Laura Fernández nombra ministra de Economía a exdirectora del Banco Nacional que debió dejar el cargo tras sentencia de Sala Constitucional
Un informe legislativo de mayoría la había acusado de presunto prevaricato. Ahora, adquiere inmunidad
La presidenta electa, Laura Fernández, nombró a una cuestionada exdirectiva del BN, María del Milagro Solórzano, como ministra del MEIC. Rafael Pacheco Granados
La presidenta electa, Laura Fernández, nombró a una cuestionada exdirectiva del BN, María del Milagro Solórzano, como ministra del MEIC. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)
La presidenta electa, Laura Fernández nombró como ministra de Economía, Industria y Comercio (MEIC) a María del Milagro Solórzano León, una exdirectiva del Banco Nacional (BN) que debió dejar la silla en el BN tras una resolución de la Sala Constitucional.
En mayo del 2025, Rodrigo Chaves tomó control absoluto de la Junta Directiva del Banco Nacional (BN), la entidad financiera más importante del país, al reemplazar a todos los miembros de ese órgano por un nuevo grupo de directores.
La decisión respondía a una presunta irregularidad en el nombramiento de la gerente general, Rosaysella Ulloa Villalobos.
Así lo determinó como parte de un procedimiento administrativo liderado por el vicepresidente Stephan Brunner Neibig contra los directivos, cuyo informe final no incluye hallazgos sobre presuntas anomalías en el proceso de elección de Ulloa Villalobos.
Entre las nombradas por el Consejo de Gobierno se encontraba la nueva ministra del MEIC, como secretaria de la Junta Directiva del BN.
Sin embargo, el 10 de octubre del 2025, la Sala Constitucional restituyó a los directivos destituidos cuando anuló todos los acuerdos tomados por Brunner para quitarlos. Esto provocó que los directivos nombrados por el gobierno perdieran sus cargos.
Tras estos hechos, el Congreso abrió una investigación y, por mayoría, concluyó que, además de lo señalado contra Solórzano, debía solicitarse al Ministerio Público investigar al exvicepresidente y actual diputado oficialista, Stephan Brunner Neibig, por los aparentes delitos de abuso de autoridad, usurpación de autoridad y prevaricato, derivados de su decisión de destituir a la directiva del Banco Nacional.
Además, el documento recomendó que se investigue a Francisco Gamboa, próximo vicepresidente de la República; y a Yara Jiménez, presidenta legislativa electa por el Partido Pueblo Soberano, por el aparente delito de tráfico de influencias en el nombramiento de la directiva del BN.
La Sala Constitucional anuló el nombramiento de la nueva ministra del MEIC en la Junta Directiva del BN. (Rafael Pacheco Granados)
Presunto prevaricato
El 9 de abril pasado, una mayoría legislativa en la Comisión Legislativa de Control de Ingreso y Gasto Público votó a favor de un informe que recomendaba remitir al Ministerio Público una investigación sobre el nombramiento de la Junta Directiva del Banco Nacional (BN) por parte del Consejo de Gobierno por supuestas anomalías en la toma de control del órgano colegiado.
Entre las implicadas se encontraba Solorzano. El informe legislativo tuvo el respaldo de Luz Mary Alpízar (Progreso Social Democrático), Dinorah Barquero (PLN), Kattia Cambronero (independiente), Vanesa Castro (PUSC) y Katherine Moreira (PLN). Se opuso el oficialista Manuel Morales (Progreso Social Democrático).
Solórzano durante la presentación del gabinete de Laura Fernández en el Teatro Popular Melico Salazar. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)
El documento señalaba a Solorzano León por haber sido nombrada en esa junta bancaria sin supuestamente contar con los requisitos de idoneidad, específicamente de experiencia, con base en un informe de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).
“Con lo cual se vulneró el marco legal aplicable para dichos nombramientos, lo cual puede constituir el delito de prevaricato y nombramientos ilegales establecidos en los artículos 357 y 344 del Código Penal", dice el informe.
Con el nombramiento, Solórzano adquiría inmunidad. Este es un concepto con el que usualmente se conoce al fuero de improcedibilidad penal, que impide activar un proceso penal en contra de los miembros de los Supremos Poderes de la República de forma ordinaria.
