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22 grupos ambientalistas se pronunciaron en contra del premio “defensor de los Océanos Rob Stewart 2024″ otorgado por la organización estadounidense Fins Attached al ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra. Para los activistas, el jerarca no tiene los méritos para recibir ese reconocimiento.
El director general de Fins Attached, Alex Antoniou, afirmó que el premio se entregó a Tattenbach porque “decidió, de forma valiente, crear un decreto para la protección de los tiburones martillo, después de arduas negociaciones con el sector pesquero, y la aceptación de esta primera medida para la protección de los martillo”.
Sin embargo, para los ambientalistas, el reconocimiento constituye un desafío directo al fallo emitido por la Sala I de la Corte Suprema de Justicia el 21 de junio del 2023, el cual declaró que las especies de tiburones que están en la lista de especies amenazadas del Sinac son vida silvestre y su declaratoria como especies comerciales fue un acto contrario a la ley.
El fallo emitido por la Sala I en 2023 concluyó un proceso iniciado por el abogado Wálter Brenes contra el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), el Instituto Costarricense Pesca y Acuicultura (Incopesca) y el Estado.
El jurista acusó que, pese a compromisos internacionales, estas instituciones no habían tomado medidas para asegurar la protección de las tres especies de tiburón martillo. Por el contrario, Incopesca emitió una resolución en la que las declaró de interés pesquero.
“Las acciones de Tattenbach se han enfocado en evadir el cumplimiento de su deber. En vez de ejercer su rectoría y hacer cumplir la ley, el Ministerio emitió el decreto ejecutivo 43.900 junto al Ministerio de Agricultura, que no tiene rectoría sobre especies amenazadas, en febrero de 2023, según la sentencia de la Sala I. Además, se permite pesca incidental, también prohibida por la Sala I”, afirmaron los colectivos firmantes del pronunciamiento.
En febrero de 2023, el gobierno emitió un decreto para prohibir la pesca, transbordo, descarga y comercialización de tres especies de tiburones martillos. Desde entonces, si esos peces se capturan incidentalmente, deben ser liberados con prontitud e ilesos.
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No obstante, organizaciones ambientalistas sostienen que esto no se ha cumplido. En abril pasado, 18 organizaciones acusaron a Costa Rica ante Estados Unidos de pesca ilegal de tiburón martillo.
“Solo estamos pidiendo a las autoridades que cumplan con la Ley de Conservación de Vida Silvestre y la Ley de Biodiversidad, tal y como lo ha ordenado la Sala I de la Corte Suprema de Justicia. Solo cumpliendo las leyes podemos avanzar hacia una efectiva conservación para los tiburones en Costa Rica”, declaró Daniel Arauz, del Centro Rescate de Especies Marinas (Crema) de Costa Rica.
Entre las organizaciones ambientalistas que firmaron el comunicado, se encuentra el Bloque Verde, Apreflofas, Frente Ecocipreses, Movimiento Ríos Vivos, Oilwatch, Morfo, Crema, CR x el océano, Talamanca siempre verde, Fecoü y Coecoceiba.
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Las tres especies de tiburón martillo declaradas en peligro de extinción son Sphyrna lewini, Sphyrna mokarran y Sphyrna zygaena, que además están catalogadas como vulnerables en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
La Nación solicitó al departamento de prensa del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) conocer la opinión de Franz Tattenbach sobre el pronunciamiento de las organizaciones ambientalistas; sin embargo, hasta el momento de publicación de este artículo, no se obtuvo respuesta.
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