La norma legal establece un requisito para acceder a la condonación de los marchamos adeudados.

Aseguradora estatal alega deterioro financiero por perdón del seguro obligatorio de vehículos.

Oficialismo pide a la posición una propuesta para cubrir el faltante de ¢30.000 millones que ocasionaría la medida en el erario, mientras el plazo para aprobar el proyecto está cerca de expirar.