Juan Carlos Hidalgo, candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), solicitó expulsar al diputado Leslye Bojorges de la fracción legislativa socialcristiana, tras una reunión celebrada este lunes con los congresistas rojiazules.
El presidenciable sustentó la petitoria en los “múltiples cuestionamientos legales y éticos que pesan sobre el congresista”, en particular por el vínculo con el Caso Richter, de acuerdo con un comunicado de prensa.
Bojorges está bajo investigación de la Fiscalía General de la República por el aparente recibimiento de dádivas de parte de un empresario vinculado con una compañía autobusera. Además, se lo indaga por un supuesto tráfico de influencias.
Por este caso, Bojorges renunció a sus aspiraciones como precandidato presidencial del PUSC, lo que dejó a Hidalgo sin contendor.
En enero, luego que se diera a conocer el caso en su contra, Bojorges afirmó que se separaría temporalmente de la bancada socialcristiana, no obstante, participó en las conversaciones internas de la bancada, previo a la sesión 1.º de mayo, para definir los apoyos de cara a la elección del Directorio del Congreso.
Hidalgo alegó que la solicitud es consonante con los principios establecidos en el compromiso ético para las candidaturas a diputados, que fue suscrito por todas las personas que aspiran a pelear por una curul en las elecciones del 2026.
El documento fue firmado por los postulantes durante la Asamblea Nacional del partido, celebrada el domingo 31 de agosto, y establece una serie de reglas de conducta y mecanismos de rendición de cuentas.
Caso Richter
La investigación contra Bojorges se derivó de las escuchas telefónicas de otro expediente denominado Caso Madre Patria, que condujo a la desarticulación de una banda presuntamente dedicada a obtener propiedades mediante fraudes registrales y a invertir las ganancias en transporte público, criptomonedas y autos de lujo.
En sus pesquisas, la Policía Judicial concluyó que Bojorges le haría solicitado al autobusero Jonathan Herrera dinero a favor de la actual alcaldesa de San Ramón, Gabriela Jiménez, antes de las elecciones municipales del 2024.
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En el informe, remitido a principios de diciembre del 2024 al fiscal general, Carlo Díaz, el Organismo determinó que había una tendencia del legislador socialcristiano a utilizar esa investidura para solicitar favores.
En el Caso Richter, además de Bojorges, están implicados Carlos Ávila, viceministro de Transportes; Gabriela Jiménez Corrales, alcaldesa de San Ramón (renunció al PUSC); Marlen Luna Alfaro, exdirectora de Migración y actual presidenta ejecutiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM); y Lourdes Sáurez Barboza, presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)