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La Sala Constitucional opera desde hace cinco meses y medio sin los 12 magistrados suplentes que, por ley, requiere el tribunal para sustituir cualquier ausencia o inhabilitación de alguno de sus siete miembros propietarios.
Esta situación ya genera repercusiones en el funcionamiento de la Sala. Al 27 de mayo, se contabilizaban 86 expedientes que no han podido ser conocidos debido a que uno o más magistrados propietarios se han inhibido de participar en su trámite. De estos, el 79% corresponde a recursos de amparo.
Las sentencias y los autos, como las respuestas a las consultas facultativas que plantea la Asamblea Legislativa, deben ser votados por la integración completa del pleno, es decir, los siete magistrados, según lo establece la Ley de Jurisdicción Constitucional.
Sin embargo, los magistrados están obligados a inhibirse de conocer un asunto (es decir, apartarse de estudiarlo y votarlo) cuando, por ejemplo, tienen una relación directa con el caso, han emitido un criterio previo, si pudieran verse beneficiados o perjudicados con la resolución, o si mantienen un vínculo de parentesco con alguna de las partes.
Esta situación podría empeorar en cualquier momento, llevando a un cierre técnico de la Sala, si alguno de los magistrados tiene algún quebranto de salud u otra situación imprevista por la que deba ausentarse de sus labores. Una situación menos hipotética podría ocurrir a partir del 31 de octubre próximo, cuando venza el nombramiento de Jorge Araya García, magistrado propietario de ese tribunal.
Araya se reelegiría de forma automática salvo que 38 diputados voten en contra. Si esto último ocurriese, se tendría que iniciar todo un proceso para elegir a su sustituto, dejando a la Sala sin los siete magistrados que requiere para resolver.
Congreso está estancado
La Asamblea Legislativa es la encargada de elegir a los suplentes a partir de una lista de candidatos enviada por la Corte Suprema de Justicia. Para el proceso que está en trámite en el Congreso, son nueve los magistrados suplentes que se deben elegir, entre 18 candidatos.
Tras nueve rondas de votación, la posibilidad de un acuerdo luce cada vez más lejana. El oficialismo, que en el periodo anterior obstaculizó el proceso al salirse del plenario, ha optado en la actual Asamblea por votar en blanco y solicitar a la Corte el envío de una nueva nómina de candidatos.
Los oficialistas cuentan con 31 diputados, mientras que las cuatro fracciones de oposición suman 26 en total, lo que hace necesario un acuerdo para llegar al umbral de los 38 votos. Bajo este complejo panorama, estas son algunas de las rutas que podría tomar el Congreso para salir del estancamiento actual:
1. Empezar de cero
Nogui Acosta, vocero del Partido Pueblo Soberano (PPSO), fue directo el pasado jueves, durante la reunión de jefes de fracción, al señalar que, a criterio de su bancada, dentro de la lista de 18 candidatos “no hay nadie que nosotros consideremos que puede ser elegido”.
“Al único que conozco en esa lista es a Fernando Lara, porque fuimos compañeros en esta Asamblea Legislativa en 1994, cuando él era asesor del diputado José Antonio Lobo. A todos los demás no los conozco, y tengo 30 compañeros que tampoco los conocen”, argumentó Acosta.
Ante ese escenario, el oficialista abogó porque la Asamblea Legislativa comunique al Poder Judicial la falta de acuerdo, para que se proceda a conformar una nueva nómina de candidatos.
No obstante, esta es la ruta que las cuatro fracciones de oposición quieren evitar por cualquier medio posible, por el temor de que pueda llevar hasta un año hasta que se elijan los nuevos magistrados suplentes.
Iniciar un nuevo proceso de selección implica efectuar un nueva convocatoria, recibir las postulaciones, revisar los atestados y antecedentes. Además, los postulantes deben participar en una entrevista realizada por, al menos, tres magistrados titulares de la Sala.
Posteriormente, se formula una recomendación al pleno de la Sala, la cual, conforme a criterios de idoneidad y equidad paritaria, eleva la nómina a la Corte Suprema de Justicia, instancia que, a su vez, la remite a la Asamblea Legislativa para la decisión final.
¿Podría enviarse la misma lista? Si bien la Sala Constitucional expresó a La Nación que en caso de rechazo de la nómina lo procedente sería iniciar un nuevo proceso de selección, hay antecedentes de otros tribunales que ante situaciones similares se han negado a formular una nueva lista.
En 2011, el Congreso vetó a los 20 candidatos a magistrados suplentes de la Sala III que envió la Corte; debían elegirse diez personas. Sin embargo, se volvieron a remitir los mismos nombres.
La posición oficial del Congreso para rechazar la nómina era que el listado no respetaba el principio constitucional de igualdad de género (había cuatro mujeres y 16 hombres), pero también pesaron las dudas sobre eventuales intereses políticos de algunos de los aspirantes.
Según reportó La Nación en aquel momento, uno de los que sostuvo esa tesis era el entonces diputado José María Villalta, del Frente Amplio (FA), quien ocupa una curul en el actual periodo legislativo.
2. Regresar el proceso a comisión
Como contrapropuesta a la solicitud de Acosta, las fracciones de oposición pusieron sobre la mesa la posibilidad de regresar el expediente a la Comisión de Nombramientos del Congreso.
La idea con esto es que ese órgano pueda volver a efectuar las entrevistas a los candidatos y que nuevamente se estudien sus atestados, para darles oportunidad a los oficialistas de que se familiaricen con los postulantes, en vista de que su principal alegato es que deconocen a estas personas.
Las bancadas del Partido Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA), Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y Coalición Agenda Ciudadana (CAC), abogan porque al menos se logre la elección de cuatro magistrados suplentes, para dar algún margen de acción a la Sala Constitucional.
3. Dos semanas para el oficialismo
La otra posibilidad que plantearon las jefaturas de oposición es darle dos semanas a los diputados del PPSO para que, por su cuenta, estudien los perfiles de los 18 candidatos y revisen los videos con las entrevistas que la Comisión de Nombramientos del periodo anterior les hizo.
No obstante, algunos legisladores externaron dudas sobre la validez de este argumento. Abril Gordienko, del PUSC, indicó que así como han tenido que votar proyectos de ley que no redactaron, que no vieron en comisión y en los que no tuvieron incidencia, ahora se tendría que hacer lo mismo con los magistrados suplentes.
El verdiblando Álvaro Ramírez defendió la posibilidad de dar tiempo al oficialismo para que estudie la información disponible sobre los aspirantes. No obstante, advirtió de que “conocer a las personas no es la forma de elegir magistrados”.
“No es que vamos a tener un convivio con los candidatos para ver quién nos cae bien. Es un proceso de evaluación objetiva sobre la base de sus atestados, experiencia y desempeño en las entrevistas”, agregó.
4. El nuevo concurso que está en proceso
Otro de los escenarios a tomar en consideración, y que puede ganar mayor relevancia si se decide empezar de cero con la elección de las primeras nueve plazas suplentes, sería esperar a que ingrese la nómina para las otras tres vacantes que hacían falta.
Dicho concurso se abrió el 30 de marzo y cerró el 14 de abril; participaron 36 personas en total. Está pendiente que se complete el trámite interno del Poder Judicial, para que la nómina finalmente se defina y sea enviada a los diputados: No hay una fecha específica para cumplir el proceso.
No obstante, la elección de esos tres magistrados podría oxigenar la Sala Constitucional.
¿Cuándo se tomará una decisión?
La decisión final sobre qué pasará con las candidaturas se tomaría el próximo jueves, en la reunión semanal de jefes de fracción, o en una sesión extraordinaria que la presidenta legislativa, Yara Jiménez, podría convocar en una fecha previa.
Así lo indicó Jiménez al cierre de la sesión del jueves 28 de mayo, luego que se discutieran las distintas alternativas, antes expuestas.
