El diputado Leslye Bojorges pidió al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) un criterio sobre la solicitud que hizo el candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Juan Carlos Hidalgo, para que sea expulsado de la fracción legislativa socialcristiana.
Bojorges alegó una supuesta vulneración a sus derechos, pues, por decisión mayoritaria (6 de 9), la bancada del PUSC decidió acoger la solicitud del presidenciable y le requirió a él que se declarara independiente. Acuerdo que él rechazó.
El legislador planteó ante el TSE, el 5 de setiembre, una solicitud de “opinión consultiva, criterio y jurisprudencia aplicable”, sobre su propio caso.
No obstante, los magistrados rechazaron de plano la gestión, porque el artículo 12 inciso d) del Código Electoral reserva la competencia para plantear consultas, a jerarcas de los entes públicos que tengan un interés legítimo en la materia electoral.
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“Esa legitimación, tratándose de la Asamblea Legislativa, se encuentra reservada al Directorio del citado poder de la República", indica la resolución del 9 de setiembre del TSE.
Igualmente, los magistrados señalaron que el asesoramiento pretendido por Bojorges resulta “improcedente”, porque “además de no representar al Directorio Legislativo, en su gestión plantea un caso concreto, al punto de indicar el cuadro fáctico y el nombre y cargo del servidor cuyas conductas se pide valorar”.
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Los jueces electorales advirtieron que un eventual pronunciamiento sobre los hechos alegados, “podría configurar un adelanto de criterio”, si en el futuro se presentase un recurso de amparo electoral.
“De esa suerte, el planteamiento del interesado excede los presupuestos que rigen la opinión consultiva: esta es admisible únicamente si la interrogante versa sobre aspectos planteados en abstracto”, explicaron.
¿Qué preguntó Bojorges?
El diputado consultó a los magistrados si la fracción legislativa del PUSC podía, por solicitud del candidato presidencial de esa agrupación, proceder con la expulsión de un diputado de la misma bancada.
Igualmente, preguntó sobre la potestad de una fracción para expulsar o separar, a uno de sus integrantes, “sin un debido proceso y sin que exista una causa justificada, más que por un acuerdo de mayoría”.
Finalmente, planteó la interrogante sobre si la decisión de mantener o separarse de una bancada parlamentaria constituye una potestad personalísima del diputado electo o una potestad de la fracción.
Bojorges presentó la gestión, luego de que Juan Carlos Hidalgo hiciera pública su solicitud al resto de diputados del PUSC, para que se le separara de la representación socialcristiana en el Congreso.
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Según narró Bojorges en su nota al TSE, ese requerimiento le fue notificado por el jefe de la bancada, el diputado Alejandro Pacheco, mediante el oficio AL-FPUSC-0020-2025. Relató que esa petición fue “acogida y aprobada por 6 votos de la fracción”.
“Así las cosas, se informó y solicitó, por parte de la fracción, que me declarara independiente, solicitud que mi persona rechazó y por ende, decidí mantenerme como diputado en ejercicio de todos mis deberes y derechos de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana”, manifestó.
Igualmente, argumentó que no existe proceso administrativo en su contra, ni en el Tribunal de Ética del PUSC, ni en el TSE o ante la Asamblea Legislativa.
Investigación por presunta corrupción
Ese mismo día, el 2 de setiembre, Bojorges convocó a una conferencia de prensa en la que confirmó que no se haría a un lado. Al contrario, solició a Alejandro Pacheco dejar sin efecto la carta del 27 de enero en la que se había separado “voluntaria y temporalmente” de la fracción, por una investigación judicial que se sigue en su contra por presunta corrupción, conocida como caso Richter.
La Fiscalía General de la República investiga al diputado de la Unidad por presuntamente haber solicitado dádivas a un empresario vinculado a un caso de falsedad ideológica y legitimación de capitales. A Bojorges también se le investiga por presunto tráfico de influencias.
Aunque el diputado alajuelense, educador de profesión, había solicitado separarse de la Unidad, en realidad participaba de algunas reuniones y votaciones con la fracción; de hecho, en momentos específicos, la anterior jefatura lo llamaba para desempatar votaciones internas del PUSC, como cuando la Unidad decidió no apoyar la aspiración de Vanessa Castro a la presidencia del Congreso.
El caso Richter se originó en otra investigación judicial, conocida como Caso Madre Patria, en el que se siguió la pista de una organización presuntamente dedicada a obtener propiedades mediante fraudes registrales e invertir las ganancias en transporte público, criptomonedas y autos de lujo.
De las escuchas de ese caso se obtuvo que había una vinculación entre un empresario autobusero y el diputado, lo que permitió al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detectar una comunicación en la que Bojorges le habría solicitado al sospechoso Jonathan Herrera entregarle dinero a la entonces candidata a alcaldesa de San Ramón, Gabriela Jiménez Corrales, para su campaña.