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El futuro jefe de fracción del Frente Amplio (FA), José María Villalta, cuestionó a Nogui Acosta, quien liderará la bancada de Pueblo Soberano a partir del próximo 1.° de mayo, por dudar en sancionar a diputados por faltas al deber de probidad, pero al mismo tiempo avalar allanamientos sin la orden de un juez.
Villalta calificó esa postura de Acosta como una contradicción y cargó en su contra. Así describió su postura: “Garrote contra el pueblo, guantes de seda con las élites políticas del oficialismo”.
“¿En serio no notan la contradicción?, ¿De verdad así es como van a conducir su —supuesto— compromiso de la lucha contra la corrupción?“, recalcó.
En específico, el frenteamplista cuestionó a Acosta, quien fue ministro de Hacienda, por haber afirmado que aprobar una ley para sancionar o incluso, para destituir a legisladores que incumplan el deber de probidad “no es tan simple”.
Pero, paralelamente, declaró estar de acuerdo con eliminar la obligación de tener una orden judicial para poder allanar recintos de ciudadanos, si el Congreso aprueba una suspensión de garantías.
En entrevista con La Nación, al ser consultado sobre sancionar a diputados por faltas al deber de probidad, Acosta dijo: “Aquí el tema de probidad es algo que, digamos, es una zona gris. Creo que hay que analizarlo muy bien y que por eso tenemos tantos años de no tomar una decisión”.
Ante esto, Villalta escribió en sus redes sociales: “Estas consideraciones tan nobles que tiene el señor Acosta con sus futuros colegas, le estorban cuando se trata de la ciudadanía común”.
”Mientras pide todas las garantías para las y los diputados, no tiene reparo en afirmar que no habría daño si se le permite al Estado hacer allanamientos sin orden de un juez, aún si no encuentra nada en ese domicilio”, consignó Villalta.
Y agregó que su fracción insistirá en legislar para sancionar esas faltas de los diputados.
Esa propuesta del exministro Acosta le ha valido la crítica de las tres bancadas de oposición en la próxima Asamblea Legislativa. Por ejemplo, el próximo jefe de Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramírez, aseguró que eso “es propio de las dictaduras”.
Una deuda pendiente
La normativa de la que habla Villalta es necesaria para hacer operativo el mandato aprobado mediante una reforma a la Constitución Política que data del 2018, que abrió la puerta a sancionar e incluso, a destituir del cargo a diputados que incurran en faltas al deber de probidad.
Sin embargo, ocho años después, la Asamblea Legislativa aún no ha aprobado la ley que establezca las causales y el procedimiento para aplicar esas sanciones. La reforma constitucional se efectuó en respuesta a una orden dictada en el 2010 por la Sala Constitucional.
La aprobación de la ley requerirá de 38 votos, por disposición de los mismos diputados que avalaron la reforma al artículo 122 constitucional, por lo que el respaldo de la bancada oficialista será determinante. El partido chavista Pueblo Soberano contará con 31 de los 57 escaños en el próximo Congreso.
El concepto de probidad ya está desarrollado en el marco jurídico costarricense, por ejemplo, en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, y se aplica al resto de funcionarios públicos.
En el 2024, la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) recordó a los diputados que persiste un vacío legal en esta materia y brindó algunas luces sobre los límites que establece el deber de probidad.
