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En medio de críticas y desmentidos de diversas entidades públicas, el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) se vio obligado, este martes, a revertir la decisión de incluir especies de fauna silvestre como iguanas, tortugas y corales en una lista de explotación comercial.
Directivos de Incopesca reunidos en Puntarenas votaron en firme una moción para dejar sin efecto el acuerdo AJDIP/057-2023, que elevó de 34 a 234 la cifra de representantes de la flora y fauna que pueden ser explotados por los seres humanos.
En la sesión participaron Heiner Méndez, presidente del Instituto, además de los ministros de Agricultura y Ganadería (MAG), Víctor Julio Carvajal, y de Ambiente y Energía (Minae), Franz Tattenblach Capra.
También la ministra Paula Bogantes de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) y la viceministra de Comercio Exterior (Comex), Indiana Trejos,
Fue el ministro de Ambiente quien presentó la moción para echar atrás con el acuerdo original, publicado el 28 de abril anterior en el diario oficial La Gaceta, el cual generó fuertes cuestionamientos por parte de diversas oficinas y organizaciones relacionadas con la conservación.
Entre las razones de para anular la decisión sobresale que el índice de flora y fauna nunca se consultó a la Comisión de Coordinación Científico Técnica de Incopesca. Las declaraciones las brindaron los jerarcas del MAG y Minae; el presidente de Incopesca no participó como vocería en el tema.
“Se acordó dejar sin efecto este acuerdo, dado que desde MAG, Minae, Micitt y Comex, se consideró que se deben apegar a lo que dicta la Ley y por lo tanto la necesidad de llevar a cabo un periodo adicional de consultas entre otros, como la Comisión de Coordinación Técnica Científica”, advirtió un comunicado de prensa del Minae.
El mensaje de prensa agrega que cualquier actualización de una lista debe incorporar los intereses de los diversos actores.
La sesión de Junta Directiva de Incopesca revirtió su decisión inicial luego de que entidades técnicas y de ambiente negaran haber sido consultadas para elaborar el polémico listado, como lo aseguró el Instituto.
Es el caso de la Universidad de Costa Rica (UCR), el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), la Universidad Estatal a Distancia (UNED), la Universidad Nacional (UNA) y el Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec).
