El legislador alajuelense dijo que tomó la decisión ante los hechos expuestos por medios de comunicación en los últimos días y con la “certeza absoluta” de que demostrará su inocencia en el proceso judicial.
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Agregó que se separa de la subjefatura y la fracción del PUSC para no entorpecer el trabajo del resto de diputados socialcristianos, mientras se esclarecen los asuntos.
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¿Qué es el Caso Richter y por qué Bojorges está siendo investigado?
En el Caso Richter, la Fiscalía General investiga a cinco altos funcionarios públicos por presunto tráfico de influencias.
En el caso de Bojorges, se indaga una aparente solicitud del legislador a un autobusero sospechoso de lavado de dinero, para que le otorgara una “ayudita” a la entonces candidata y actual alcaldesa de San Ramón, Gabriela Jiménez, también del PUSC.
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La indagación se derivó de las escuchas telefónicas de otro expediente denominado Caso Madre Patria, la cual condujo a la desarticulación de una banda presuntamente dedicada a obtener propiedades mediante fraudes registrales y a invertir las ganancias en transporte público, criptomonedas y autos de lujo.
En el Caso Richter, además de Bojorges, están implicados Carlos Ávila, viceministro de Transportes; Gabriela Jiménez Corrales, alcaldesa de San Ramón (PUSC); Marlen Luna Alfaro, exdirectora de Migración y actual presidenta ejecutiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM); y Lourdes Sáurez Barboza, directora de la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) del Ministerio de Educación Pública (MEP).
Gracias a las escuchas telefónicas, el OIJ descubrió que Bojorges se puso en contacto con el autobusero Jonathan Herrera González para solicitarle un “favor”. Según la pesquisa, el empresario hizo la petición después de hacer gestiones con el viceministro de Transportes, Carlos Ávila, para que los empresarios no perdieran su ruta de autobús.
Bojorges indicó que se comunicó varias veces con Ávila para plantearle el caso y dar seguimiento al mismo, y aseguró que el viceministro se comprometió a no interrumpir el servicio.
Según un análisis policial de llamadas realizadas el 2 y el 3 de noviembre del 2023, la alcaldesa Gabriela Jiménez posteriormente acudió a recoger dinero en efectivo al plantel de buses en Barrio San José de Alajuela.
La organización del Caso Madre Patria original contaba con 34 personas dedicadas a apoderarse de propiedades. Además, el grupo habría recibido la colaboración de cinco oficiales de policía de Tránsito, un funcionario del Consejo de Transporte Público (CTP) y cuatro empleados judiciales.
