Escuchar
El candidato presidencial de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Juan Carlos Hidalgo, anunció que no firmará ningún compromiso que saque a ministerios o instituciones del mecanismo de control de gasto público conocido como regla fiscal.
“Los impuestos que pagan los contribuyentes no son bienes de difunto. El Gobierno debe ser eficiente con lo que tiene”, dijo Hidalgo. El socialcristiano alegó, además, que el país ya no resiste otra ola de impuestos.
El pasado 27 de noviembre, 11 candidatos presidenciales firmaron un compromiso con el sector educativo durante un debate organizado por el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC).
Entre los acuerdos firmados, estaba excluir la educación pública de la regla fiscal. Sin embargo, Hidalgo no fue uno de esos aspirantes que firmaron el documento.
Los que sí firmaron fueron:
- Ana Virginia Calzada, de Centro Democrático Social (CDS)
- Claudia Dobles, de Coalición Agenda Ciudadana (CAC)
- Walter Hernández, del Partido Justicia Social Costarricense (PJSC)
- Boris Molina, del Partido Unión Costarricense Democrática (PUCD)
- Fernando Zamora, del Partido Nueva Generación (PNG)
- Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República (PNR)
- Claudio Alpízar, de Esperanza Nacional
- Douglas Caamaño, de Alianza Costa Rica Primero (CR1)
- Ronny Castillo, de Aquí Costa Rica Manda (ACRM)
- Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN)
- Ariel Robles, del Frente Amplio (FA)
En un comunicado, el socialcristiano Juan Carlos Hidalgo resaltó que, durante los gobiernos del PUSC entre 1998-2002 y 2002-2006, “Costa Rica alcanzó una situación fiscal sana.
“Incluso logramos el primer superávit fiscal en 40 años”. Sin embargo, “a partir del 2008, el gasto público creció aceleradamente, la deuda se disparó”, agregó.
Para Juan Carlos Hidalgo, la regla fiscal aprobada en el gobierno de Carlos Alvarado sí funciona y no significa desfinanciar programas esenciales.
La regla fiscal es un mecanismo establecido por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, aprobada en el 2018, que limita el crecimiento del gasto en función de la situación económica y el nivel de endeudamiento del país.
En su versión más restrictiva, la regla fiscal congeló el aumento en los salarios de los empleados públicos y los pensionados solo pueden recibir aumentos por costo de vida. En ese escenario hay mayores restricciones en el gasto, incluido el de capital (como obras públicas).
