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El proyecto de armonización eléctrica está condenado a la tumba, si el Partido Pueblo Soberano (PPSO) no logra sumar ocho votos de los partidos de la oposición para su aprobación en segundo debate, trámite fijado para el próximo lunes 1.º de junio, en el plenario de la Asamblea Legislativa.
Por ahora, la presidenta de la República, Laura Fernández, le puso una pausa al trámite de la reforma al sistema eléctrico nacional, al retirarlo de la agenda de sesiones extraordinarias del Congreso.
Fernández anunció la medida este miércoles mientras lanzaba fuertes críticas a los partidos que se oponen al plan, aunque no abrió la puerta a una negociación previa que pudo haber allanado el camino de la iniciativa.
De las cuatro fracciones del autodenominado Bloque Democrático, tres están opuestas al proyecto de ley y así lo dejaron ver el martes, en el primer debate. Mientras, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) simpatiza con la iniciativa, aunque tiene sus propias observaciones sobre los riesgos y cambios necesarios.
La principal coincidencia entre el Partido Liberación Nacional (PLN), el Frente Amplio (FA) y la Coalición Agenda Ciudadana (CAC) es que consideran positivo el hecho de que se haya puesto sobre el tapete la discusión sobre la seguridad energética del país y la urgente necesidad de modernizar las instituciones del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
Sin embargo, las objeciones que tiene este bloque integrado por 25 diputados sobre la actual redacción del expediente 23.414, sumadas a las reservas del PUSC, no le auguran un buen futuro de cara al trámite en segundo debate, donde se requieren 38 votos para aprobarlo.
Errores y mezcla de funciones, señala el PLN
Liberación Nacional destaca que la propuesta actual tiene como un punto muy bueno el hecho de que las cooperativas y las empresas públicas municipales puedan importar y exportar energía.
También destaca el hecho de que abra la discusión sobre la seguridad energética, dando participación al sector privado para generar y mantener la cantidad de electricidad que necesita al país.
Aun así, el PLN sostiene que existe una importante cantidad de errores en la iniciativa.
El diputado verdiblanco Salvador Padilla puntualizó que no se entienden los términos ni hay armonía entre artículos, incluso con yerros de técnica legislativa, así como en el diseño de la gobernanza institucional
“El Ministerio de Ambiente asumiría funciones que no le corresponden a un ente rector, pues debería únicamente tirar grandes líneas estratégicas y diseñar políticas públicas, no dar órdenes a los actores del sistema eléctrico”, comentó Padilla.
Además, cuestionó que se confundan las funciones de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) con las de una nueva institución que se propone crear: el Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (Ecosen). Sostuvo que lo anterior haría de esa gobernanza “un desastre”.
Para Padilla, al proyecto le faltan reformas para proteger, soltar amarras y dar facilidades a los actores del sistema eléctrico, como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), las cooperativas y las empresas públicas municipales, porque “con esta ley, quedarían en desventaja”.
Frente Amplio: ‘No encontramos nada positivo’
Si bien en el FA reconocen como positivo que se abra la discusión sobre la electricidad para la gente, así como la importancia de modernizar a las instituciones, dicha agrupación encuentra nada rescatable en la propuesta de ley del gobierno.
Por el contrario, la lista de elementos negativos que ven en el proyecto es muy amplia. Sigrid Segura, diputada alajuelense del FA, señaló el riesgo de un aumento “supergrosero” en la tarifa, debido a que la iniciativa del gobierno recarga en los costarricenses la creación de una nueva institución y la eliminación del costo variable.
“Eso es perder un modelo solidario que ha beneficiado muchísimo a las familias, hospitales, escuelas, a las personas trabajadoras y es sumamente lamentable”, aseveró.
Por otra parte, Segura sostuvo que el país tiene que garantizar una demanda energética importante y que existe una contradicción entre lo que plantea el ICE sobre su capacidad y lo que propone el proyecto.
Es complicado que la iniciativa de ley tenga en algún momento el apoyo del FA, destacó la diputada, más cuando el oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) no generó un espacio de conversación ni diálogo para analizar eventuales cambios que impidan el archivo del expediente.
“No tuvimos ese chance de verlo con ellos, pero estamos obviamente dispuestos. Una de las cuestiones que queremos plantear es ver cómo logramos solventar la demanda energética que vamos a tener a futuro, a corto, mediano y largo plazo, con una nueva propuesta. Es algo que estamos valorando”, indicó Segura.
Modelo solidario y universal en riesgo
Claudia Dobles, diputada de la CAC, señaló cinco problemas específicos del proyecto. El primero de ellos sería un eventual aumento de tarifas para familias y pymes.
Además, apuntó una falta de garantía en el proyecto para la universalidad de la luz. Sostuvo que el modelo solidario entra en riesgo al dejar de ser rentable para algunos operadores privados dar el servicio en comunidades rurales, costeras y fronterizas, a lo que sí está obligado el ICE.
Sostuvo que será imposible, en la era digital, generar oportunidades de emprendimientos en esas comunidades sin el sistema solidario que asegura energía.
El cuarto punto negativo, para Dobles, es la generación de más burocracia con la creación del Ecosen, sin claridad sobre su costo y quién lo pagará. Y en quinto lugar, consideró que el texto provocaría un debilitamiento del ICE, pero manteniendo su obligación de absorber los riesgos por los problemas en el sistema eléctrico.
Dobles manifestó que tampoco es posible decir que le falten una o dos reformas al proyecto, porque es una cuestión de concepto. Para ella, el expediente no tiene el norte que en su partido consideran adecuado.
Incluso Abril Gordienko, diputada del PUSC y quien defiende la apertura del mercado eléctrico, reconoce riesgos en el proyecto como los señalados por el PLN sobre la gobernanza del Ecosen y los eventuales conflictos de interés que tenga, como “juez y parte”.
La socialcristiana dijo que le gustaría fortalecer la regulación del mercado eléctrico y garantizar condiciones tarifarias estables para todos los usuarios.
“Propondríamos modificaciones sin alterar el espíritu de apertura del proyecto”, aseveró.
‘Nada se le puede mejorar’, dice Laura Fernández
Frente a una oposición con una pila de cuestionamientos al proyecto, la presidenta Laura Fernández adujo que ella no le ve nada de fondo que se le pueda mejorar y acusó a Liberación de oponerse sin motivos.
Fernández adujo que retiró el proyecto de la agenda legislativa para “darle un espacio de reflexión” a la oposición, y aseguró que estaba dispuesta a escuchar eventuales propuestas de modificación.
Un eventual diálogo sobre el plan estaría a cargo del ministro de la Presidencia y Hacienda, Rodrigo Chaves.
