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El proyecto de ley de armonización eléctrica se aprobó este martes en primer debate, con el respaldo de 27 diputados, todos integrantes de la bancada del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO).
De acuerdo con un criterio del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, el proyecto de armonización eléctrica requiere de 38 votos para convertirse en ley de la República. No obstante, la regla general es que las iniciativas se aprueban por mayoría absoluta de los votos presentes, tanto en primer como en segundo debate.
En los proyectos que exigen mayoría calificada —38 votos, como el de armonización eléctrica o las reformas constitucionales—, ese umbral solo se aplica en la votación final, es decir, en segundo debate.
No votó la propuesta la diputada Abril Gordienko, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), pese a que manifestó estar a favor del proyecto. La rojiazul alegó que salió del plenario momentáneamente, después de revisar que en el uso de la palabra había tres personas anotadas y en fila.
“Entiendo que hay una cortesía, como que dan unos minutos si uno está en el baño, y me parece que no se dio”, argumentó.
La iniciativa, presentada por el gobierno de Rodrigo Chaves, enfrenta la oposición de las fracciones de los partidos Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA) y la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), por lo que no alcanzaría los siete votos adicionales que necesita para el segundo debate.
La jornada de discusión del expediente legislativo se extendió hasta las 9:44 p. m., luego que Yara Jiménez decidiera extender la sesión hasta que se sometiera a votación la propuesta.
Posiciones contrarias
El proyecto ha profundizado las diferencias en el Congreso. La oposición sostiene que la apertura del mercado eléctrico podría derivar en tarifas más altas y en un sistema menos estable, al tiempo que supondría una debilitación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
La diputada Claudia Dobles, de la bancada unipersonal de la CAC, indicó que Costa Rica ha tratado históricamente la electricidad como un bien público o un servicio esencial regulado, en lugar de verlo como una mercancia que se somete a la lógica del mercado.
“No es el objetivo del mercado, en su naturaleza, garantizar el concepto de universalidad (...) ṕara poder llevar electricidad, ahí donde más se necesita, a zonas rurales, a territorios indígenas, comunidades costeras o en regiones alejadas, donde es difícil llevar infraestructura, muchas veces no es rentable”, advirtió la legisladora.
Por su parte, el jefe de la fracción del FA, José María Villalta, cuestionó que el gobierno de Rodrigo Chaves argumentara que bajo su administración el ICE estaba “volando”, pero que al mismo tiempo impulsara una reforma que le restaría protagonismo a la empresa pública.
“Los cambios que se quieren implementar tendrían que ser para bien, para mejorar el sistema, no para joderlo, empeorarlo o encarecerlo. Ese es el debate que tenemos que tener aquí, porque los indicadores son claros, el ICE ha logrado un modelo de cobertura que abarca el 99,4% del territorio nacional”, declaró el frenteamplista.
El oficialismo, en contraste, presenta la iniciativa como una reforma orientada a modernizar el sector y mejorar su eficiencia. Además, recalca que el Estado seguirá ejerciendo la regulación y descarta que se trate de una privatización o que se pretanda afectar al ICE.
“El país no está discutiendo si destruye su sistema eléctrico, el país y este plenario está discutiendo si lo moderniza, para que pueda responder a los retos del futuro”, manifestó Gonzalo Ramírez, diputado del PPSO.
Por su parte, la también oficialista Nayuribe Guadamuz argumentó que la postura de la oposición parecía hacer referencia a un “expediente imaginario”, ya que, en su criterio, los alegatos no corresponden con lo propuesto en el texto.
“Aquí lo que se propone es lo que tienen los sistemas eléctricos modernos, planificación técnica, transparencia, competencia regulada y supervisión estatal. Pero pareciera que para algunos sectores políticos modernizar Costa Rica automáticamente significa traicionar al país”, externó la legisladora.
¿Qué propone el proyecto?
El proyecto, titulado Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, propone transformar el esquema centralizado que rige actualmente en el país. Bajo el nuevo esquema propuesto en la reforma, el ICE dejaría de ser el comprador único y el administrador del mercado eléctrico.
En su lugar, se plantea la creación de un mercado mayorista competitivo por precio, en el que distintos actores puedan participar en la compra y venta de energía y potencia.
Actualmente, el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) opera bajo un modelo centralizado en torno al ICE, que funge como planificador, principal desarrollador de plantas de generación y dueño exclusivo de la red de transmisión.
En este esquema participan generadores privados, empresas públicas eléctricas y cooperativas de electrificación rural, pero bajo un marco jurídico que limita su participación.
Bajo las reglas actuales, los actores privados no pueden competir en un mercado abierto ni vender directamente a compradores, sino que deben colocar su producción al ICE mediante contratos de compra-venta de largo plazo administrados por la institución.
La propuesta busca modificar este modelo mediante la creación de un mercado mayorista, donde se puedan transar directamente bloques de energía y potencia. Además, plantea la creación del Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (Ecosen), una nueva entidad pública autónoma que operaría tanto el sistema eléctrico como el mercado.
Ecosen gestionaría la red mediante un esquema de despacho económico —es decir, priorizando la energía de menor costo— e incorporaría al sistema, en tiempo real, las ofertas más baratas disponibles.
