, recurre a la Sala. Esto ha traído como consecuencia un circulante muy alto, estamos hablando de que probablemente este año cerremos 35.000 asuntos. Esto obliga al Tribunal a buscar, en el mediano plazo, un mecanismo que le permita actuar con celeridad, eficiencia y calidad en las sentencias.

– ¿A qué se debe ese incremento?

– El 90% de los asuntos que atendemos son recursos de amparo y de ese 90%, un 44% aproximadamente son recursos que tienen que ver con el derecho a la salud. Esto es un síntoma de un problema grave que tiene el país: las listas de espera y las dificultades para acceder a algunos medicamentos. Esto necesariamente pasa por una solución del prestador principal del servicio, que en este caso es la CCSS.

“En la medida que se puedan racionalizar la lista de espera y se pueda atender a la ciudadanía de una manera más eficaz y eficiente, el circulante de la Sala bajaría significativamente”.

– ¿Son los mismos derechos que se violentan o siente que en los últimos años ha cambiado?

– Han crecido los recursos por las listas de espera y tenemos muchos recursos de una población vulnerable, los privados de libertad. Si uno suma esos dos grandes sectores: amparos de salud y de privados de libertad, probablemente estemos hablando de un 60%-65% de todos los amparos.

– Dice que quizás cierren el año con 35.000 asuntos atendidos, ¿antes cuántos atendían?

– Ha venido creciendo de manera significativa, por ejemplo, el año pasado creo que fueron 31.500 y este año sentimos que vamos a alcanzar la cifra de 35.000. Una cifra que desde el punto de vista humano resulta muy difícil de manejar, máxime que la Sala, desde el 2017, no tiene aumento en su personal, es decir, seguimos trabajando con 146 funcionarios, aproximadamente.

– ¿Cuál es una posible solución a esa problemática?

– Se han dado dos posibles soluciones. Una solución sería crear los tribunales constitucionales, nosotros somos una jurisdicción hiper concentrada, solo es un tribunal. La idea sería nombrar tribunales constitucionales para que conozcan los recursos de amparos y, eventualmente, la Sala sería una segunda instancia, pero para casos muy excepcionales, como podrían ser asuntos novedosos, de gran impacto, contradicciones entre los tribunales constitucionales, o bien, cuando esos tribunales se aparten de la jurisprudencia de la Sala.

“Nosotros (los magistrados) nos dejaríamos solo los habeas corpus, las acciones de inconstitucionalidad y las opiniones consultivas”.

– ¿Cuál sería la otra?

– Dividir la Sala en dos secciones de tres magistrados, excluir a la Presidencia, para que tramite los habeas y los amparos, y solo entraría el pleno cuando hay contradicción en las secciones, eso es otra opción.

– ¿Cuál de las dos escogería?

– Podría empezarse con la división de la Sala en dos secciones, eso estuvo a punto de votarse en primer debate en la Asamblea Legislativa, en el 2010, y resulta que un diputado, justo el día que se iba votar, presentó cuatro mociones vía artículo 137 y eso dio al traste con la aprobación de esa ley.

– ¿Propondría alguna otra reforma?

– Otra posibilidad, es sacar a la Sala Constitucional del Poder Judicial. En Europa, todos los tribunales constitucionales son independientes, lo mismo sucede en República Dominicana, Colombia, Perú y Ecuador.

– ¿La Sala Constitucional está más o menos fuerte que hace casi cuatro décadas?

– La Sala tiene un músculo institucional muy sólido, toda vez que ya es parte de la institucionalidad del país, toda vez que tiene una aceptación, tiene legitimidad social. El costarricense, si hacemos una extracción, no se vería en una Costa Rica sin la Sala Constitucional.

– ¿No está siendo vulnerada?

– La Sala Constitucional a veces tiene que tomar decisiones que generan algún grado de malestar en algunos sectores e incluso, en las mayorías. Los tribunales constitucionales son contramayoritarios, a veces tienen que ir en contra de la corriente.

“Los estudios de cambios muestran que hay una aceptación de la ciudadanía. La prueba más evidente es que la gente sabe que cuando se le viola un derecho fundamental, inmediatamente puede recurrir a la Sala Constitucional.

“El tribunal goza de legitimidad, aunque no es una legitimidad abrumadora. Ningún tribunal constitucional en el mundo llega a tener niveles altísimos de aprobación, porque sus decisiones no siempre son bien recibidas”.

– Quienes los cuestionan muchas veces terminan acudiendo a la Sala.

– La Sala como un árbitro objetivo e imparcial de las controversias constitucionales, independientemente de quien nos critique, si esa persona que nos critica muy fuerte y acude a la Sala Constitucional, el tribunal está llamado, y así lo hace, a actuar de manera objetiva e imparcial, aunque sea una persona muy crítica.

– ¿Considera que la independencia de la Sala IV podría ser vulnerada, que sus potestades estén en peligro en este momento?

– Pienso que no. La Sala es un tribunal que es criticado por algunos sectores, pero hoy, la mayoría de los fallos de la Sala son acatados por las autoridades de gobierno. La Sala impone su decisión, los casos de desobediencia no son muy frecuentes.

“En términos generales, las sentencias de la Sala son acatadas, a pesar de las críticas, lo cual es normal en una democracia, es normal que un tribunal sea criticado por los actores políticos o sociales. Por ejemplo, en la época de 2018-2022, la Sala fue muy criticada porque llegó a considerar que no habían inconstitucionalidades en ciertas leyes que los actores sociales consideraban que eran lesivas a sus intereses.

“La ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, la ley que estableció la regulación de las huelgas y la Ley de Empleo Público, por citar algunos casos”.

– A finales del año pasado un hombre fue detenido por amenazarlo a usted y al resto de magistrados de la Sala IV. Otra mujer fue a pintar grafitis a la Sala IV, eso antes no se veía. ¿Cómo interpreta esos hechos? ¿Qué pasa ahora que no pasaba antes?

– A Dios gracias son casos aislados. En ambos casos la Sala ha actuado conforme a derecho, ha presentado las denuncias correspondientes y las autoridades competentes han actuado con base en las competencias que ellos tienen. Hubo otro caso de otro muchacho, que también denunciamos y la Fiscalía actuó.

– ¿Usted sale a la calle sin ningún tipo de protección?

– Yo salgo normal, soy de andar en las calles sin ningún tipo de protección. Un día me encuentro a la niña de mi hijo, la maestra, y me dice: ‘Eso solo se ve en Costa Rica, que usted ande aquí sin ningún tipo de protección’.

“Eso hace de Costa Rica algo muy diferente, lamentablemente ya hay fenómenos de otra naturaleza, que podían hacer que esa Costa Rica que todos conocimos, no sea donde queramos vivir, en donde se pueda vivir. En el caso personal mío, no me siento amenazado, si tengo que pasar por el Parque Central, voy tranquilo”.

– ¿Cuán importante es la división de poderes para una democracia?

– Decía el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 que en aquellos Estados donde no hay división de poderes, no tienen Constitución. La división de poderes es la base del sistema republicano, porque tiene dos funciones. Uno, evitar la concentración del poder, porque los liberales llegaron a la conclusión de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente.

“Y dos, tiene el famoso frenos y contrapesos, es decir, es el Ejecutivo quien controla al Legislativo, el Legislativo quien controla al Ejecutivo, el Legislativo al Judicial, el Judicial controla a otros poderes. Básicamente es una especie de balanceo y el artículo 9 de la Constitución es clarísimo: una democracia no existe si no hay división de poderes”.

– Y la nuestra todavía es fuerte.

– Sí, nosotros somos una democracia plena. Costa Rica tiene un sistema de frenos y contrapesos, tiene un Tribunal Supremo de Elecciones que es un árbitro imparcial y tiene un tribunal constitucional que impone a los actores políticos, sea la administración pública, sea el gobierno, sea quien sea, que en caso de que se le viole un derecho fundamental a una persona, se le restituye en el gozo y el disfrute.

– ¿Cómo analiza la situación del país actualmente, hay algo que le preocupa?

– Uno de los problemas fundamentales que tiene Costa Rica es el tema de la inseguridad ciudadana. En ese tema el país debe tomar las decisiones oportunas porque de lo contrario podemos caer en un Estado fallido, como han caído algunos Estados de Centroamérica y algunas regiones de México. Atacar este problema es fundamental, pero ahí lo que se está atacando son los síntomas.

“Para mí, la causa de este problema es la gran desigualdad social, el problema social es muy severo, cada vez nos acercamos más a uno en el coeficiente de Gini. El país tiene que hacer un esfuerzo extraordinario y eso pasa por una pregunta: ¿Tiene el Estado los ingresos suficientes para financiar nuestro Estado social de derecho? Ese es un tema que no tendrá que responder la Sala Constitucional, lógicamente, sino quienes están al frente del gobierno y el Parlamento”.

– El gobierno y algunos actores políticos los acusan de querer cogobernar, ¿cuán cierta es esta afirmación?

– No, eso es la famosa dictadura de los jueces. Estaba leyendo un artículo y le llamaban la dictadura de la toga y el birrete, pero eso no es así. Si los actores políticos encausan sus políticas públicas, sus decisiones políticas fundamentales, dentro del cauce del derecho a la Constitución, la Sala Constitucional, simple y llanamente no tienen nada que objetar.

“Si usted se da cuenta, prácticamente la mayoría de las grandes decisiones que se toman en este país, no porque la Sala quiere congraciarse con los gobiernos, han pasado por el tamiz de la Sala Constitucional. Ahora, cuando encontramos que algo es inconstitucional lo decimos, por ejemplo, en la Ley de Empleo Público encontramos 35 inconstitucionalidades.

“En términos generales, actualmente, el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa tienen el personal calificado, abogados de muy buen nivel que conocen la jurisprudencia de la Sala y pueden diseñar políticas públicas que solucionen los problemas, respetando la Constitución”.

– En otros países de América Latina se ha dado el fenómeno de gobiernos autoritarios y todos tienen cuatro factores en común: desacreditar a la prensa, al Poder Judicial, a los órganos de control y a la oposición ¿Ve alguno de esos síntomas aquí?

– Yo escribí un libro y lo publicó el Instituto de Derecho Constitucional del Estado Querétaro que se llama Hacía un populismo constitucional, y el análisis que usted hace es muy cercano a lo que digo en ese libro.

“Efectivamente, si uno ve casos en América Latina, lo primero que van es por desacreditar a la prensa. Segundo, desacreditar a la oposición y tercero, van a tomar el control de los órganos de control. Yo creo que la democracia costarricense desde el año 49 a la fecha, es una democracia muy sólida. La Constitución del 49 fue fundamental.

“Por ejemplo, pongamos el caso de la Contraloría General de la República ¿Quién los nombra? La controlara la nombra el Parlamento y, además, la nombra no con coincidencia al momento que llega el presidente. La Constitución dice que es dos años después de iniciado el periodo constitucional.

“En el caso de la Fiscalía General y el Tribunal Supremo Elecciones, los nombramos la Corte Suprema de Justicia. En el caso de nosotros, los magistrados, la Asamblea Legislativa. Entonces tendría que darse aquí un fenómeno muy acentuado, de que llegase un gobierno de corte autoritario, que llegue a tener una super mayoría calificada, para entonces, utilizando todos estos mecanismos que establece la Constitución, poder desmontar democráticamente nuestra democracia.

“Para las elecciones del 2026, sin ser profeta, no veo un partido que logre una mayoría absoluta en la Asamblea. Veo más bien una Asamblea bastante fragmentada, porque hay demasiadas opciones políticas y el costarricense tiende a votar siempre por una Asamblea Legislativa muy fraccionada ”.

– Liberación Nacional lleva tres elecciones perdidas y es la mayor fuerza del Congreso, por ejemplo.

– Y el otro fenómeno, en las últimas tres elecciones, el partido que ha ganado el Poder Ejecutivo ni siquiera ha logrado hacer la primera minoría, es la segunda minoría o la tercera minoría.

– ¿Hay alguna sentencia en estos 35 años que considera pudo ser diferente?

– Hay muchas sentencias que la Sala ha venido a rectificar. Por ejemplo, en el caso del matrimonio entre personas del mismo sexo, la Sala empezó con unas sentencias sin lugar y después las declaró con lugar. Eso ha pasado no solamente en Costa Rica, ha pasado en España, Colombia, etcétera. Eso es parte de un proceso evolutivo.

– Se lo pregunto porque el otro día, en el aniversario de la Corte IDH, doña Elizabeth Odio cuestionó a la Sala IV por el fallo sobre fecundación in vitro. Un tema que después se trató en la Corte IDH con una condena para Costa Rica. ¿Lleva razón doña Elizabeth en cuanto a ese tema?

– Depende de cómo se interprete el fallo. ¿Quién integró el fallo de la Sala Constitucional? Fue el primer presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Rodolfo Piza Escalante, con el voto salvado de Ana Virginia Calzada y Carlos Arguedas, ellos declaran inconstitucional.

“Pero ellos nunca cerraron la puerta porque si uno lee el fallo, lo que la Sala dijo es que, en ese momento, el desarrollo de la ciencia no permitía preservar los embriones, pero no era un fallo absoluto.

“No lo considero un grave error, simplemente fueron visiones diferentes. Más que hablar de errores, yo hablo de visiones diferentes. Depende de cada momento histórico de la sociedad y la Sala tiene que medir muy bien los fallos”.