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La embajadora de Estados Unidos, Melinda Hildebrand, se reunió este miércoles, al mediodía, con los jefes de las fracciones legislativas entrantes y con Yara Jiménez, candidata a presidenta de la Asamblea Legislativa, en un hotel capitalino, en medio de la polémica por la firma entre Costa Rica y ese país para recibir hasta 25 personas deportadas por Donald Trump, cada semana.
En la cita, la embajadora estadounidense planteó las intenciones del gobierno norteamericano sobre seguridad, tanto en vinculación con Costa Rica como para la región. De igual forma, los voceros de las nuevas fracciones plantearon sus prioridades para el trabajo legislativo, a partir de mayo.
La Embajada de Estados Unidos planteó el encuentro como reservado y pidió a los futuros congresistas manejarlo con bajo perfil.
El jefe designado de la fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Nogui Acosta, confirmó que la cita se daría durante un almuerzo con Hildebrand.
Acosta corroboró este martes la existencia del encuentro, pese a que, en un primer momento, consultado por La Nación el domingo, había asegurado que no tenía reunión con la diplomática estadounidense.
La nueva congresista del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Abril Gordienko, confirmó que ella también fue invitada, pero aseguró que, de previo, no le hablaron de la agenda de la cita con la embajadora norteamericana.
También confirmó el encuentro el jefe designado del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramírez, quien señaló que la conversación con Hildebrand fue en un hotel.
José María Villalta, jefe designado del Frente Amplio (FA), también fue invitado al encuentro, pero se excusó de participar, pues ya tenía la agenda comprometida para este miércoles.
“Le expresé (a la embajadora) la disposición de la nueva fracción legislativa del Frente Amplio de conversar una vez que hayamos asumido el cargo en la Asamblea Legislativa, a partir del 1.º de mayo”, detalló Villalta a este medio.
La reunión se da a poco más de un mes de que los nuevos congresistas inicien funciones y en medio de cuestionamientos políticos hacia el gobierno, por el acuerdo que firmó el presidente, Rodrigo Chaves, con la enviada especial de Donald Trump para el Escudo de las Américas, Kristi Noem, el lunes.
Ese acuerdo permitiría al gobierno estadounidense deportar hasta 25 personas por semana a Costa Rica. Según voceros del Poder Ejecutivo, la decisión final de aceptar o rechazar a esas personas deportadas sería tomada por el país, de acuerdo con los antecedentes penales que tenga, o la nacionalidad que tengan.
Este martes, la ministra de la Presidencia y presidenta electa, Laura Fernández, defendió dicho acuerdo y destacó que Estados Unidos es “nuestro socio confiable”, de quien se espera recibir, pero también dar.
Las reuniones de la Embajada de Estados Unidos con diputados del actual periodo han sido polémicas, por varios motivos.
Primero, porque desde febrero de 2025 se empezó a dar el retiro de las visas para viajar a ese país a diputados críticos del presidente Rodrigo Chaves, lo que ha sido cuestionado como una utilización de la delegación estadounidense para persecución política.
Entre los diputados críticos de Chaves a los que se les retiró la visa están las independientes Johana Obando y Cynthia Córdoba, la socialcristiana Vanessa Castro, el presidente legislativo, Rodrigo Arias, y el liberacionista Francisco Nicolás.
Además, en una cita que tuvieron representantes de esa delegación con la fracción del PUSC, en diciembre, les preguntaron a los diputados sobre el levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves, que se discutía en ese momento en el Congreso.
Se le consultó a Claudia Dobles, diputada de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), sobre la reunión con la embajadora Hildebrand, pero no respondió.
