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La Asamblea Legislativa eligió este jueves a un nuevo magistrado del máximo tribunal penal de Costa Rica: la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Se trata de Rafael Segura Bonilla.
Segura es un abogado de 57 años. Es máster en Ciencias Penales por la Universidad de Costa Rica (UCR) y máster en Administración de Justicia con énfasis en Derecho Penal de la Universidad Nacional (UNA). Desde el 2017, es magistrado suplente de la Sala Tercera y presidente del Consejo de Administración del Segundo Circuito Judicial de San José, con sede en Goicoechea.
Además, fue juez en los Tribunales de Desamparados, Pavas, Goicoechea, San José y Heredia, además de coordinador del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil.
Durante la tarde, en el plenario legislativo, se realizaron dos rondas de votación para llenar la vacante que dejó Jesús Ramírez por jubilación.
En esas dos primeras elecciones, Rafael Segura Bonilla obtuvo 37 votos, mientras Gustavo Jiménez Madrigal recibió un voto, el del diputado Daniel Vargas, de Progreso Social Democrático (PPSD). Ninguno alcanzó la mayoría de 38 votos necesaria para ser electo.
El presidente legislativo Rodrigo Arias declaró un receso de 20 minutos, que incluso se alargó más por una ruptura de cuórum. Tras reanudar la sesión, el congresista Daniel Vargas se opuso a que se reanudaran las rondas de votación.
“La costumbre parlamentaria durante décadas es que este proceso de votación es continuo. Cuando arranca la votación se cierran puertas y no se abren hasta que la decisión se toma. Sin embargo, usted hoy hace un receso tratando de conseguir el voto que le falta. No sé si ya lo consiguió y por eso estamos reanudando. ¿Con base en qué se irrespetó la costumbre parlamentaria?“, cuestionó el oficialista.
Arias respondió que la aseveración de “ir a conseguir el voto” era solo una presunción de Vargas y, por lo tanto, no daría explicaciones.
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El oficialista le pidió obviar dicha presunción y le insistió en que explicara por qué se modificaba la costumbre parlamentaria “al antojo de quien está en la presidencia del Congreso”.
Entonces, Arias contestó: “Nada más le digo que, como usted lo dijo, es una costumbre parlamentaria. Si bien es cierto el reglamento habla de continuidad, cada votación es un acto procesal en sí mismo, y depende del criterio de la presidencia si se hace una interrupción o no”, argumentó Arias.
De inmediato, el presidente del Congreso realizó la tercera votación de la tarde, en la cual los diputados del Partido Liberal Progresista (PLP), Eliécer Feinzaig y Gilberto Campos, cambiaron su voto.
Los liberales pasaron de votar nulo en la elección anterior, a votar por Rafael Segura Bonilla. De esta forma, el candidato obtuvo la mayoría de 39 sufragios y fue electo magistrado penal.
Varios días de intentos
La elección del nuevo magistrado penal ha arrastrado polémica durante varios días. El pasado 10 de setiembre, la diputada Luz Mary Alpízar, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), anunció que se inhibía de participar en las rondas de votación para elegir al alto juez penal.
Alpízar, legisladora y presidenta del comité ejecutivo del PPSD, además de candidata presidencial de esa agrupación, se encuentra acusada penalmente por una presunta estructura paralela de financiamiento en la campaña de Rodrigo Chaves.
“Yo quería indicarles que me voy a salir del plenario en este momento, porque me voy a inhibir de esta votación para seleccionar el magistrado de Sala Tercera, dado que hay expedientes abiertos en los que tengo que responder. Ustedes saben que la Sala Tercera está viendo un levantamiento de mi inmunidad y también he considerado necesario, por transparencia y para evitar conflictos de interés, me voy a inhibir de votar”, anunció Alpízar.
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Ella figura en dicha acusación con otros tres diputados, también del PPSD, pero chavistas: Pilar Cisneros, Waldo Agüero y Paola Nájera, así como el presidente de la República, Rodrigo Chaves, y el ministro de Relaciones Exteriores, Arnoldo André.
La Fiscalía General de la República solicitó levantamiento de la inmunidad para los seis funcionarios y la apertura de un juicio. Sin embargo, el Tribunal de la Corte Plena aún no resuelve dicha solicitud.
Si la acogiera, tendría que enviar la acusación a la Asamblea Legislativa y pedirle que tome una decisión sobre el fuero de improcedibilidad, tal como está haciendo actualmente contra Chaves por otra causa penal.
