El diputado electo Nogui Acosta, futuro jefe de fracción del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), afirmó que definir una ley para sancionar o incluso destituir a legisladores que incumplan el deber de probidad “no es tan simple”. Mientras tanto, la Asamblea Legislativa de Costa Rica acumula 16 años sin resolver el vacío legal que impide aplicar ese tipo de sanciones.
La normativa es necesaria para hacer operativo el mandato aprobado mediante una reforma a la Constitución Política en 2018, que abrió la puerta a sancionar e incluso destituir del cargo a diputados que incurran en faltas al deber de probidad.
Sin embargo, ocho años después, la Asamblea Legislativa aún no ha aprobado la ley que establezca las causales y el procedimiento para aplicar esas sanciones. La reforma constitucional se efectuó en respuesta a una orden dictada en 2010 por la Sala Constitucional.
La aprobación de la ley requerirá de 38 votos, por disposición de los mismos diputados que avalaron la reforma al artículo 122 constitucional, por lo que el respaldo de la bancada oficialista será determinante. El partido chavista Pueblo Soberano contará con 31 de los 57 escaños en el próximo Congreso.
El concepto de probidad
Acosta sostuvo que una de sus principales preocupaciones es la definición del propio concepto de probidad y cómo se aplicaría a las decisiones que toman los diputados.
“Aquí el tema de probidad es algo que, digamos, es una zona gris. Y yo creo que hay que analizarlo muy bien y creo que por eso tenemos tantos años de no tomar una decisión”, declaró en entrevista con La Nación.
No obstante, el concepto de probidad ya está desarrollado en el marco jurídico costarricense, por ejemplo en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, y se aplica al resto de funcionarios públicos.
En 2024, la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) recordó a los diputados que persiste un vacío legal en esta materia y brindó algunas luces sobre los límites que establece el deber de probidad.
Así consta en un informe remitido al Congreso, en el que advirtió que la legisladora independiente Gloria Navas habría incurrido en “una posible conducta de corrupción pública” al haber utilizado su cargo de diputada para visitar a un cliente en el centro penitenciario La Reforma, en un horario en que los abogados defensores no tienen autorizado el ingreso.
La PEP señaló que el “deber de probidad es la principal manifestación de los postulados éticos derivados de la Constitución Política, y la principal obligación en el ejercicio de la función pública”.
Explicó que “el funcionario que ejecute actos o actividades que comprometan su imparcialidad, objetividad, independencia, posibiliten un conflicto de intereses o favorezcan el interés privado en detrimento del interés público, infringe el deber de probidad, cuya sanción será impuesta, atendiendo a la gravedad del hecho”.
Igualmente, recordó que los diputados, al igual que todos los demás servidores públicos deben cumplir con su deber de probidad, empero aún se deben establecer las causales que permitirían suspender y cancelar las credenciales a los legisladores, cuando este se violente.
Preocupación oficialista
No obstante, Acosta alegó que “tenemos que ir definiendo muy claro qué es el tema de probidad”.
Según expuso, pueden existir situaciones en las que un legislador vote un proyecto que eventualmente tenga algún impacto indirecto en su patrimonio o en sus intereses, lo que —a su juicio— obligaría a analizar con cuidado si realmente se configura una falta.
Como ejemplo, mencionó el caso de una amnistía tributaria aprobada por la Asamblea Legislativa de Costa Rica en 2018.
De acuerdo con Acosta, posteriormente se determinó que algunos diputados resultaron beneficiados por la medida, incluso sin tener conocimiento de que sus contadores habían presentado declaraciones en cero que luego fueron rectificadas, lo que generó multas cubiertas por la amnistía.
En un escenario así, dijo, podría surgir la duda de si los legisladores incurrieron en una falta de probidad por votar una iniciativa de la que terminaron siendo beneficiarios.
“Hay que hilar muy delgado”, insistió el diputado electo, al señalar que antes de establecer sanciones debe existir claridad sobre las conductas que constituirían una infracción.
El futuro jefe de fracción del oficialista Pueblo Soberano aseguró que está de acuerdo con que se sancione e incluso se remueva a diputados involucrados en casos de corrupción, pero insistió en que primero debe definirse con precisión qué conductas constituirían una violación al deber de probidad.
¿Qué piensan las otras fracciones?
A diferencia de la cautela expresada por el oficialismo, jefes de fracción de las bancadas y diputados unipersonales de oposición afirmaron estar comprometidos con la creación del régimen sancionatorio.
El futuro jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramírez, aseguró que su bancada estará dispuesta a priorizar la aprobación de la ley que establezca el régimen para sancionar a diputados que incumplan el deber de probidad. “Esta es una deuda pendiente con la sociedad costarricense”, afirmó.
Ramírez expresó su expectativa de que otras fracciones respalden la iniciativa para demostrar “con acciones concretas” el compromiso del Congreso con estándares éticos más altos.
En la misma línea, el futuro jefe de fracción del Frente Amplio, José María Villalta, afirmó que su bancada buscará reactivar el proyecto que ya había impulsado en el periodo legislativo anterior (2018-2022), cuando él estuvo en el Congreso.
“Lo vamos a poner como una prioridad en nuestra fracción en todos los temas de mejoramiento del funcionamiento de la Asamblea y de la lucha contra la corrupción”, señaló.
Villalta sostuvo que la ausencia de ese régimen sancionatorio ha permitido que algunos legisladores eviten consecuencias por eventuales faltas éticas. “Si hubiera existido ese régimen sancionatorio, probablemente varios de los diputados actuales habrían salido sancionados. Pero se han protegido y se han garantizado su impunidad”, afirmó.
Villalta: No es un tema desconocido
El legislador agregó las reglas de probidad ya están desarrolladas en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y que hay amplia jurisprudencia administrativa sobre qué es probidad y qué no, así como códigos de ética que desarrollan el tema y normas de la Contraloría General de la República (CGR). “No estamos hablando de legislar sobre un tema desconocido”, resaltó.
Por su parte, la diputada Abril Gordienko, quien integrará la bancada unipersonal del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), aseguró que “estamos en mora”, con la aplicación de la reforma al artículo 122 de la Carta Magna.
Agregó que avanzar en esa regulación enviaría una señal positiva a la ciudadanía sobre el compromiso ético del Congreso, aunque advirtió que el proceso debe realizarse con cautela.
“Debemos ser muy cuidadosos de que no dejemos portillos abiertos para que se puedan desatar cacerías de brujas o persecuciones políticas”, declaró.
En la misma línea se pronunció Claudia Dobles, diputada electa de la fracción unipersonal de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC).
“Sí, creo que la Asamblea debe contar con ese procedimiento para sancionar por faltas al deber de probidad; pero sí es importante también aclarar que esto debe manejarse con mucho cuidado, para que no sea instrumentalizado por el chavismo como un método de intimidación contra diputaciones opositoras”, afirmó.