El gobierno se opone al proyecto de ley de varios diputados liberacionistas que plantea perdonar todos los marchamos que tengan atrasados los contribuyentes, bajo la condición de que paguen el derecho de circulación del 2025 antes del 1.º de enero de ese año.
Se trata del expediente 24.572, impulsado por Danny Vargas, del Partido Liberación Nacional (PLN), y otros verdiblancos, que repite exactamente la misma norma que otras dos leyes anteriores, una del exdiputado socialcristiano Erwen Masís y otra del 2023, promovida por 14 liberacionistas, con el objetivo de recaudar por lo menos el marchamo venidero, aunque se pierdan los anteriores.
Vargas presentó la iniciativa el 16 de setiembre y el PLN solicitó, en la reunión de las jefaturas de fracción del Congreso, el apoyo para dispensar de los trámites parlamentarios el proyecto, con tiempo, para que esté vigente al momento en que empiece el cobro del marchamo, el 1.º de noviembre.
Sin embargo, ya desde el jueves 19 de setiembre, la jefa del partido de gobierno, Pilar Cisneros, anunció su oposición y dijo que pediría criterio al Ministerio de Hacienda, para demostrar que se trata de una iniciativa que le asesta un golpe a las finanzas públicas.
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Cisneros reiteró la oposición absoluta del oficialismo a la iniciativa en la reunión de jefaturas legislativas del jueves pasado, y afirmó que ya tenía el criterio del ministro de Hacienda, Nogui Acosta, y adujo que el plan causaría un perjuicio de ¢1.900 millones.
Aunque se le solicitó a la diputada que aportara documentos que respaldaran su afirmación, respondió a La Nación que iba a pedirlos, pero nunca proporcionó ninguna información.
Este viernes, Nogui Acosta respondió que el criterio no está listo, sino en preparación y apuntó que los ¢1.900 millones son dineros que se recaudaron en el 2024 por marchamos atrasados.
Según Acosta, la pérdida por perdonar marchamos atrasados sería, solo en el impuesto a la propiedad de los vehículos, de ¢13.000 millones.
“El problema es que estamos creando un precedente realmente nefasto y es que hay un incentivo para no pagar, porque se va a aprobar una condonación. O sea, se castiga a los buenos pagadores y se premia a los malos apagadores, además de que no hay consecuencias para el que no paga”, indicó el jerarca hacendario.
Aunque el jueves cuatro jefaturas estuvieron de acuerdo en que se votara la moción para dispensar la iniciativa de los trámites legislativos, mientras que el oficialismo y Nueva República se oponían, finalmente la moción no se puso a votación en la sesión del plenario.
De hecho, aunque la jefa de la Unidad, María Marta Carballo, había avalado que se votara la moción, no aseguró que su bancada la fuera a votar de manera afirmativa. De hecho, tal como explicaron los legisladores, no había votos suficientes para aprobar la dispensa.
Liberación cuestiona el argumento del gobierno, en el sentido de que es mejor lograr el cobro del marchamo 2025, que perder una deuda que no se prevé los contribuyentes vayan realmente a pagar, si se mantiene.
Adicionalmente, el criterio del PLN es que, generalmente son las personas de bajos recursos, de clase trabajadora, quienes caen en este tipo de deudas por situaciones de sus vehículos y luego es difícil que las afronten, si no hay una ayuda estatal.